Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /nfs/c05/h06/mnt/82888/domains/hcpr.ajlpr.org/html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /nfs/c05/h06/mnt/82888/domains/hcpr.ajlpr.org/html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /nfs/c05/h06/mnt/82888/domains/hcpr.ajlpr.org/html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
La Ley de Relaciones Federales – Constitución de Puerto Rico, Anotada y Comentada

Constitución de Puerto Rico, Anotada y Comentada, Tomo II

José Trías Monge

LA LEY DE RELACIONES FEDERALES

La Ley de Relaciones Federales, como se ha explicado en la nota histórica a la Ley de Bases, se compone de los artículos de la segunda Ley Orgánica o Ley Jones no derogados por ella. En términos generales, tales artículos trataban de asuntos referentes a las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. En el proceso de establecer el Estado Libre Asociado se tomó penosamente la decisión de no intentar enmendar por el momento esos artículos remanentes. Se consideró indispensable su reforma por varias razones: la rebautizada Ley de Relaciones Federales contenía todavía, indebidamente, varias disposiciones relativas al gobierno interno de Puerto Rico, varias de las disposiciones propiamente parte de la Ley de Relaciones Federales estaban necesitadas de reforma y la Ley de Relaciones Federales no formaba un todo coherente y completo. Nada se decía, por ejemplo, sobre las relaciones exteriores, la defensa y otros aspectos centrales a los nexos entre Estados Unidos y Puerto Rico. Lo que en verdad hacía falta, se pensaba por los autonomistas, era un nuevo Pacto de Asociación, lo que no significaba ni podía significar el cierre de otras posibilidades de status, tales como la independencia o la estadidad. La aprobación de un nuevo pacto se intentaría más tarde, mas todo esfuerzo en esa dirección resultaría fallido. La casi totalidad del cuarto volumen de la Historia Constitucional de Puerto Rico se dedica a relatar y comentar esos esfuerzos. Los capítulos XXIX y XXX del tercer volumen exponen el historial de la Ley de Relaciones Federales.

Se advertirá que la Ley de Relaciones Federales no sigue una numeración sucesiva. La razón estriba en lo indicado. La numeración corresponde a la de la Ley Jones. Los números omitidos son los correspondientes a los artículos derogados.

L.R.F. 1       Ambito de Aplicación de la Ley

Texto

“Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a la Isla de Puerto Rico e islas adyacentes pertenecientes a los Estados Unidos, y a las aguas de esas islas; y el nombre de Puerto Rico, usado en esta Ley, se entenderá que incluye no sólo a la isla de este nombre sino también a todas las islas adyacentes, como queda dicho.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, vol. II, págs. 8889

Nota histórica

Este artículo deriva del artículo 1 de la Ley Foraker o primera Carta Orgánica y de la Ley Orgánica de Filipinas de 1916.A distinción de la Ley Foraker, que utilizaba una descripción más precisa, este artículo de la Ley de Relaciones Federales incluye al frase “pertenecientes a Estados Unidos”, la que se ha utilizado para argumentar a partir de 1952 que Puerto Rico continúa siendo una posesión de Estados Unidos. Las leyes orgánicas se referían originalmente a “Porto Rico”. No fue hasta la ley de 17 de mayo de 1932, c. 190, 47 Stat. 158, que Puerto Rico volvió oficialmente a llamarse Puerto Rico.

Jurisprudencia

L.R.F. 1.1 Las islas incluidas Las islas de Culebra son parte de Puerto Rico bajo el tratado de París. 23 Op. Atty. Gen. 564 (1901) Aunque la isla de Miraflores no pertenecía a Puerto Rico antes de la cesión, Estados Unidos la adquirió en virtud del tratado de París. 25 Op. Atty. Gen. 193 (1904) –

L.R.F. 1.2     Los Casos Insulares

Bajo este artículo pueden incluirse también los casos relativos al status anteriores a 1952. La serie principal de estos casos: se conoce por el nombre de los casos Insulares. Los más importantes de éstos son: De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1901);Dooley v. United States, 182 u.s. 222 (1901); Downes v. Bidwell,182 U.S. 244 (1901); Dooley v. United States, 183 U.S. 151 (1901);Fourteen Diamond Rings v. United States, 183 U.S. 176 (1901); Hawaii v. Mankichi,190 U.S. 197 (1903); González v. Williams, 192 U.S. 1 (1904); Kepner v. United States, 195 U.S. 100 (1904); Dorr v. United States, 195 U.S. 138 (1904); Trono v. United States, 199 U.S. 521(1905); y Rasmussen v. United States, 197 U.S. 516 (1905). Los Balzac Casos Insulares los que deben ser estudiados junto a People v. Balzac, 258 U.S. 298 (1922), y Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S.253 (1937)sostienen básicamente que existen dos tipos de territorios en el sistema político norteamericano, los incorporados y los no incorporados. La Constitución de los Estados Unidos seextiende ex proprio vigore únicamente a los primeros. A los segundos se aplican tan sólo los derechos “fundamentales” garantizados por la constitución estadounidense. Los Casos Insulares resolvieron que Puerto Rico es un territorio no incorporado, algo “perteneciente a Estados Unidos, pero que no es parte de Estados Unidos” (Balzac). Una de las cuestiones más debatidas en la actualidad es la vigencia o no de los casos Insulares, el gradoa que los casos discutidos en la sección de este libro referente a la Ley de Bases afectan los casos Insulares.

Los Casos Insulares no serán objeto de comentario separado en esta obra. Para discusiones amplias de su génesis, naturaleza y alcance, véanse: Ramírez, Marcos, “Los Casos Insulares”, 16 Rev. Jur. U.P.R. 2 (1946); J. R. Torruella, The Supreme Court and Puerto Rico: the Doctrine of Separate and Unequal, Ed. U.P.R. 1985; J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Ed. U.P.R., 1980, vol. 1, capítulo XII.

