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Introducción – Constitución de Puerto Rico, Anotada y Comentada

Constitución de Puerto Rico, Anotada y Comentada, Tomo I

José Trías Monge

INTRODUCCIÓN

Cerca de cuatro décadas han transcurrido desde la aprobación de la Constitución de Puerto Rico. La jurisprudencia interpretativa de sus disposiciones es abultada. Se ha escrito bastante sobre las circunstancias históricas que la produjeron. Conviene ya recoger en un solo libro esa jurisprudencia dispersa, olvidada en parte, y señalar los artículos y monografías de mayor importancia para el estudio de nuestra estructura constitucional. Tal es el propósito de esta Constitución de Puerto Rico, Anotada y Comentada. Artículo por artículo se anota, no sólo la Constitución del Estado Libre Asociado, sino también la Ley de Bases o Ley 600de 1950 y la Ley de Relaciones Federales, la mayoría de cuyas disposiciones se remontan a 1917 y otras a 1900. Al escribir sobre “la Constitución de Puerto Rico” nos estamos refiriendo a esos tres cuerpos de ley, así como a las normas generales que rigen la conexión entre nuestro ordenamiento jurídico y las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos.

El grueso de las decisiones anotadas en este libro son sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Aunque he escrito largamente sobre esta institución en El Sistema Judicial de Puerto Rico (1978), Historia Constitucional de Puerto Rico (4 vols. 1980-83y Sociedad, Derecho y Justicia (1986), estimo conveniente hacer varias observaciones sobre ella, encaminadas especialmente a intenta entender la naturaleza, desarrollo y rumbos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ello ayudará a explicar la forma y el contenido de las sentencias que se incluyen aquí, así como la teoría de adjudicación que las anima.

La Audiencia Territorial de Puerto Rico

La institución predecesora del Tribunal Supremo de Puerto Rico fue la Audiencia Territorial. La primera Real Audiencia de Castilla se creó en 1371. De Castilla la institución pasaría a Indias, creándose la primera en Santo Domingo en 1511. Las Audiencias entendían en las apelaciones civiles y criminales. Representaban el tribunal más elevado de América en su jurisdicción. De sus fallos sólo podía acudirse en alzada al Consejo Real de Indias (luego el Supremo Tribunal de Justicia de España e Indias).

Puerto Rico no contó con Audiencia propia hasta el siglo XIX. Hasta entonces, los recursos de apelación contra los fallos emitidos en Puerto Rico tenían que instarse ante la Audiencia de Santo Domingo, de la cual fuimos parte por varios siglos (por corto tiempo estuvimos adscritos a la Audiencia Territorial de Puerto Príncipe, Cuba). El 19 de junio de 1831 el Rey autorizó finalmente la creación de una Audiencia Territorial en Puerto Rico, la que fue instalada el 23 de julio de 1832. Hasta entonces, el Gobernador de Puerto Rico era el funcionario judicial más alto del país, su primer Justicia. Creada la Audiencia, el Gobernador y Capitán General fue su Presidente por largos años, hasta 1861. Para el momento de la ocupación norteamericana Puerto Rico contaba con tres audiencias, la Territorial, con sede en San Juan y dos Audiencias de lo Criminal, una en Mayagüez y otra en Ponce.

La Audiencia Territorial se componía en 1898 de un Presidente un Presidente de Sala, cuatro Oidores o Magistrados, un Fiscal, un Teniente fiscal, un Abogado fiscal y un Secretario de Gobierno. Las salas debían integrarse con no menos de tres magistrados. Las Audiencias de lo Criminal ejercían la jurisdicción ordinaria sobre todas las causas por delitos en su circunscripción respectiva. La Audiencia Territorial resolvía en segunda instáncialos asuntos civiles de que hubieren conocido los jueces de primera instancia. También tenían jurisdicción original sobre ciertos recurso civiles y criminales, y dirimía disputas sobre competencia entre diversos foros.

En España y los territorios ultramarinos existía la carrera judicial. No existía para entonces una Escuela de la Judicatura. El acceso a los cargos de entrada era por oposición. El acceso directo a los altos cargos no era posible. Se suponía que el mérito determinase la entrada al sistema y las promociones. La realidad fue a menudo distinta. El Gobernador, ejercía vasto poder sobre la integración de la Junta calificadora de las oposiciones. El Ministro de Ultramar a su vez jugaba el papel decisivo en los ascensos. Se reconocía sin cortapisas, sin embargo, el principio de la inamovilidad de los jueces.

La Audiencia Territorial era un tribunal de casación, no un tribunal apelativo a la usanza angloamericana.1/ En los sistemas

1/ Existen muchos sistemas apelativos. La casación es el Sistema típico de los países civilistas. Véanse: L. Blon-Cooper & G. Drewry, Final Appeal, Clarendon Press, Oxford, 1972, págs. 44y ss.; H.C. Gutteridge, Comparative Law, Cambridge Univ. Press,2 ed. 1949; J.G. Wetter, The Styles Of Appellate Judicial Opinions, Leyden, A. W. Sijthoff, 1960.

de casación, el tribunal de casación no sustituye su criterio por el de primera instancia, sino que le devuelve el caso de haberse infringido algún precepto de ley. Los tribunales de primera instancia determinan los hechos. Las cortes de casación examinan únicamente, a petición de parte, las conclusiones de derecho para precisar su corrección a la luz del derecho legislado. Se trata de un sistema de derecho rogado. Únicamente se analizan los artículos del código o las disposiciones de ley que se alegan haber sido violados: La función de la corte de casación es, teóricamente, aplicar el derecho a los hechos ya determinados. Las decisiones de los tribunales no constituyen fuente de derecho, aunque existe en la realidad una forma muy atenuada de stare decisis, encarnada en la teoría de la jurisprudence constante en Francia y la “doctrina legal” en España.

Todo lo anterior influyó decisivamente en el formato y contenido de las sentencias de la Audiencia Territorial de Puerto Rico, así como sobre el concepto de su función y el papel del juez en la sociedad. Las sentencias vestían un ropaje lógico, con visos de silogismo. Primero se exponían los hechos, según determinados por el tribunal de primera instancia. Estos se vertían en una cadena de “resultandos”. Los resultandos se extraían de la sentencia bajo examen. La Audiencia no podía entender en alegación alguna al efecto que el “récord” no sostenía las determinaciones de hechos. A continuación, en los “considerandos”, se exponía el derecho y se terminaba con el fallo, que bien resolvía que la sentencia apelada era conforme a derecho o no, visto el razonamiento anterior. Las decisiones de la Audiencia y las del propio Tribunal Supremo de España no constituían precedentes que obligasen a alcanzar determinado resultado. Las sentencias no creaban derecho, aunque la expresión reiterada de la interpretación de una ley podía influir, bajo la teoría de la doctrina legal, en análisis posteriores. El uso generalizado por décadas era escribir sentencias totalmente desprovistas de citas, a excepción de los artículos de ley invocados para justificar el fallo. A pesar de que la doctrina sí era fuente de derecho, las sentencias de la Audiencia Territorial, así como las del Tribunal Supremo de España, estaban casi totalmente desprovistas de referencias a comentarista alguno. Las leyes eran supuestamente claras y, en consecuencia, las sentencias asumían forma unánime. La función de los oidores o magistrados de la Audiencia era casi ministerial: aplicar a los hechos esas leyes claras, velar por que, debido a defectos de razonamiento, se desvirtuase el recto significado de las leyes. La validez o no de las leyes no podía cuestionarse. La noción de inconstitucionalidad era para entonces inexistente. El cuerpo parlamentario -las Cortes- con el Rey eran los únicos llamados a hacer o deshacer las leyes.