L.R.F. 1.3 Sancho v. Bacardí Corporation of America, 109 F. 2d 57 (17 cir. 1940), revocado por otras razones: 311 U.S. 150.

Puerto Rico no es un estado para fines de la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos.

L.R.F. 1.4 Peñagarícano v. Allen Corp., 267 F. 2d 550(1r cir. 1959).

Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento. Al mismo efecto: In re Northern Transatlantic Carriers Corp., 300 F. Supp. 866 (D.C. P.R. 1969)’, dejado sin efecto por otras razones: 423 F. 2d 139; Camacho v. Public Service Commission, 450 F. Supp. 231 (D.C. P.R. 1978).

L.R.F. 2   Privilegios e Inmunidades

Texto

“Los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión y sujeto a las disposiciones del inciso 1 de la sección 2del art. IV de la Constitución de los Estados Unidos.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 322 y ss.

Nota histórica

Esta disposición no era parte originalmente de la Carta Orgánica. Su inserción ocurrió en 1947 durante el proceso de consideración de la Ley del Gobernador Electivo. La añadidura se debió a la iniciativa de un letrado que, al perder un caso en la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito que envolvía sus contribuciones personales, acudió a sus conexiones en el Senado y logró la adición de este lenguaje. Véanse: Fiddler v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 202 (1945); Buscaglia v. Fiddler, 157 F. 2d 579 (1r cir. 1946).

Jurisprudencia

L.R.F. 2.1 Buscaglia, Tes. v. Tribl. de Contribuciones, 68 D.P.R. 345 (1948)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico contestó aquí la cuestión que la Corte de Apelaciones dejó pendiente en Buscaglia v. Fiddler, 157 F. 2d 579 (17 cir. 1946). El Tribunal Supremo resolvió que la cláusula sobre los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos contenida en la Constitución de dicho país no se aplica a Puerto Rico. La cláusula se aplica únicamente a los estados miembros de la Unión Americana.

Véanse: Buscaglia v. Ballester, 162 F. 2d 805,807, (1r Cir. 1947); South Porto Rico Sugar Co. v. Buscaglia, 154 F. 2d 96, 101 (1r Cir. 1946); People of Puerto Rico v. Eastern Sugar Associates 156 F. 2d 316, 322 (1r cir. 1946); Roig v. People of Puerto Rico, 147 F. 2d 87, 91 (1r Cir. 1945)

L.R.F. 2.2 Buscaglia v. Ahumada, 171 F. 2d 775 (1r Cir.1949).

Respalda la decisión en Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones (L.R.F. 2.1) L.R.F. 2.3 Sartorius & Co. v. Descartes, 79 D.P.R. 126(1956).

La cláusula sobre los privilegios e inmunidades se aplica únicamente a los ciudadanos y no a las corporaciones. Véanse: Paul v. Virginia, 75 u.s. 168 (1869); Blake v. McClung, 172 U.S. 239 (1898); y Grosjean v. American Press Co., 297 U.S.233 (1936).

L.R.F. 2.4 Postley v. Secretario de Hacienda, 75 D.P.R. 874(1954).

La “cláusula de privilegios e inmunidades rige en Puerto Rico en la misma forma que rige en los estados de la Unión, en virtud del convenio entre Puerto Rico y los Estados Unidos” (819). No puede discriminarse entre ciudadanos residentes y no residentes para fines contributivos.

L.R.F. 2.5 Paine v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 817 (1962)

Una sucesión puede invocar los beneficios de la cláusula.

L.R.F. 2.6 Sucn. S. Shefftz v. Srio. de Hacienda, 93 D.P.R. 888 (1967)

Expuso el Tribunal:

“… estos privilegios e inmunidades son aquellos que emanan de la ciudadanía de los Estados Unidos, que son comunes a los ciudadanos de los estados bajo sus constituciones y leyes por razón de ser ciudadanos de los Estados Unidos. La constitución federal protege y garantiza solamente los privilegios e inmunidades que pertenecen a los ‘ciudadanos de los Estados Unidos en contradistinción de los ciudadanos de los estados.”

Los derechos y privilegios nacidos de un contrato no están protegidos por la cláusula.

L.R.F. 2.7 Examining Board v. Flores de Otero, 426 U.S.572 (1976)

Véase, ante, L.B. 49.

L.R.F. 2.8 Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465(1979).

Véase, ante, L.B. 51.

L.R.F. 2.9 Silver v. García, 760 F. 2d 33 (1r Cir. 1985)

Véase, ante, L.B. 69.

L.R.F. 3     Contribuciones e Impuestos

Texto

“No se impondrá ni cobrará derecho alguno sobre las exportaciones procedentes de Puerto Rico; pero podrán imponerse contribuciones e impuestos sobre la propiedad, ingresos, rentas internas, y por licencias, franquicias, privilegios y concesiones, cuando dichas contribuciones sean para los fines de los gobiernos insular y municipal, respectivamente, y se impongan según las disposiciones y prescripciones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; y en los casos en que fuere necesario anticipar contribuciones y rentas para proteger el crédito público, Puerto Rico, o cualquiera de sus municipios, podrá emitir bonos y otras obligaciones de acuerdo con la ley; y todos los bonos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico, o por autoridad de éste, estarán exentos de contribución por el Gobierno de los Estados Unidos, por el Gobierno de Puerto Rico, por cualquiera subdivisión política o municipio del mismo, o por cualquier Estado, Territorio o posesión, o por cualquier condado, municipio u otra subdivisión municipal de cualquier Estado, Territorio o posesión de los Estados Unidos o por el Distrito de Columbia.