Estados Unidos invadió a Puerto Rico el 25 de julio de1898. El 18 de octubre de 1898 se nombró al General John R. Brooke primer gobernador militar estadounidense de Puerto Rico. Ocho días más tarde Brooke suprimió la Audiencia Territorial y creó, por orden militar, el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La Transformación del Tribunal Supremo de Puerto Rico

El nuevo Tribunal Supremo contó inicialmente con seis Jueces Asociados y un Juez Presidente. Pocos meses después el número total de magistrados se redujo a cinco, elevándose nuevamente a siete en 1952. El Tribunal Supremo continuó siendo una corte de casación hasta el 12 de marzo de 1903, fecha en que se le convirtió en un tribunal apelativo al uso estadounidense. El proceso de americanización del Tribunal Supremo comenzó, sin embargo, desde mucho antes. Relataremos a continuación los rasgos generales del proceso, aunque parte de los materiales lamentablemente no están disponibles. Han desaparecido las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo entre el 26 de octubre de 1898, fecha de la creación del organismo, hasta el 25 de septiembre de 1899, fecha de la primera sentencia publicada en la colección Decisiones de Puerto Rico.

La composición inicial del Tribunal

En sus comienzos el nuevo Tribunal se componía de cuatro jueces educados en la tradición civilista y un juez norteamericano. La naturaleza mixta que el derecho de Puerto Rico ya comenzaba a asumir se reflejó desde el principio en la composición del Tribunal Supremo.

José Severo Quiñones fue el Juez Presidente. Los Jueces Asociados eran José Conrado Hernández, José María Figueras, Rafael Nieto Abeillé y Louis Sulzbacher. José Conrado Hernández era el único miembro de este grupo que había ocupado el cargo de magistrado u oidor de la Audiencia Territorial. Quiñones había sido Fiscal de la Audiencia y, para el momento de su designación al Tribunal Supremo, era magistrado suplente de la Audiencia. José Severo Quiñones había tenido también una conocida carrera política, habiendo sido Consejero de Administración y Diputado Principal y, bajo el gobierno autonómico, Jefe Superior de Administración, Secretario de Agricultura, Industria y Comercio, delegado la Cámara y Consejero de Administración nuevamente. Figueras y Nieto eran miembros de la carrera judicial. Todos fueron nombrados por los gobernadores militares y vueltos a designar por McKinley al entrar en vigor la Ley Foraker.

Nieto Abeillé, quien era cubano, y Sulzbacher sirvieron en el Tribunal por poco tiempo, aunque Sulzbacher dejó profunda huella en sus años de servicio. Nieto renunció en 1901 para ocupar un cargo en la judicatura cubana. Su sucesor fue James H. MacLeary, oriunda de Tennessee, ex-legislador en Tejas, juez del Tribunal Supremo de Montana (1886-88) y Secretario Auxiliar de Puerto Rico cuando se le nombró al Tribunal. Adolph Grant Wolf sustituyó a Sulzbacher en 1904. Wolf, de treinta y cinco años, era hijo de un abogado prominente de Washington, D.C. MacLeary y Wolf servirían largos años en el Tribunal. Su influencia fue marcada en lanzar al Tribunal por los senderos de la asimilación.

El clima ideológico

El Tribunal Supremo sufrió los tiempos del Destino Manifiesto. Ese clima se describe .ampliamente en El Sistema Judicial de Puerto Rico, capítulos IV, V y VI; Historia Constitución de Puerto Rico, vol. II, capítulos IX, X, XI y XII, 3(c); y Sociedad, Derecho y Justicia, págs. 42-63. Baste decir que las instituciones angloamericanas era concebidas como las más avanzadas del orbe. El Derecho Común era muy superior al Civil. La raza anglosajona -destino inevitable- arroparía el mundo. La misión de Estados Unidos en Puerto Rico era una misión civilizadora. Rescatarlo de la ignorancia y la pobreza en que estaba sumido. No permitirle gran libertad -Puerto Rico no estaba preparado para esos dones- sino llevarlo de la mano y enseñarle gradualmente los usos norteamericanos productores de la vida buena.

Entre un asimilismo galopante, mezclado paradójicamente con dosis homeopáticas de libertad y respeto a la tradición existente, es que se escriben las primeras opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El medio gubernamental y jurídico

El derecho que estuvo llamado a aplicar el nuevo y abigarrado Tribunal Supremo era un derecho biforme, sujeto a vio-lentas embestidas de un intervencionismo desbocado. Al comienzo se desmocharon principalmente las zonas del derecho y las instituciones que pudieran obstaculizar la labor evangelizadora del país invasor. Ello explica la supresión del Parlamento Insular y su sustitución por aquel triste muñón de cuerpo parlamentario que se llamó la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, controlada durante los tiempos de la Ley Foraker por la metrópoli mediante su dominio de la Cámara Alta no electa así como la gobernación, y controlada también durante la seguna Carta Orgánica mediante el veto presidencial y congresion al, más el cautiverio del Gobernador. Ello explica también lo que ocurre con las ramas ejecutivas y judicial. Hasta 1947, el Gobernador fue nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, con el consejo y asentimiento del Congreso. Los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico fueron designados del mismo modo hasta 1952. Los jueces de otros tribunales eran nombrados por el Tribunal norteamericano, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Miembros claves del Gabinete del Gobernador también debieron su nombramiento al Presidente hasta 1952.Por espacio de medio siglo a partir de la anexión los hilos del tinglado puertorriqueño estuvieron mayormente en manos de la burocracia en Washington. De entonces para acá se le permitió al pueblo de Puerto Rico ensayar algunos pasitos a solas nada de exagerar, por supuesto, va y el nene se nos cae. La dependencia del niño se cultivo en tanto con un doy y quítote de golosinas que le ha ocupado la vida sin aliviar su desnutrición de cuerpo y alma.

Según se sustituyeron las instituciones gubernamentales, parte de las jurídicas sufrió igual suerte, la parte más relacionada con la vida pública, la relación entre Estado y ciudadano, latarea de gobernar el país. Esto explica la selección de zonas para introducir a toda prisa instituciones jurídicas norteamericanas. Se creó atropelladamente un nuevo derecho penal, de factura estadounidense: la seguridad no era asunto para dejarla en manos nativas. Un código Político importado de California reglamentaría múltiples aspectos de la gestión pública. La creación de tribunales de factura norteamericana, excepto por el aspecto inicial de corte de casación del Tribunal Supremo llevó también a la adopción de códigos de procedimiento criminal y civil de igual impronta.

El derecho que gobernaba las relaciones privadas éntrelos ciudadanos se mantuvo mayormente ileso, aunque sufrió también sus abolladuras. El interés de la metrópoli no dictaba por el momento acción súbita. ¿No estaba ahí Louisiana, todavía con su viejo código de estampa napoleónica, al menos en su forma? El Código Civil sobrevivió, con algunos cambios, tales como la introducción del divorcio, exigidos por el etnos de los nuevos conquistadores. El código de Comercio y varias otras leyes también perduraron, sujeto a amputaciones ocasionales y a persistentes procesos de erosión y transculturación. Tres agencias contribuirían notablemente a esos procesos: el Congreso de Estados Unidos, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esas tres agencias, afectadas por el clima ideológico descrito, ampliarían la zona de influencia en nuestra comunidad del derecho estadounidense.

El papel del Tribunal Supremo de Puerto Rico como agente transculturador ha sido señalado, pero debe merecer en su día atención más detenida en libro aparte. La naturaleza de ese papel fue gobernada por fuerzas externas e internas. Las externas se conocen bien. En 1898 se crea el Tribunal, como hemos visto, a la manera de un tribunal norteamericano de última instancia, pero reteniendo rasgos de la antigua. Audiencia. Por ley del 12 de marzo de 1903 se le convirtió oficialmente en tribunal apelativo, suprimiéndose su condición de tribunal de casación. Un último retazo de su viejo carácter fue eliminado el 8 de marzo de1906 al permitirle, en casos en que se revocaba la sentencia del tribunal inferior, dictar directamente lo que éste debió haber dictado. Véase: Desmornes v. Herederos Desconocidos de A. Desmornes13 D.P.R. 18 (1907).

Las fuerzas internas fueron aún más potentes. El Tribunal Supremo fue cambiado por fuera pero, por su propia y triste voluntad, él mismo se encargó de cambiarse por dentro. Poco a poco fue alterando el formato de sus opiniones, el concepto de las fuentes del derecho, el entendido tradicional de su función y aun su propia visión del derecho. Lo que es más grave, se le concedió la custodia de dos honrosas tradiciones jurídicas y lo que hizo mayormente fue entremezclarlas y confundirlas en grado de pesadilla. . Desnaturalizó códigos y leyes, importo doctrinas alocadamente, sentó cátedra de asimilismo a la tremenda y emulación por puro embobamiento colonial.

No fue hasta mediados de siglo aproximadamente que el Tribunal Supremo comenzó, en forma esporádica, a templar su furor ideológico y cumplir su misión en modo más libre, según le era permitido por las ligaduras constitucionales de entonces y ahora , pero el peso de las décadas pasadas era fuerte.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico no se había distinguido por su destreza en librarse de amarras, sino por su vocación para cubrirse de cadenas sin necesidad.

Esto es quizás entendible, hasta cierto punto, durante los largos años en que las leyes Foraker y Jones, simples leyes orgánicas producidas por el Congreso de Estados Unidos, gobernaban el país. El Tribunal Supremo de Estados Unidos era, como es natural, el intérprete máximo de sus leyes, mas respecto a asuntos locales se había desarrollado la teoría del error manifiesto. El Tribunal Supremo de Puerto Rio no supo utilizar a cabalidad la libertad concedida. Vaciló en crear jurisprudencia propia. Distinto a la posición de los tribunales de muchos estados de la Unión Americana, cada palabra del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por disparatada que fuese o inaplicable a las condiciones locales, era concebida como parte de las Tablas de la Ley.

Lo que es difícil de entender, excepto dentro de la mentalidad colonial, es por qué se prolonga esa actitud después que Puerto Rico logra al menos el modesto derecho a adoptar su propia Constitución. Los tribunales de última instancia de los estados federados no pueden reducir el ámbito de un derecho definido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero pueden ampliarlo. La tendencia puertorriqueña a atenerse religiosamente a los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tenido un efecto paralizante sobre la creación de un derecho verdaderamente puertorriqueño, de un derecho ajustado a nuestras necesidades propias.

La historia de los últimos años es la historia de la lucha entre las dos tendencias que han caracterizado el derecho puertorriqueño en este siglo: la dejadez asimilista, muchas veces inconscientemente asimilista, y la ambición de crear un derecho autóctono. Es dentro de ese contexto que deben examinarse los casos de esta Constitución Anotada.

Veamos a continuación algunos de los otros pasos concretos que llevan a la transformación del Tribunal Supremo de los últimos años. Algunos fueron para bien. Otros no.

El formato de las opiniones

El Tribunal Supremo continuo’ en sus inicios el formato de las sentencias de la Audiencia Territorial y del Tribunal Supremo de España, formato prescrito por el artículo 142 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. Este formato, con sus considerandos, resultandos y fallo final se había propagado en la generalidad de los países de tradición civilista. La lógica, una lógica seca y a menudo estéril, gobernaba la marcha de los argumentos. No se discutía la razón de los principios enunciados, ni su historia, ni el medio en que operaba. Los principios del derecho parecían habitar otro mundo, al que se permitía entrada cautelosa a los hechos para ser clasificados y sellados con mecánico rigor. No era un mundo de dudas. La contestación a casi todos los problemas estaba prevista y era sólo una. Para encontrarla bastaba razonar correctamente. De existir alguna laguna en la ley podía llenarse sin gran esfuerzo. Para eso estaban primordialmente los principios generales del derecho. La lógica podía extraer fácilmente de ellos la solución precisa a los problemas no anticipados.

En este mundo de claridad y orden se marchaba en modo despacioso y pesado hacia la conclusión inevitable. Con el tiempo el lenguaje había perdido agilidad y gracia. Las oraciones eran interminables, atestadas de cláusulas bizantinas, ampulosas, machaconas, de lectura difícil. Para fines del siglo diecinueve el formato, el lenguaje y aun el propio modo de enfocar los asuntos jurídicos se había fosilizado a un grado extremo. Los cambios no se hicieron esperar. Para 1899 ya se estaba experimentando con un nuevo formato. Algunas sentencias del Tribunal Supremo comienzan a componerse de dos partes formales: la exposición del caso y la opinión. Cortada v. Pérez, 1 D.P.R. 1 (1899); Casado v. El Estado, 1 D.P.R. 5 (1899). El formato tradicional era, sin embargo, el que se usaba típicamente. Aun Sulzbacher y MacLeary lo utilizaron por un tiempo. Véanse, respectivamente, Pieras v. Egozcue, 2 D.P.R. 106(1901), y Giménez v. Ayguabibas, 2 D.P.R. 353 (1902).

Luego empieza a vacilarse entre el antiguo formato y el empleado típicamente por las cortes norteamericanas. Sulzbacher y MacLeary adoptan mayormente el patrón norteamericano para 1903.El Pueblo v. García, 3 D.P.R. 274 (1903); El Pueblo v: Ramos, 3 D.P.R.270 (1903). Figueras, Quiñones y Hernández siguen aferrándose al viejo patrón, en lucha de retaguardia, aunque, en casos civiles, MacLeary los imita de vez en cuando e igual ocurre con Sulzbacher. Compárese Ex parte Mauleón, 4 D.P.R. 123 (1903) (opinión de Sulzbacher con concurrencia de MacLeary, ambas de factura moderna), con Ruiz de Vals v. Virella, 5 D.P.R. 1 (1903). (MacLeary) y Catalá v. Calderón, ‘5 D.P.R. 19 (1903).

Aun después de eliminarse el 12 de marzo de 1903 el carácter del Tribunal Supremo como corte de casación siguió utilizándose intensamente el antiguo formato. En 1904 la mayoría de las sentencias emplean los moldes tradicionales. Su uso disminuyó precipitadamente en 1905, al grado que para los tomos octavo y noveno de las Decisiones de Puerto Rico (enero a diciembre de 1905), el antiguo formato casi se había descartado por completo. Para 1906el proceso de alteración del antiguo formato de las sentencias se había cumplido. Los recursos gubernativos únicamente lo empleaban. Las sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico eran ya radicalmente distintas a las de la Audiencia Territorial de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se había convertido insensiblemente en este respecto en una corte más del tipo estadounidense.

El cambio, a decir verdad, no fue deplorable. Varios países civilistas habrían de comenzar a abandonar más tarde las rigideces del sistema anterior. Era saludable poner más al descubierto la estructura del proceso de adjudicación. Lo triste es que el cambio se produce en Puerto Rico más por nuestra inclinación a la imitación servil, a la ecolalia jurídica, que por firme convicción de las bondades del cambio. El trueque se hizo casi mecánicamente, con escaso sentido crítico. No se percibieron los defectos del nuevo sistema, su insistencia también, aunque más recatada, en una lógica ramplona, ‘fórmulas de sonsonete y estilo pedestre. No puede olvidar se, sin embargo, que se vivián los tiempos de la escuela analítica de Austin, en la versión apagada que llegaba a estos lares, y que a Oliver Wendell Holmes y otros precursores de otras formas de mirar el derecho se les leía pero no se les entendía. Puerto Rico se contentaba con sus simples miras provincianas, con su derecho colonial de corto alcance, sus instituciones constreñidas. En aquel medio agónico, en que las formas de alcanzar la libertad habitaban el reino de la fantasía, el camino de imitar a la metrópoli ofreció un camino peligrosamente llano.