“Disponiéndose, además, que las contribuciones de rentas internas que de acuerdo con la facultad concedida por esta ley imponga la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sobre cualesquiera artículos, efectos, mercaderías o mercancías podrá ser impuesta y cobrada sóbrelos artículos sujetos a dicha contribución, según determine la referida Asamblea Legislativa, tan pronto como los mismos hayan sido fabricados, vendidos, usados o importados en la Isla; Disponiéndose, que no se hará distinción alguna entre los artículos importados de los Estados Unidos o de países extranjeros y los artículos similares producidos o manufacturados en Puerto Rico. Por la presente se ordena a los oficiales de aduanas y del servicio postal de Estados Unidos que ayuden a los debidos funcionarios del Gobierno de Puerto Rico encobro de estas contribuciones.”

Referencias

  1. Di Venuti, Money and Banking in Puerto Rico, University of Puerto Rico Press, Río Piedras, 1950.

Meléndez Carrucini, Procedimiento contributivo de Puerto Rico, Instituto de Contribuciones de Puerto Rico, Inc., 1981.

Mertens, Law of Federal Income Taxation, Callaghan & Co., Chicago, vol. 2, págs. 1528.

W. L. Raymond, State and Municipal Funds, Boston, FinancialPublishing Co., 1923, ch. VI.

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, I, 22627; II, ‘8990; IV, 17375.

Nota histórica

Este artículo deriva del artículo 38 de la Ley Foraker. Dicho artículo 38, así como el tercero de la Ley Jones, contenían disposiciones limitativas del margen prestatario del gobierno de Puerto Rico y sus municipios. Para no complicar el proceso de aprobación de la Ley de Bases no se derogo esta parte del artículo3 en 1950, como tampoco otras referentes a asuntos claramente pertenecientes al ámbito del gobierno interno de Puerto Rico.

El 3 de agosto de 1961 se aprobó legislación en Estados Unidos para derogar las disposiciones limitativas del margen prestatario. Pub. L. 87121, 74 Stat. 245. A raíz de esta legislación se celebró entonces un referendo en el que se enmendó el artículo VI, sección 2 de la Constitución de Puerto Rico, para insertar disposiciones que ampliaron el margen prestatario.

Las disposiciones que prohíben imponer derechos de exportación, presentes desde la Ley Foraker, provienen, por supuesto, de la sección 9 del art. I de la Constitución de Estados Unidos.

La importante disposición relativa a la exención de tributación se añadió en 1917 y proviene del artículo 64 de la Ley Orgánica de Filipinas de 1902. Véase también la ley federal de contribución sobre ingresos de 1916. 39 Stat 756, ch. 463, 64° Cong., 2a ses.

Hasta los años treinta el Departamento de Justicia de Estados Unidos pasaba juicio sobre la validez de los bonos emitidos por Puerto Rico y sus municipios. Deben consultarse las opiniones del Procurador General de Estados Unidos para la larga serie de opiniones sobre el particular. La práctica termina en los años cuarenta.

La referencia a “ingresos” en la primera oración del artículo se añadió por la Ley Butler, de 4 de marzo de 1927, 44 Stat. 1418, para evitar dudas que habían surgido sobre el particular. La Ley Butler añadió también el último disponiéndose de la sección. Véase: Buscaglia v. Ballester, infra, L.R.F. 13.

En lo que respecta a las funciones del servicio de aduana el Departamento del Tesoro es el que las ejerce en la actualidad. Reorganization Plan No. 1 of 1965, 79 Stat. 1317.

Jurisprudencia

L.R.F. 3.1 Gromer v. Standard Dredging Co., 224 U.S.362 (1912)

Puerto Rico tiene el poder de imponerles tributos a embarcaciones y maquinaria utilizada en el dragado de la bahía de San Juan. Puerto Rico goza de jurisdicción para tal propósito sobre las zonas portuarias y aguas navegables de la Isla.

L.R.F. 3.2 Successors of C. & J. Fantauzzi v. Municipal Assembly of Arroyo, 295 F. 803 (1r Cir. 1924)

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico puede delegarles a los municipios autoridad para imponer contribuciones con el fin de atender sus gastos.

L.R.F. 3.3 Domenech v. Havemeyer, 49 F. 2d 849 (1* Cir.1931)

El término “rentas internas” incluye el poder de aprobar una ley de contribución sobre ingresos. El caso significa que, aun en ausencia de la Ley Butler de 1927 véase la Nota Histórica, supra, siempre existió el poder de imponer contribuciones sobre ingresos bajo la sección comentada.

L.R.F. 3.4 Lugo v. Suazo, 59 F. 2d 386 (1* cir. 1932)

Se invalidó una ley local por imponer un impuesto de rentas internas que discriminaba contra el café extranjero.

L.R.F. 3.5 Domenech v. National City Bank, 294 U.S. 199 (1935)

Las posesiones americanas, como Puerto Rico, no tienen facultad para imponerle contribuciones a una agencia federal sin autorización del Congreso. Una asociación nacional bancaria como el National City Bank es una agencia federal para tales propósitos. Los estados de la Unión, aunque soberanos, tampoco pueden imponer contribuciones en tales casos, aunque por otras razones.

La autorización del Congreso a que se ha hecho referencia tiene que ser expresa. La sección comentada no representa esa autorización.

L.R.F. 3.6 Sancho v. Corona Brewing Corporation, 89 F. 2d 479 (1r cir. 1937), cert. den. 302 U.S. 697

La ley puertorriqueña que eximía de tributoslos edificios, maquinaria y otra propiedad perteneciente a nuevas industrias no puede interpretarse como que exime también sus productos, pues de ser así se estaría discriminando entre artículos producidos fuera de la Isla y tributables en ella.

L.R.F. 3.7 Wėst India Oil Co. v. Sancho, 108 F. 2d144 (1r cir. 1939), confirmada: 311 U.S. 20

Combustible transportado a Puerto Rico, depositado en tanques de adeudo y luego extraído para su uso fuera del país no constituye un producto exportado para fines de la sección comentada.

L.R.F. 3.8 People of Puerto Rico v. Federal Land Bank, 108 F. 2d 275 (1′ cir. 1940)

Los embargos y otros gravámenes por contribuciones adeudados tienen prioridad frente a gravámenes hipotecarios.

L.R.F. 3.9 West India Oil Co. v. Domenech, 311 u.s. 20(1940), reh. den. 311 u.s. 729

Véase: L.R.F. 3.7, 3.21 y 3.23. Léanse en relación con la Ley Butler, allí mencionados.

L.R.F. 3.10 Rivera v. Buscaglia, 140 F. 2d 461 (17 cir. 1944)

El Impuesto de la Victoria es válido bajo la autoridad ilimitada de imponer contribuciones que el artículo comentado otorga, no obstante la doctrina entonces vigente que les negaba a los estados poder constitucional para imponerles contribuciones a los salarios federales.

L.R.F. 3.11 Rullán v. Buscaglia, 168 F. 2d 401(1r Cir. 1948), cert: den. 335 U.S. 857

Se declaró constitucional la disposición de la Ley de contribuciones sobre Ingresos que no permitía la deducción de intereses pagaderos entre familiares.

El principio de uniformidad tributaria que encarna la Ley Orgánica significa uniformidad geográfica y no intrínseca. Vase: Ballester-Ripoll v. Court of Tax Appeals of P.R., 142 F. 2d 11, 18 (1* cir. 1944), cert. den. 323 U.S. 723; South Porto Rico Sugar Co. v. Buscaglia, 154 F. 2d 96, 100 (1* Cir. 1946).

L.R.F. 3.12. Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U.S.505 (1939)

El Tribunal expresó sobre la tendencia de la época a revocar interpretaciones de leyes puertorriqueñas por tribunales federales.

“Taxing acts of Puerto Rico are purely local and the traditional reluctance of this Court to overturn constructions of such local statutes by local courts is particularly applicable to interpretations of Puerto Rican statutes by Puerto Rican tribunals. Orderly development of the government of Puerto Rico as an integral part of our government system is well served by a careful and consistent adherence to the legislative and judicial policy of deferring to the local procedure and tribunals of the Island.” (510)

Al mismo efecto: Bonét v. Texas Co., 308 U.S. 463, 471(1940).

L.R.F. 3.13 Buscaglia v. Ballester, 162 F. 2d 805(17 Cir. 1947); cert. den. 332 U.S. 816

La cláusula de comercio de la Constitución de los Estados Unidos se aplica únicamente a los estados y no a los territorios. La cláusula de comercio no le añade nada al poder del Congreso bajo la cláusula territorial. Véase: National Labor Relations Board v. González Padín co., 161 F. 2d 353 (1r Cir. 1947); Fuster, “The Origins of the Doctrine of Territorial Incorporation and its Implications Regarding the Power of the Commonwealth of Puerto Rico to Regulate Interstate Commerce”, 35 Rev. Jur.U.P.R. 259 (1974).

El poder de Puerto Rico para imponerle impuestos de rentas internas a mercancía en el envase o envoltorio originales incuestionable.

L.R.F. 3.14 Barceló & Cia. v. Buscaglia, 169 F. 2d 82(1r cir. 1948)

Reitera el amplio poder contributivo del gobierno de Puerto Rico, así como el principio de que no se revocará ninguna interpretación de ley local a menos que sea manifiestamente errónea a la luz de principios establecidos de derecho local. De Castro v. Board of Comm’rs., 322 U.S. 451 (1944).

La doctrina del error manifiesto se convierte en obsoleta a partir del establecimiento del Estado Libre Asociado. Desde entonces, la razón para no intervenir con las sentencias locales sobre asuntos de ley local es que existe una Constitución de Puerto Rico, que esa Constitución no es una ley federal y que el intérprete final de esa Constitución es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 559 (1977). Valga apuntar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se ha pronunciado expresamente sobre este particular, si bien la norma señalada se desprende de los pronunciamientos hechos en Calero Toledo v. Pearson Yatch Leasing CO., 416 U.S. 463 (1974) y Examining Board v. Flores de Otero,426 U.S. 572, 596 (1976).

L.R.R. 3.15 Soltero v. Descartes, 192 F. 2d 755(17 Cir. 1951)

Este es uno de la larga serie de casos en que se acostumbra impugnar en los foros federales las leyes contributivas o actos impositivos del gobierno de Puerto Rico. Estas causas tenían a menudo éxito, hasta que en Sancho Bonet v. Yabucoa, Sancho Bonet v. Texas y De Castro (los dos primeros se discuten en L.R.F. 3.12 y el último se cita el L.R.F. 3.14) el Tribunal Supremo de los Estados Unidos restringió severamente la antigua práctica de otros foros federales de intervenir a cada paso con la política fiscal puertorriqueña. Soltero sostiene nuevamente el amplio radio de acción del gobierno de Puerto Rico en este campo, aun antes del establecimiento del Estado Libre Asociado.