La pluralidad de las opiniones

Según el uso de varios países civilistas, la Audiencia Territorial de Puerto Rico hablaba con una sola voz. Se desconocían las opiniones concurrentes o disidentes. Del seno de las discusiones internas emergía tan sólo el criterio mayoritario, convertido en opinión unánime. Este uso desapareció con relativa rapidez de la escena jurídica puertorriqueña. El 15 de diciembre de 1899, en Iglesias v. Bolívar, 1 D.P.R. 21 (1899), se produjo la primer disidencia publicada. Véase también: Valdés v. Del Valle, 1 D.P.R. 25 (1899); Ex parte Mauleón, 4 D.P.R. 123 (1903). Al principio, Sulzbacher, MacLearyy Wolf son los que suscriben usualmente votos separados, bien en forma de opiniones disidentes o concurrentes. Para 1906 el uso estaba generalizado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico había dado un paso más, por propia iniciativa, sin nada que lo compeliese a ello, excepto el cambio en la naturaleza de la institución, para acercarse a su modelo soñado.

Personalmente estimo que el cambio fue saludable. El cambio favoreció el debate más activo de las opiniones. Puso más al descubierto el proceso de adjudicación y lo expuso, en consecuencia, en mayor grado a la crítica informada. Lo deplorable es que la innovación no fue producto de una decisión razonada. Simplemente ocurrió.

Debe mencionarse también que no era costumbre de la Audiencia Territorial entender colegiadamente en los recursos gubernativos. Al crearse el Tribunal Supremo, el Juez Presidente a solas atendía esta labor. Van Syckel v. Registrador, 1 D.P.R.12 (1899). Para 1900, el Tribunal aparece actuando colegiadamente en estos casos, aunque el Juez Presidente escribía de ordinario la opinión. Alavón v. Registrador, 1 D.P.R. 67 (1900).

Las fuentes del derecho

La jurisprudencia no era fuente de derecho bajo el Código Civil. La doctrina lo era, como hemos indicado, pero las sentencias de la Audiencia Territorial acostumbraban apoyarse tan sólo en el derecho legislado. Las citas de otro género eran muy raras. Al establecerse el Tribunal Supremo, las mismas fuerzas que lo presionaron calladamente a ir cambiando de naturaleza en otros aspectos lo fueron conduciendo también por los rumbos de la asimilación.

En los inicios se continuó la posición de la Audiencia Territorial sobre la identidad y el uso de las fuentes del derecho. Los cambios se iniciaron pronto. En Iglesias v. Bolívar, 1 D.P.R.21 (1899), se citan las Siete Partidas, “por vía de precedente histórico”, y se mencionan, en calidad de jurisprudencia constante, tres sentencias del Tribunal Supremo de España, todas anterior esa 1898. Véanse: Hernaíz & Cía. v. Jordán, 1 D.P.R. 50 (1900); Arán v. Sánchez Echalecu & Ca., 1 D.P.R. 91 (1906).

Poco después, aunque las citas eran todavía muy escasas, ocurrió un cambio de importancia. · El Tribunal citó una sola sentencia del Tribunal Supremo de España, en vez de jurisprudencia constante. Barnés v. Mora, 1 D.P.R. 179 (1901). Asomaba tímidamente el uso del precedente, la consideración aun de jurisprudencia aislada como fuente de derecho. Todavía no se citaba jurisprudencia norteamericana y el uso de la española fue restringido. En Vélez. v. Ramírez, 1 D.P.R. 199, 202 (1901), el Tribunal se negó a considerar una sentencia del Tribunal Supremo de España, emitida el 23 de febrero de 1899, “por haber sido dictada después de su soberanía en esta isla…”

En Marimón v. Pelegrí, 1 D.P.R. 225 (1902), Sulzbacher sentó las bases teóricas para la cita de jurisprudencia norteamericana. Conforme la disparatada teoría de Sulzbacher, revocada décadas más tarde en Valle v. American International Insurance Co., 108 D.P.R.692(1979), tales citas no eran tiles tan sólo en la interpretación de leyes de origen norteamericano, sino también de cualquier otro género de leyes. Escribía Sulzbacher:

“… es un principio de Ley Internacional y a fortiori aplicable a un país conquistado o cedido, el que siempre que cualesquiera leyes de un país extranjero, sean sometidas a la consideración del país soberano a que pertenezca aquél, serán interpretadas de acuerdo con las instituciones, espíritu y jurisprudencia de este último, independientemente de la interpretación de los Tribunales del país extranjero.” (a la pág. 229)

MacLeary endosó esta teoría en Caamaño v. Cancel, 2 D.P.R. 509(1902).

En Marimón se citó por primera vez jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y dos comentaristas estadounidenses, para resolver nada menos que un problema de derecho civil, perteneciente a la esfera del Derecho Internacional Privado. Las citas, tando de jurisprudencia como de doctrina, ganaron impulso. Ex parte Acevedo, 1 D.P.R. 275 (1902). Sulzbacher y MacLeary capitanearon el movimiento. Ambos continuaron citando textos españoles, pero su razonamiento se apoyaba mayormente en materiales norteamericanos. A tono con el clima ideológico imperante, Sulzbacher abundaba en la razón para preferir en lo posible la jurisprudencia de Estados Unidos. En Chevremont v. Pueblo, 1 D.P.R. 431, 445 (1903), afirmaba Sulzbacher:

“Siempre nos inclinamos a aducir las doctrinas de la jurisprudencia de Estados Unidos, cuando son aplicables a los problemas judiciales en los Tribunales de esta Isla, considerando las mismas más progresivas y como una evolución del sistema antiguo.”

El uso del precedente respecto a la jurisprudencia local comienza básicamente en 1902. Bravo v. Franco, 1 D.P.R. 242 (1902). Sulzbacher y MacLeary también asumieron el liderato al respecto. El drama que se estaba desarrollando era la introducción a Puerto Rico, sin beneficio de legislación, de la doctrina de stare decisis y ellos eran los impulsores naturales del movimiento. Los otros jueces jugaron un papel pasivo. Poco a poco se fueron adaptando, aunque citaban mayormente fuentes civilistas al comienzo.

Para 1903 el predominio de las fuentes norteamericanas es avasallador. El cuarto volumen de las Decisiones de Puerto Rico, por ejemplo, contiene un gran número de citas, pero ninguna es de naturaleza civilista. Hasta entonces, la versión norteamericana de stare decisis no se había estado extendiendo a casos penales. Ex parte Mauleón, 4 D.P.R. 123, 139 (1903), extiende la regla a estos casos y expresamente declara que la doctrina de stare decisis es “de universal aplicación”. Sulzbacher explicó así, en opinión concurrente, sus metas:

“Todo el sistema de jurisprudencia establecido en esta Isla se está cambiando tan rápidamente como es posible, sustituyéndose el antiguo sistema español por el sistema americano; y no es necesario apresurar ese cambio…” (a las págs. 153-54).

Caamaño v. Cancel, 2 D.P.R. 509 (1902.

El establecimiento en firme del valor de las sentencias locales como precedente tarda aproximadamente de 1903 a 1906.Stare decisis no se menciona por su nombre, pero claramente estaba operando. Cruz v. Domínguez, 8 D.P.R. 580 (1905) (Wolf); Sucesión Iglesias v. Bolívar, 11 D.P.R. 441 (1906). Puede afirmarse que para 1907 el uso del precedente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico era ya semejante en todos los órdenes al de las cortes norteamericanas. Se había completado otro paso en el camino de la asimilación.

El Tribunal Supremo de aquella época no pudo escapar la encerrona de los tiempos. Junto a otras instituciones gubernamentales como la Gobernación, el Consejo Ejecutivo y la escuela pública fue otro agente más de colonización. Agencia divorciada del pueblo,

Integrada por hombres celosamente escogidos por la metrópoli, las más de las veces por sus simpatías colonizan tés, su deslucido papel fue el de intentar marginar una gran herencia jurídica para facilitar la consolidación en este país de otra, grande también, mas no necesariamente aplicable en muchos casos a sus realidades y espíritu.

g) Marbury v. Madison viaja hacia el sur.