L.R.F. 3.16 San Juan Trading Co. v. Sancho, 114 F. 2d 969 (1r Cir. 1940), cert. den. 312 U.S. 702

Una ley de Puerto Rico les impuso una contribución a los fósforos cuadrados (fabricados en el extranjero), pero no a los redondos (fabricados en Puerto Rico). El propósito de la ley respondía al esfuerzo de intentar promover la industria nativa. Una mayoría de la Corte resolvió que la ley violaba el último disponiéndose del artículo comentado que prohíbe, en la imposición de rentas internas distinguir entre productos importados y los domésticos.

L.R.F. 3.17 Descartes, Tes. v. Tribl. Contrib. y Trigomnos. , 73 D.P.R. 295 (1952)

Alegado discrimen en la tributación de una malta extrajera. Aunque el asunto no se resolvió en los méritos, el Tribunal expresó:

“…Difícilmente una determinación administrativa del Tesorero en cuanto a la no tributación de ciertos productos, cuando dicha determinación está predicada en hechos que de ser ciertos justificarían plenamente su posición, equivaldría a un discrimen dentro del significado del artículo 3 de la Ley Orgánica…” (303)

La posición del Tesorero en este caso era que las maltas producidas en Puerto Rico no eran tributables por no tener contenidoal choholico, en contraste con la malta extranjera concernida en el caso.

L.R.F. 3.18 San Gerónimo Develop Co. v. Treasurer of Puerto Rico, 233 F. 2d 126 (1r cir. 1956)

El arrendatario por 999 años de una propiedad de los Estados Unidos no adquiere por delegación implícita inmunidad de tributación bajo las leyes de Puerto Rico.

Se rechazó también el argumento que cuando un estatuto puertorriqueño deriva o es copia de un estatuto norteamericano la doctrina del error inescapable no aplica, sino que el foro federal apelativo tiene derecho a interpretar independientemente la ley. Al mismo efecto: Iglesias Costas v. Secretar y of Finance, 220 F. 2d 651 (ir cir. 1955).

L.R.F. 3.19 P.R. Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, 81 D.P.R. 982 (1960)

Una ley de Puerto Rico le imponía una contribución a las compañías de teléfonos y telégrafos, cuyo producto se destinaría al mejoramiento de las comunicaciones telefónicas y telegráficas en Puerto Rico. Se impugnó la ley por violar alegadamente el art. 3 de la Ley de Relaciones Federales, el que requiere que las contribuciones se impongan “para los fines de los gobiernos insular y municipal”. El Tribunal resolvió que esta frase del artículo 3 es equivalente a la frase “para un fin público” y que tal fin se cumple en este caso.

L.R.F. 3.20 Libby, McNeill, etc. v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 389 (1961); confirmada: Libby, McNeill & Libby, West Indies Co. v. Secretary of the Treasury of Puerto Rico, 299 F. 2d 572 (1r Cir. 1962)

Una subsidiaria puertorriqueña de una compañía de Maine declaró un dividendo a favor de ésta. El dividendo fue declarado de ingresos provenientes de fuentes de Puerto Rico. Se resolvió que la subsidiaria puertorriqueña estaba obligada a retener el29% del dividendo pagado a la compañía extranjera. Véase:

Phillip Morris, Inc. v. Srio, de Hacienda, 105 D.P.R. 925 (1977)

L.R.F. 3.21 Texas Co… (P.R.) Inc. v. Tribl. de Contribuciones, 82 D.P.R. 134 (1961); sub. nom. Texaco P.R., Inc., v. Descartes, confirmado, 304 F. 2d 184 (1r cir. 1962); cert.den. 372 u.s. 907 (1963)

Se cuestionó en este caso la facultad del Tesorero para cobrar impuestos sobre una cantidad de aceite para alumbrado importado en Puerto Rico. Al bombear el aceite desde el barco a los tanques de las compañías gasolineras en Puerto Rico se perdió parte considerable del producto. El Tribunal sostuvo la imposición del tributo sobre el total de la cantidad introducida en Puerto Rico.

El Tribunal hace un recuento detallado de la Ley Butler, las dificultades sufridas por el país antes de su aprobación y cómo se alcanzó el 4 de marzo de 1927 por Puerto Rico la facultad impositiva sobre la modalidad de la introducción del artículo en el país. El Tribunal concluyó sobre la base de la Enmienda Butler y la decisión en West India Oil Co. v. Domenech, 311 U.S. 20 (1940) (L.R.F. 3.9) que la Ley Butler le concedió a Puerto Rico facultad “para imponer una contribución local sobre artículos importados, (sujeta a la única condición de uniformidad), independientemente de la doctrina del paquete original e indepenidentemente de si su efecto práctico era el de un derecho de aduanas cuya recaudación no se realizaba por funcionarios aduaneros….” (146)

L.R.F. 3.22 Phillip Morris, Inc. v… Srio. de Hacienda, 105D.P.R. 925 (1977)

Phillip Morris cancelá en Estados Unidos una alta cantidad de sellos de rentas internas y los adhirió a cajetillas de cigarrillos que envió al puerto de Nueva York rumbo a Puerto Rico. Los cigarrillos fueron hurtados y sólo pudo recobrarse algo más del 28. El Tribunal resolvió que el Tesorero de Puerto Rico carecía de facultad para autorizar el reintegro por la cantidad de cigarrillos no recobrada. El Tribunal fundó su sentencia en el tratamiento de esta cuestión en Estados Unidos y distinguió entre el caso de mercancía hurtada donde no pueda eliminarse la posibilidad de que el evento contributivo haya ocurrido y el caso de mercancía perdida donde se compruebe que el evento impositivo no ocurrió. La decisión en Liggett & Myers Tobacco Co. v. Buscaglia, Tes., 64 DPR 78 (1944), confirmada en149 F. 2d 493 (17 cir. 1945), referente a mercancía perdida al hundirse un barco antes de llegar a Puerto Rico, quedó en este sentido limitada a sus hechos.

L.R.F: 3.23 United Brewers, Ass’n., Inc. v. Pérez, 592 F. 2d 1212 (17 Cir. 1979)

Varios productores de cerveza en Estados Unidos solicitaron del Tribunal que prohibiese al gobierno de Puerto Rico cobrarles un aumento en el impuesto de rentas internas o, en la alternativa, que les ordenase no eximir del impuesto a los productores que elaborasen menos de cierta cantidad anual de cerveza determinada por la ley.

El Tribunal resolvió que la Ley Butler privaba de jurisdicción a la corte federal en Puerto Rico. “Contrary to appelants’ narrow view of the statute, it might well be proper to apply the Butler Act beyond its literal terms to encompass their suit to enjoin enforcement of a tax exemption.” (1214)

En una nota al calce, no obstante, el Tribunal suscribe la opinión que la Ley Butler no representa una prohibición absoluta, sino que debe interpretarse en forma consistente con principios generales de equidad. Véanse: Paul Smith Const. Co. v. Buscaglia, 140 F. 2d 900, 901 (1r cir. 1944); Sancho v. National City Bank of New York, 112 F. 2d 998, 1003(1r cir. 1940)

L.R.F. 3.24 U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, 109 D.P.R. 456 (1980)

Se exponen los hechos en L.R.F. 3.23. El Tribunal resolvió que la ley impugnada era constitucional. “Tomando en cuenta las realidades económicas de la industria cervecera ellegislador intento, como bien podía, distribuir la carga contributiva entre las cervecerías de acuerdo a su potencial paraproducir ganancias.” (461) Hay que advertir que el esquema contributivo en este caso les extendía también el beneficio de la exención a cervezas americanas y extranjeras de poco volumen.

L.R.F. 3.25 Int’l. Harvester Co. v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 281 (1983)

International Harvester Company of Puerto Rico, Inc., una corporación doméstica, tomó prestadas ciertas sumas a bancos estadounidenses que no hacían negocios en Puerto Rico, ni tenían agentes aquí. Los plazos de principal y los intereses se pagaban fuera de Puerto Rico. Los préstamos no estaban garantizados con propiedad sita en el país, mas su producto se utilizaba páralas operaciones de International Harvester en Puerto Rico. El Tesorero le tasó a International Harvester una deficiencia por no retener en el origen la suma prescrita por ley sobre los intereses procedentes de fuentes de Puerto Rico y pagaderos a compañías extranjeras. International Harvester impugnó la deficiencia por alegada violación del debido procedimiento de ley. El Tribunal sostuvo la deficiencia.

El Tribunal rechazó, en primer término, la validez de la máxima mobilia sequuntur personam en este género de situaciones. Del simple hecho que el situs del crédito radique fuera de Puerto Rico no puede concluirse que Puerto Rico carece de facultad para imponerle contribuciones. “Tanto en los casos de debido proceso de ley como en los de comercio interestatal, el énfasis ha ido recayendo en el examen del efecto práctico de la contribución y en las realidades económicas envueltas, en vez de en la aplicación automática de formalidades legalistas.” (286)

Respecto la cláusula del debido procedimiento de ley, señaló el Tribunal que las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico inmponen dos requisitos: que exista alguna conexión mínima entre las actividades tributables y el estado impositor y que el ingreso atribuido al estado para fines contributivos debe estar racionalmente relacionado con valores conectados con el estado impositor. La conexión mínima “no tiene que ser exclusivamente, como a veces se ha asumido en forma incorrecta, entre el estado impositor y la persona o entidad en que recae a fin de cuentas la contribución. El nexo puede ser, también, entre el estado impositor y la actividad o transacción tributable.”(287) El Tribunal resolvió que “Puerto Rico tiene un interés legítimo en imponer contribuciones y en hacerlas efectivas a través de la retención en el origen, sobre los intereses a utilizarse en Puerto Rico que devenguen los préstamos bancarios que provengan de fuentes extranjeras. Los bancos extranjeros se benefician de las condiciones que ofrece el ordenamiento jurídico y económico de Puerto Rico, a cuyo amparo se generaron los fondos necesarios para la satisfacción de la deuda…” (288)

L.R.F. 3.26 Gómez Hnos., Inc. v. Srio. de Hacienda, 114D.P.R. 367 (1983), cert. den. 82 L. ed. 833 (1984)

Los hechos son análogos a los de International Harvester, supra, (L.R.F. 25), excepto que ellos se dan dentro del contexto del comercio extranjero e interestatal. Respecto el comercio interestatal deben satisfacerse cuatro requisitos: la contribución debe aplicarse a una actividad que posea un nexo sustancial con el Estado impositor; la contribución debe distribuirse justamente; la contribución no debe discriminar contra el comercio interestatal; y debe estar relacionada adecuadamente con los servicios que provea el Estado.

El Tribunal sostuvo la contribución. La doctrina de los efectos prácticos expuesta en International Harvester también rige la situación de este caso. “Ello significa que no basta con una simple alegación… de que determinado tributo afecta el comercio extranjero. El contribuyente debe documentaren forma exhaustiva, con abundancia de estadísticas y otros datos, su alegación de que un impuesto específico afecta el comercio extranjero.” (371) La contribución cumple, concluyó el Tribunal tras el análisis correspondiente, con los cuatro requisitos antes expuestos.