La Audiencia Territorial no gozaba, por supuesto, de poder alguno para cuestionar la validez de las leyes. Al crearse el Tribunal Supremo de Puerto Rico no se dispuso nada sobre el particular, pero no tardo mucho en comenzarse a formular, aunque sin éxito, planteamientos de naturaleza constitucional. Ex parte Soldini, 4 D.P.R. 168 (1903); Ex parte Bird, 5 D.P.R. 247 (1904).En Bird ya el Tribunal asume que posee el poder de anular las leyes a base del curioso criterio de “incompatibilidad con las instituciones americanas”. Véase: Esbrí v. Sucesión Serrallés, 1 DPR321, 336-37 (1902). La mayoría de los jueces en Bird concluyó que el artículo impugnado era válido. Sulzbacher disintió por estimar que infringía la Enmienda Primera a la Constitución de los Estados Unidos, sobre cuya extensión a Puerto Rico MacLeary albergaba, dudas a pesar de que ya se había resuelto Downes v. Bidwell, / En las disidencias de Sulzbacher en Bird y Soldini se expone claramente la teoría de la nulidad de las leyes por contravenir la Constitución o por estar “en absoluta oposición a nuestras instituciones” o infringir “principios generales y universales del sistema americano”. 5 D.P.R. 247, 295.

El derecho constitucional de esta época es de orden primitivo e incipiente. El tema no aparecía en las tablas de materias o digestos de los primeros volúmenes. Simplemente se siéntanlas bases para el ejercicio de poder por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para enjuiciar la validez de las leyes, sujeto a la opinión final del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Varios miembros influyentes del Tribunal Supremo de Puerto Rico tenían dificultad en entender, además, decisiones claves del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Aun después de Downes, MacLeary está inseguro sobre la aplicabilidad a Puerto Rico de la Primera Enmienda. Ex parte Bird, 5 D.P.R. 247, 252 (1904). Sulzbacher no abrigaba dudas sobre este particular, mas estimaba que, por mandato de Downes, el derecho a juicio por jurado existía en Puerto Rico. Ibid, 293–95. MacLeary .consideraba que la Quinta Enmienda no se extendía a Puerto Rico. Ex parte Díaz (a) Martillo, 7 D.P.R. 153 (1904). Tampoco la Catorce. Ex parte Bird, supra, 260.Luego se asume la limitación constitucional del debido proceso de ley, aunque por muchos años no se invalida legislación o acto ejecutivo alguno sobre esa base. Giménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128(1906). El Pueblo v. The Port American Co., et al., 13 D.P.R. 128,133 (1907).

La Ley Orgánica hizo principalmente las veces de constitución para Puerto Rico. El planteamiento constitucional típico era el de incompatibilidad con la Ley Foraker. Ex parte Rivera (a) Panchito, 10 D.P.R. 211 (190.6). En El Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 343, 359(1906), MacLeary afirmó a nombre del Tribunal:

“…cualquier Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que esté en contradicción con la Ley Orgánica es… una nulidad.” La Ley Foraker “sirve de Constitución para Puerto Rico.”

Marbury v. Madison hizo el viaje a Puerto Rico sin percances. Desde el comienzo, aun antes de perder su naturaleza de corte de casación, el Tribunal Supremo se arrogó los poderes de los tribunales de última instancia en Estados Unidos. Si bien el poder de anular las leyes locales por incompatibilidad con la Ley Foraker, la Constitución de Estados Unidos, la legislación federal o las instituciones americanas se afirmó desde temprano su utilización fue prudente. La primera declaración de nulidad, que resultó afectar una de las órdenes emitidas durante el gobierno militar –se resolvió que chocaba con la ley federal de quiebras – no ocurrió hasta 1906. Ex parte Coll, 11 D.P.R. 51 (1906). La corte federal se le anticipó mucho en este respecto al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Re Garnishment of Pay, 1 P.R. Fed. Rep. 405 (1903).

De 1906 en adelante se torna algo más frecuente el examen de leyes, ordenanzas y actos gubernamentales para determinar su constitucionalidad, aunque el número de casos en que se formularon estos planteamientos se mantuvo relativamente reducido en los diez años siguientes. Véanse: Giménez et al. v. Brenes, 10 D.P.R. 128 (1906); El Pueblo v. The Port America Co. et al., 13 D.P.R. 128, 133 (1907); La Liga de Propietarios v. La Ciudad de San Juan, 14 D.P.R. 86 (1908); Junta Escolar de Carolina v. Saldaña et al., 14 DPR 348 (1908); Hernández v. La Corte de Distrito, 15 D.P.R. 268 (1909); Quiñones v. Castelló et al., 16 D.P.R. 493 (1910);

Márquez v. N.Y. & P.R. S.S. Co., 17 D.P.R. 546 (1911); Jesús v. Sucesión Pérez Villa mil, 18 D.P.R. 403 (1912); El Pueblo v. Ruiz, (a) Mora, 19 D.P.R. 94 (1913); Ponce Lighter. Co. v. Municipio de. Ponce et al., 19 D.P.R. 760 (1913); El Pueblo v. Collazo, 19 D.P.R. 961 (1913); El Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R. 276 (1914); El Pueblo v. Central Fortuna, 22 D.P.R. 106, (1915); Rodríguez v. Miller, 23 D.P.R. 594 (1916).

La lectura de estos casos revela, junto al hecho que el Tribunal Supremo asume pronto el poder de anular las leyes, su considerable renuencia a hacerlo. Durante la vigencia de la Ley Foraker el Tribunal falla a favor de la ley u ordenanza o rehuye, por medios familiares, la cuestión constitucional. Fue en el campo penal que por primera vez se anularon retos constitucionales, lo que no ocurrió a menudo. Véase: El Pueblo v. Collazo, 19 D.P.R. 961 (1913), en que se absolvió a un acusado por violársele el derecho a un juicio público. En Sucesión Rodríguez v. Sucesión Torres, 24 D.P.R. 786 (1917), se anularon varias Ordenes Militares que suspendieron por cierto tiempo la ejecución de hipotecas en Puerto Rico. Estas Ordenes ya habían sido declaradas nulas por otras razones en Ochoa v. Hernández y Morales, 230 U.S. 139 (1913). Las declaraciones de anticonstitucionalidad no comienzan a aumentar en frecuencia hasta bastante entrada la Ley Jones, después de establecerse la Asamblea Legislativa totalmente electa.

El tratamiento de conflictos entre las versiones inglesa y española de las leyes.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico desarrolló muchos métodos para fomentar la transculturación jurídica del país. Uno fue mediante la doctrina sentada en Cruz v. Domínguez, 8 D.P.R.580 (1905) y El Pueblo v. Acosta, 11 D.P.R. 249 (1906). El Tribunal sostuvo en estos casos, por voz del juez Wolf, que de hallarse en conflicto la versión en inglés de un estatuto con la versión española debía prevalecer siempre aquella. La razón era peregrina. El texto original tenía que ser el inglés por haber sido el firmado por el Gobernador. El Tribunal no se detuvo a considerar la posibilidad de que la versión española aprobada por la cámara de Delegados pudiese’ ser la más apropiada en determinadas circunstancias.

Bajo el peso de tan curiosa teoría se vivió varios años hasta que, convertida ya la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en un cuerpo totalmente electo, se aprobó la Ley Núm. 8 de 12 de noviembre de 1917, que luego se convertiría en el actual artículo 13 del Código Civil. Se dispuso en tal ley:

“En el caso de existir discrepancia entre los textos inglés y castellano de un estatuto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, prevalecerá en la interpretación del mismo el texto en que se hubiere originado en cualquiera de las Cámaras, salvo en los casos siguientes: (a) Si el estatuto fuera una traducción o adaptación de un Estatuto de los Estados Unidos o de algún Estado o Territorio de los Estados Unidos, se dará preferencia al texto ingles sobre el texto castellano; (b) si el estatuto fuere de origen español se atender a al texto castellano con preferencia al texto inglés; (c) si la cuestión de preferencia no pudiera resolverse por las reglas precedentes, se atenderá al texto castellano.”