L.R.F. 3.27 Rochester Bank & Trust Co. v. Commissioner of Revenue, 305 NW 20 776 (Minn. 1981)

Se resolvió que la disposición de la cláusula comentada relativa a la exención de los bonos de Puerto Rico de contribuciones estatales y federales está sujeta a la misma excepción que la expuesta en 31 U.S.C. sec. 742, relativa a la exención de los bonos federales, la cual está sujeta a que no se disponga otra cosa por estatuto.

En decisión claramente equivocada, la corte en Minnesota entendió que debe asumir seque la misma excepción afecta el artículo 3 de la Ley de Relaciones Federales. Fue declarado tributable en consecuencia el interés percibido por bancos en Minnesota proveniente de bonos de Puerto Rico, por razón de un estatuto del estado.

L.R.F. 5       La Extensión de la Ciudadanía de los Estados Unidos.

Texto

“Todos los ciudadanos de Puerto Rico, según sede finen en la sec. 7 de la Ley de 12 de abril de 1900,’Para proveer temporalmente, de rentar y un gobierno civil a Puerto Rico, y para otros fines,’ a todos los nativos de Puerto Rico que estaban temporalmente ausentes de la Isla’ el 11 de abril de 1899; y hayan regresado después y estén. residiendo permanentemente en dicha isla, y no sean ciudadanos de ningún país extranjero, se declaran por la presente ciudadanos de los Estados Unidos, y serán considerados y tenidos como tales; Disponiéndose, que cualquier persona de las descritas anteriormente podrá conservar su presente status político, haciendo una declaración bajo juramento, de su resolución a ese efecto, dentro de seis meses de haber entrado en vigor esta Ley, ante el Tribunal de Distrito del distrito en que resida, declaración que se hará en la forma siguiente:

“YO,______________, habiendo prestado juramento debidamente, declaro por la presente mi intención de no ser ciudadano de los Estados Unidos según se provee en la Ley del Congreso que confiere la ciudadanía de los Estados Unidos a los ciudadanos de Puerto Rico y aciertos nativos que residan permanentemente en dicha isla.

“En caso de hallarse ausente de la Isla durante dichos seis meses cualquiera de esas personas, podrá aprovecharse el plazo fijado en este “disponiéndose”, trasmitiéndose al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico una declaración bajo juramento, en la forma provista por la presente, dentro de seis meses de haberse puesto en vigor esta Ley; y Disponiéndose, además, que toda persona que haya nacido en Puerto Rico de padres extranjeros y esté residiendo permanentemente en la Isla, podrá, si fuere mayor de edad, dentro de seis meses de haberse puesto en vigor esta Ley, o, si fuere menor de edad, al llegar a su mayoridad o dentro de un año después, prestar una declaración jurada de fidelidad a los Estados Unidos ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, haciendo constar en la misma todos los hechos relacionados con su nacimiento y residencia en Puerto Rico y acompañando debida prueba de los mismos, y desde el momento de haber prestado tal declaración será considerado como ciudadano de los Estados Unidos.”

Referencias

Cabranes, Citizenship and the American Empire, Yale University Press, New Haven, 1979.

Fernos Isern, Estado Libre Asociado de Puerto Rico: Antecedentes, creación y Desarrollo hasta la Epoca Presente, Ed. Universitaria, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1974.

Dávila Colón, “Equal Citizenship, Self-determination and the U. S. Statehood Process: a Constitutional and Historical Analysis”, 13 J. of Intl. L. 315 (1981).

Capó Rodríguez, “The Relations between the United States andPorto Rico”, 13 Am. J. Int: L., 483, 510 (1919).

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, vol. I: 199, 207, 216, 273; vol. II: 6, 14=17, 29, 389; capítulo XVI, vol. IV, passim.

Nota histórica

Desde temprano en el siglo comienza a debatirse la extensión a los puertorriqueños de la ciudadanía de los Estados Unidos. Los primeras proyectos datan de 1904. Para 1911 el Negociado de Asuntos Insulares del Departamento de la Guerra recomienda favorablemente la idea y a lo largo de los años en que se gesta la Ley Jones la concesión se incluyó, en distintas formas, en los anteproyectos que llevaron a la segunda Ley Orgánica. Muñoz Rivera, líder del partido mayoritario, la Unión de Puerto Rico, combatió la idea. J. Trías Monge, op. cit., II, 33, 34, 52, 73–74, 80. Tras serias objeciones uno de los objetores inciales fue el propio Gobernador de Puerto Rico, Arhtur Yager, quien propulsaba el método de naturalización individual se escogía el método de la naturalización colectiva para extender la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. El rechazo de la naturalización en masa conllevaba serias penalidades. Quien rechazase la nueva ciudadanía quedaba privado, por disposición de la Ley Jones, de todo derecho a ocupar cargos públicos y aun de su condición de elector. En 1927 el Congreso tuvo que aclarar que las personas que rechazaron la ciudadanía en 1917 no estaban impedidos de naturalizarse más tarde. 44 Stat. 1418, cap. 53, sec. 2. En años posteriores hubo que corregir otras deficiencias del artículo. Véanse los artículos 5a, 5b y 5c.

El artículo comentado y los enmendatorios que le siguen representan hoy tan sólo parte, en muchos aspectos obsoleta, de la base en que descansa actualmente la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños. Véase particularmente la Ley de 27 de junio de 1952, c. 477, Tít. III, ch. 1, sec. 302, 66 Stat. 236,8 U.S.C.A. sec. 1402, que es la fuente a que hay que acudir hoy. Es así como el curioso método de aprobación de la Ley de Relaciones Federales lleva a que ella no abarque hoy las verdaderas disposiciones referentes a la ciudadanía, como nunca ha incluido temas tan vitales como la defensa y las relaciones exteriores. Consúltese L.R.F. 5.2, infra.