Esta ley alteró la doctrina de Cruz v. Domínguez, supra, Pero consagró otra regla, vigente hasta nuestros días y peligrosamente mecánica, respecto a los préstamos jurídicos. Los préstamos jurídicos son familiares en distintas culturas. Los contornos originales de la figura y su interpretación en el país nativo afectan naturalmente su sentido en el país prestatario, pero a fin de cuentas es la cultura de éste, las circunstancias del medio en que se inserta la figura, las que determinan su significado y rumbo. El actual artículo 13 del Código Civil coloca a Puerto Rico en una situación extraña a otros países. Si se adopta una institución de Estados Unidos estamos obligados por la interpretación norteamericana, en vez de permitir que nuestras condiciones particulares le impriman perfil propio.

Esta fase de la citada ley de 1917, hoy el artículo 13 del Código Civil, fue anticipada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde temprano en el siglo. El Pueblo v. Rivera (a) Panchito, 7 D.P.R. 332 (1904); El Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 343(1906). En Sucesión Chavier v. Sucesión Giráldez, 15 D.P.R. 154, 159 (1909), se expresó así la teoría:

“Es un principio de derecho bien reconocido y con frecuencia formulado por este Tribunal, que cuando nuestra Legislatura, adopta una ley de otro estado y la copia substancialmente en nuestras leyes, ha de presumirse que la legislatura se propuso adoptar también la interpretación que a tal ley hubieran dado ya los tribunales de última instancia del estado del cual dicha ley fue tomada.”

Esta teoría, entremezcalda con la de Cruz v. Domínguez, supra, fue expandida en ocasiones, antes de la ley de 1917, aun a casos aislados de palabras del propio Código Civil, lo que facilitó el proceso de su desnaturalización. En Díaz v. The San Juan L. & T. Co., 17 D.P.R. 69, 77-78 (1911), por ejemplo, el juez Del Toro justificó la utilización de materiales norteamericanos en la interpretación del artículo 1803 (hoy 1802) del código Civil sobre la base siguiente:

“La palabra castellana ‘daño’ se tradujo por la inglesa ‘damage’ y su significación debe fijarse interpretándola en armonía con el cambio fundamental operado en nuestras instituciones, tanto más cuanto que dicha significación no es contraria a la establecida por la jurisprudencia antigua, sino más amplia y liberal, más justa y equitativa.”

Aprobada la ley de 1917, se valido el texto español de las leyes con ese origen, mas no sin indagar a menudo – lo que no se hacía y debía hacerse en el caso de leyes derivadas de un texto en inglés – si el texto español estaba en consonancia con la intención legislativa y el desenvolvimiento histórico del concepto expresado. Seín v. González et al. 26 DPR 190 (1918) (Hutchison); Ortiz et al. v. Rivera es al., 26 DPR 332 (1918). Hubo ocasiones, no obstante, en que el texto español de las leyes se considero automáticamente como traducción del inglés. El Pueblo v. Agosto, 10 D.P.R. 449(1906).

El Tribunal Supremo se vuelve cara al Norte.

El clima ideológico imperante, la convicción que Puerto Rico vivía un choque entre un derecho anticuado y otro progresista, que el cambio operado en nuestro status exigía un cambio de orientación en su derecho, afectó profundamente el desarrollo jurídico del país. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se fue virando cara al Norte, se descuido la herencia civilista y se importaron, sin beneficio de estatuto y sin necesidad en los más de los casos, doctrinas norteamericanas. Ya hemos comentado diversas fases de este proceso. Veamos en mayor detalle lo ocurrido en las primeras décadas.

En Marimón v. Pelegrí, 1 D.P.R. 225 (1902), Bravo v. Franco, 2 D.P.R. 422, 428 (1902), Esbrí v. Sucesión Serrallés, 1 DPR 321 (1902) y Chevremont et al. v. El Pueblo, 1 D.P.R. 431 (1903) se construyó la base teórica para acudir a la jurisprudencia e instituciones norteamericanas aun para la interpretación de conceptos civilistas. Hemos citado antes los pasajes correspondientes de Marimón y Chevremont. En Bravo v. Franco, supra, se expresó, citando en parte a Marimón:

“Es evidente, e insostenible otra opinión, que cuando el Congreso de los Estados Unidos dió a Puerto Rico un sistema de leyes, que en muchos respectos estaban completamente en contradicción. con las leyes vigentes en la época del Tratado, era claramente su intención que se asimilasen en principio y aplicación a las leyes que existen en los Estados Unidos; y que fuesen cumplidas y ejecutadas de acuerdo con los principios establecidos en la jurisprudencia americana y sometidas a su interpretacion… ‘esta jurisprudencia ha de considerarse, por consiguiente, como ley en Puerto Rico, para que sirva de norma a sus Tribunales…”

En Esbrí v. Serrallés, supra, 336-37 se afirmó:

“… las leyes de Puerto Rico fueron creadas por el Congreso y Leyes Americanos; y… deben ser interpretadas y ajustadas al espíritu, aplicación, tendencia y fines de la Jurisprudencia Americana, y todo lo que a ello se opusiere, o estuviere en conflicto o fuere incompatible o inadecuado, debe desaparecer sin necesidad de ningún acto legislativo especial para ese fin… Las doctrinas y principios Americanos deben regular las Cortes de Puerto Rico hasta en la interpretación de las Leyes de España que aun se encuentren en los Estatutos de Puerto Rico.”

Tal era el fervor del Tribunal que muchas: veces llegó a equipararse la jurisprudencia norteamericana con los postulados del Derecho Natural. ‘En The American Railroad Co. of P.R. v. Ortiz, 16 D.P.R. 286, 301 (1910), MacLeary afirma:

“Toda consideración de utilidad y conveniencia pública debe supeditarse al derecho del propietario a su propiedad, hasta que dicho derecho sea suspendido o extinguido de estricto acuerdo con la ley del país. Este principio de la Jurisprudencia Constitucional Americana está basado en la equidad natural, y se ha establecido por los juristas como un principio reconocido del derecho universal.”

Aunque el Tribunal no estuviese seguro sobre la aplicabilidad de determinada cláusula de la Constitución de Estados Unidos, la apelación a la justicia natural ‘abría brecha fácil para la introducción de la justicia americana. En Quiñones v. Castello, et al., 16 D.P.R. 493, 502 (1910), explica MacLeary:

“Aunque el artículo de la Constitución Americana (Art, I, sec. 10. cl.’1), que desaprueba las leyes que alteran la obligación de los contratos puede que no esté vigente en Puerto Rico, sin embargo, el principio general encarnado en dicho artículo es una reconocida regla de justicia natural, la que no debemos presumir que ha sido pasada por alto por la Legislatura, sin haber motivos de consideración para ello, al pasar la ley de 14 de marzo de1907.”

Como era de esperar, el iusnaturalismo de los jueces estaba fuertemente matizado por las circunstancias de la época. En Dottin v. Rigo & co., 22 D.P.R. 405, 410-11 (1915), el Tribunal justificó unánimemente la negativa de un conocido restaurante de San Juan a servirle a un abogado negro:

“No se trata en el presente caso de un derecho a la vida, a la libertad o a la propiedad, que por sí y sin necesidad de ley alguna son derechos naturales, fundamentales e inherentes al hombre, sino de un derecho de igualdad de razas que depende en general del estado social predominante y de la voluntad exclusiva de los ciudadanos, ínterin por modo imperativo no se declare ese derecho por la ley. Mientras no exista tal ley, es necesario reconocer completa libertad de acción tanto en las relaciones sociales como en la esfera de los negocios…”

Con tan temible arsenal de doctrinas no es de extrañar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le allanara el camino a la penetración del derecho civil por el derecho común, aun sin beneficio de mandato legislativo. El Derecho Internacional Privado fue uno de los primeros campos en que comenzó la invasión de las teorías norteamericanas y el desplazamiento del derecho civil. Marimón v. Pelegrí, 1 D.P.R. 225 (1902); Amadeo v. El Registrador, 3D.P.R. 141 (1903); Cruz v. Domínguez, 8 D.P.R. 580 (1905); Colón v. El Registrador, 21 D.P.R. 369 (1914). La influencia de la jurisprudencia y los tratadistas norteamericanos para el tiempo en que se aprobó la segunda Carta Orgánica en la interpretación de varios textos civilistas era ya abrumadora.

Algunas decisiones revelan la existencia de división en el seno del Tribunal sobre el proceso de transculturación en marcha. En Ex parte Fernández, 4 D.P.R. 24 (1903) el Tribunal resolvió un problema de suspensión de pagos sobre la base del Código de Comercio MacLeary disintió por considerar que el Código era inaplicable, pero no pudo resistir señalar:

“…todas las leyes de la Asamblea Legislativa deben cumplirse, desde luego, con rigurosa exactitud, sin atender para nada a predilecciones de los jueces por determinados sistemas de legislación…” (pág. 30)

Fueron rarísimas las veces, sin embargo, en que asomaron intentos de oposición a las doctrinas de Sulzbacher, MacLeary y Wolf. La invasión de campos del derecho civil por el derecho común norteamericano se realizó por lo general sin percance. Lo ocurrido en la materia de daños y perjuicios es particularmente interesante. En Pérez v. The American Railroad Co. of P.R., 9 D.P.R. 218 (1905), MacLeary resuelve tranquilamente, sin parar mientes en explicaciones, una cuestión de negligencia estrictamente sobre la base de jurisprudencia norteamericana. En Rivera et al. v. Tibot / et al. 11 D.P.R. 553 (1906), MacCleary repite la práctica, como ya antes, en Claudio v. Cortones, 9 D.P.R. 108 (1905), había introducido la doctrina de asunción del riesgo, la cual reitera en Pérez v. The Yabucoa Sugar Co., 15 D.P.R. 214 (1909).

Otros jueces aportaron su óbolo también en purgar el campo de la responsabiblidad civil de residuos civilistas, fuera de su apoyo silente a las decisiones de MacLeary. Véanse: la opinión de Figueras en Natal v. Bartolomey et al, 14 DPR 486 (1908), en que se cita con aprobación la doctrina de la negligencia contribuyente; la de Wolf en Vargas v. A. Monroig e Hijos, 15 D.P.R. 27 (1909); la Del Toro en Díaz v. The San Juan L. & T. Co., 17 D.P.R.69 (1911); la de Aldrey en Ramírez v. The American Railroad Co., of P.R17 D.P.R. 464 (1911).

Hasta 1912 no se escuchó públicamente una voz judicial disidente contra el proceso de desnaturalización del antiguo derecho puertorriqueño. En Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656, 660-61(1912), el Tribunal despertó parcialmente de su modorra y, por voz del juez Aldrey resolvió que la materia de daños y perjuicios se rige exclusivamente por el Código Civil y que “la doctrina y la jurisprudencia americana (sic) serán aplicables en tanto en cuanto se basen en los mismos preceptos de nuestro Código Civil, o se derive (sic) de principios generales de derecho que no lo contradigan.

”MacLeary disintió airadamente de tamaña herejía y conminó a sus despistados compañeros a atender los reclamos del progreso, el liberalismo y la justicia. Sentenció MacLeary:

“… si la ciencia de la jurisprudencia ha de progresar en esta isla, y la administración de justicia facilitarse y mejorarse, marchando en pos del progreso de la edad, será por medio del esfuerzo en armonizar nuestras leyes según las hemos heredado de la Península con el grande y culto sistema predominante en la América del Norte. Es imperativo el dar una interpretación liberal a nuestras leyes; el progreso hace esto necesario, y la justicia lo pide de las manos de nuestra Corte Suprema.” (pág. 684)

Más adelante MacLeary añade con entero candor:

“No puedo estar de acuerdo con que se prescinda de todo el caudal de sabiduría que se encuentra incorporado en las sentencias de nuestras cortes americanas y retroceder completamente al código Civil y a los comentarios sobre el mismo hechos por las cortes de un país extranjero…” (pág. 700)

Vélez v. Llavina fue sólo un grito de desesperación que dejó escasa huella en la jurisprudencia de aquellos tiempos. En Busó et al. v. Martínez, 18 DPR 1035 (1912), MacLeary volvió a sus andadas y utilizó jurisprudencia norteamericana para distinguir entre acciones ex delicto y ex contractu. Hernández y Aldrey concurrieron en opiniones separadas, pero no se mencionó la controversia surgida en Vélez. v. Llavina. Poco después, en Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342 (1913), resolvió nuevamente un caso de daños sobre la base del derecho norteamericano y el resto del Tribunal asintió sumisamente. Poco tiempo después no restaba recuerdo de Vélez v. Llavina. En Domínguez v. Porto Rico Railway, Light& Power Co., 19 D.P.R. 1090 (1913), el propio Aldrey adoptó, sin mayor explicación, el enfoque de MacLeary. De ahí en adelante no hubo, hasta décadas más tarde, – más motines a bordo. Véanse: Rosado v. Ponce Railway & Light Co., 20 D.P.R. 564 (1914); Font: v. P.R. Railway, Light & Power Co., 21 D.P.R. 7 (1914); Muriel v. Marchán, 21 D.P.R. 325 (1914).

Lo ocurrido en el campo de las acciones cuasi delictuales se repitió en muchas otras situaciones. La tradición civilista del país se fue empobreciendo velozmente y el ámbito del derecho norteamericano fue enanchándose. Para algunos ejemplos de los primeros años, véanse: Ex parte Mauleón, 4 D.P.R. 123 (1903) (se utilizó la opinión concurrente, lo que se haría pronto por todo el Tribunal, la técnica de acudir al historial de las leyes para determinar su intención); El Banco Territorial y Agrícolav. Álvarez, 10 D.P.R. 121, 128 (1905) (voto particular de MacLeary ilustrativo de su tendencia a sobreseer en lo posible las leyes españolas); Junta Escolar de Carolina v. Saldaña et al.,14 D.P.R. 348 (1908) (arrendamiento); Yon v. Gómez, 14 D.P.R. 698(1908) (caso de custodia – véase el voto particular de MacLeary Gullermety v. Díaz & Pardo, 14 D.P.R. 831 (1908) (derecho de sociedades); Suárez v. Banco Territorial y Agrícola, 16 D.P.R.630 (1910) (impugnación de escritura de venta); Ochoa y Hermanov. Herederos, · 17 D.P:R. 420 (1911) (definición de lo que es un acreedor bajo el código civil); Martínez v. Pagán López & Co., D.P.R. 487 (1911) (uso conjunto de materiales de ambos derechos en la interpretación del código Civil); N. Y. & P. R. Steamship Co. v. Dexter, 18 D.P.R. 174 (1912) (teoría de la ley del caso); Pagán López & Co. v. Mayagüez Dock & Shipping Co., 18 D.P.R. 396 (1912)(interpretación de contrato); Le Hardy v. Acosta, 18 D.P.R. 450(1912) (problema de patria potestad y custodia); Pellicier v. Fernández, 19 D.P.R. 117 (1913) (validez de contrato); Roa v. Puig et al., 19 DPR 386 (1913) (vicios de construcción); Silva et al., Aboy, Giorgetti & Co., Ltd. et al., 20 DPR 76 (1914) (derecho cambiario); The Fajardo Development Co. v. Zalduondo, 20 D.P.R.253 (1914) (franquicias); Glines et al. v. Matta et al., 19 DPR 409 (1913) (introducción de la figura de la servidumbre en equidad); Font v. P.R. Railway, Light & Power Co., 21 D.P.R. 7 (1914) (negativa del derecho de una madre a demandar por la muerte de un hijo ilegítimo); Simonds v. El Registrador, 22 D.P.R. 608(1915) (derechos reales); Suc. Igaravídez, et al. v. Rubert Hnos… et al. . 23 D.P.R. 293 (1915) (“estoppel” y “laches”); Rubio et al. v. Garage Mayaguez, Inc., 23 D.P.R. 609 (1916) (“bailment for hire”, además del uso de res ipsa loquitur).

El Tribunal Supremo tras el establecimiento del Estado Libre Asociado.

Desde los años treinta, pero con mayor intensidad en la década siguiente, el liderato local comenzó a influir de modo marcado en el nombramiento por el Presidente de los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico. En 1947 se intentó en la Ley del Gobernador Electivo transferirle al Gobernador tal facultad, pero no fue hasta el establecimiento del Estado Libre Asociado que el Gobernador comenzó a nominar los jueces del Tribunal Supremo con el concurso y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Los cambios en la naturaleza y poderes del Tribunal Supremo de Puerto Rico no quedaron claros del todo. La Ley de Bases había dejado intocado el artículo 43 de la Ley Jones y las sentencias del Tribunal Supremo aún podían apelarse a la Corte de Circuito de Boston. Esta situación se corrigió por ley del Congreso de 30 de agosto de 1961. Véase: Historia Constitucional de Puerto Rico, vol. IV, págs. 175-77. De ahí en adelante se equiparó el Tribunal Supremo de Puerto Rico al de los estados federados en cuanto sus decisiones eran sólo revisables por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en cuanto el Tribunal era el intérprete máximo de la Constitución del Estado. Aunque esto no comienza a verbalizarse hasta los años setenta -véanse, por ejemplo, Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 413 (1974); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976) – el Tribunal comenzó desde temprano a actuar con mayor independencia de la jurisprudencia norteamericana, si bien la carga histórica de una adicción tan fuerte como la documentada a su uso aun en situaciones gobernadas por el derecho civil dejó una huella en la filosofía de varios jueces.

En Infante v. Leith, 85 D.P.R.26, 41 n. 4 (1962), en reproche al tribunal de instancia, afirmo: “Jamás hemos considerado derecho supletorio en Puerto Rico a ‘la doctrina general de los tribunales de los Estados Unidos’…”, añadiendo:

“Es cierto que este Tribunal siempre ha tenido la tendencia de reconocer al ciudadano el pleno beneficio de los sistemas jurídicos – el del common Law, en su versión norteamericana, y el del Derecho Civil – nasta llegar a uno que integre lo más justo de ambos – Cf. Sosa v. Sucn. Morales, 58 D.P.R.360, 363 (1941) – y que ha aceptado como buena guía para la exegesis estatutaria la interpretación dada a una ley por el tribunal más alto del estado de donde proceda; sin embargo, con muy pocas excepciones, siempre se ha resistido a adoptar doctrinas y principios proclamados por esos tribunales continentales que se encuentren en conflicto fundamental con nuestra tradición jurídica y nuestro modo de vivir como pueblo.”

Desde los años cincuenta el Tribunal comenzó a anticiparse, en despliegue de independencia, a doctrinas aun no aceptadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Véanse: Rivera Escuté v. Delgado, 80 D.P.R. 830 (1958); Reyes v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 29 (1961); Soto Ramos v. Supert. Granja Penal, 90 D.P.R.731 (1964); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765(1965).Se respetan, por supuesto, las doctrinas sentadas por el Tribunal Supremo de Estados Ramos Villanueva v. Srio. De Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982). Estas representan, después de todo, la designación del ámbito mínimo de los derechos humanos a que puedan aludir y constituyen la interpretación autorizada de la legislación federal. Su uso en determinadas circunstancias se justifica por el Tribunal por su valor comparativo.’ Ha habido ambivalencia, como se observará al leerse los casos citados en este libro, pero la marcha decidida del Tribunal ha sido hacia un mayor ejercicio de la independencia que le corresponde como intérprete máximo de la Constitución del Estado, independencia no menor que la que asiste a los tribunales de última instancia de los estados federados. La teoría expuesta se anuncia ya expresamente. EN ”Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976) y casos subsiguientes.

En los casos referentes al derecho de intimidad se recalca que éste es de factura más amplia en Puerto Rico, que en Estados Unidos. Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 331 (1979); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978);

Colón v. Romero Barce16, 112 D.P.R. 573 (1982); E.L.A. V. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964); González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R. 125(1963).

La discriminación por razón de sexo se sujeta en Puerto Rico a un criterio más riguroso que en Estados Unidos. Compárese a Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975) con Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976). Varios jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico aun cuestionaron en Hermina González v. Serio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667, 680 (1978) la utilización en Puerto Rico de los criterios desarrollados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos para analizar la cláusula sobre la igual protección de las leyes.

Respecto a las cláusulas relativas a la religión, la influencia del enfoque es evidente, pero se vislumbra una tendencia a variaciones importantes en el enfoque. Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974); Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979); Iglesia de Dios Primitiva, Inc., v. Delgado, 109 D.P.R. 802 (1980); Academia San Jorge v. J.R.T., 110 D.P.R. 193 (1980).

En el derecho de difamación las doctrinas del derecho común y del Tribunal Supremo de Estados Unidos continuarán ejerciendo influencia decisiva durante las décadas siguientes a la constitución, pero comienzan a despuntar gradualmente variantes de interés en los años setenta y ochenta. Examínese, por ejemplo, la serie siguiente: Bosch v. Editorial El Imparcial, Inc., 37 D.P.R. 285 (1963); Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R.759 (1973); Cortés Porta latín v. Hau Colon, 103 D.P.R. 734 (1975); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978); Clavell v. El Vocero de P. R., 115 DER 685 (1984).————————————-En Clavell Ruiz se expresa ya, un enfoque diametralmente opuesto a Bosch.

“La fuente principal de la protección contra la expresión difamatoria es la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Ley de Libelo y Calumnia… sobrevive tan solo en cuanto es compatible con esa Constitución…

“Al igual que los estados de la Unión Americana, Puerto Rico posee la facultad de establecer sus propias normas de responsabilidad por difamación, siempre que no se imponga responsabilidad absoluta o que las reglas que se adopten no reduzcan el contenido mínimo de la Enmienda Primera a la Constitución de Estados Unidos…

“Sujeto a esas limitaciones familiares, es al ordenamiento jurídico de Puerto Rico que debe acudirse para sopesar los intereses envueltos en casos de difamación. La jurisprudencia norteamericana, estatal o federal, en este campo posee, por lo demás, carácter ilustrativo o persuasivo tan solo. Nuestra percepción de los valores envueltos y el modo de conciliar los pueden ser enteramente distintos.”

El derecho de información adquiere también en Puerto Rico rasgos particulares. Soto v. Guzmán, 112 D.P.R. 477 (1982); Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 279 (1960); Peña Clós v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983); Santiago v. Bobb, opinión de 7 de abril de 1986, 86 JTS 27.

En ocasiones el Tribunal rechaza expresamente doctrinas del Tribunal Supremo de Estados Unidos y otras cortes por estimarlas inadecuadas. Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977); Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974).

Se fue intentando mientras tanto insuflarle nueva vitalidad a la herencia civilista del país, devolviendo a su antiguo dominio campos invadidos por el derecho común norteamericano.

Gierbolini v. Employers Fire Insurance Co., 104 D.P.R. 853 (1976); Vallev. Amer. Inter. Ins. co., 108 D.P.R. 692 (1979); Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 – (1982); Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775 (1983); Viajes Le sana, Inc. v. Saavedra, 115 DPR 703 (1984).

Más éste no es un libro de tesis. Es una simple obra de referencia. Para luego quedará el análisis más a fondo de las sentencias que aquí se recogen.