Jurisprudencia

L.R.F. 5.1 Op. Sec. Just. Núm. 13 de 1973

El hombre que se casa con una ciudadana americana no adquiere automáticamente la ciudadanía de su esposa.

La adquisición de la ciudadanía de Estados Unidos por vía de matrimonio fue abolida en 1922.

L.R.F. 5.2 Caolo v. Dulles, 115 F. Supp. 125 (D.C.P.R. 1953)

El demandante había nacido en Puerto Rico en 1911 de padres italianos. En 1927 se trasladó a la República Dominicana El 23 de diciembre de 1940 viajó a Puerto Rico, donde permaneció hasta el 21 de enero de 1941. El propósito admitido del viaje fue establecer su residencia en Puerto Rico para fines del artículo 202 de la Nationality Act de 1940, 8 U.S.C. sec. 602. Dicho artículo disponía:

“All persons born in Puerto Rico on or after April il, 1899, subject to the jurisdiction of the United States, residing on the effective date of this chapter in Puerto Rico or other territory over which the United States exercises rights of sovereignty and not citizens of the United States under any other Act, are hereby declared to be citizens of theUnited States “.

La Nationality Act se aprobó el 14 de octubre de 1940. El Tribunal concluyó que la frase “residing on the effective date of this chapter in Puerto Rico” significaba estar domiciliado en Puerto Rico y que el demandante no cumplió con tal requisito.

El artículo citado es hoy parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 27 de junio de 1952, c. 477, Tít. III, ch. 1, sec. 302, 66 Stat. 236, 8 U.S.C.A. sec. 1402, que contiene, fuera de la Ley de Relaciones Federales, la disposición central sobre la ciudadanía americana de los puertorriqueños, distinguiendo entre ciudadanos por naturalización y ciudadanos por nacimiento. Lasección 1402 provee:

“All persons born in Puerto Rico on or after April, 1899, and prior to January 13, 1941, subject to the jurisdiction of the United States, residing on January 13, 1941, in Puerto Rico or other territory over which the United States exercises rights of sovereignty and not citizens of the United States under any other Act, are declared to be citizens of the United States as of January 13, 1941. All persons born in Puerto Rico on or after January 13, 1941, and subject to the jurisdiction of the United States, are citizens of the United States at birth.”

L.R.F. 5ª         Ciudadanía de Puerto Rico; Ciudadanía de Estados Unidos (cont.)

Texto

“Todos los ciudadanos de los Estados Unidos que han residido, o que en lo sucesivo residieren, en la isla por un año, serán ciudadanos de Puerto Rico; Disponiéndose, que las personas nacidas en Puerto Rico de padres extranjeros, a los cuales se refiere el último párrafo del art. 5, que no aprovecharon del privilegio de hacerse ciudadanos de los Estados Unidos, tendrán un período de un año desde la aprobación de esta Ley para hacer la declaración prescrita en el predicho artículo; y Disponiéndose, además, que las personas que eligieron retener el status político de ciudadanos de Puerto Rico, podrán dentro de un año después de la aprobación de esta Ley, hacerse ciudadanos de los Estados Unidos en los mismos términos y en la misma forma que se dispone para la naturalización de nativos puertorriqueños nacidos de padres extranjeros.”

Referencias

Véanse las anotadas bajo L.R.F. 5.

Nota Histórica

Este artículo se añadió a la Ley Jones por ley de4 de marzo de 1927, cap. 503, sec. 2, 44 Stat. 1418. Para el tiempo en que se aprobó la Ley de Bases o Ley 600 los disponiéndoses del artículo ya habían cumplido su función y hubiese bastado retener simplemente su primera cláusula.

Jurisprudencia

L.R.F. 5a.l Lópkez v. Fernández, 61 D.P.R. 522 (1943)

La cuestión a resolver en este caso era si, al interpretar el artículo 9 del Código Civil preceptivo de que “las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países extranjeros”, debe aplicarse la doctrina de la nacionalidad o la del domicilio. El Tribunal opinó gue el concepto “ciudadano de Puerto Rico” bajo la Ley Foraker y la Ley Jones son distintos. Bajo la primera denotaba un status político. Bajo la segunda, razona el Tribunal en modo confuso, “ciudadano de Puerto Rico” significa “persona domiciliada en Puerto Rico”; ergo, la doctrina aplicable es la del domicilio. Expresó el Tribunal:

“Al así interpretar el efecto que la enmienda al concepto de ciudadanos de Puerto Rico causó la aprobación del Acta Jones en 1917 con su adición del artículo 5a en el año 1927, damos vida al concepto nacional que tiene la ciudadanía de los Estados Unidos que ostentamos. · Sólo somos ciudadanos de Puerto Rico en el sentido de que somos residentes de Puerto Rico, teniendo la palabra residente el alcance de domicilio. El mismo efecto tiene la ciudadanía de un Estado de la Unión en relación con la ciudadanía nacional…” (534)

Compárese este caso con Antongiorgi v. Registrador, 6D.P.R. 492 (1904), y Bartholomew v. Allen et al., 24 D.P.R. 370 (1916). veánse además, Marimón v. Pelegrí, 2 D.P.R. 331 (1902) y Cruz v. Domínguez, 8 D.P.R. 580 (1905). En Antongiorgi y Bartholomew se aplicó la regla de la nacionalidad, aunque en Lópkez se insiste en que la norma verdaderamente aplicada fue la del domicilio. Marimón, Cruz y Lópkez representan la invasión de las normas conflictuales norteamericanas en el campo del Derecho Internacional Privado. Al mismo efecto: Babilonia v. Registrador, 62 D.P.R.688 (1943); Fenning v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 615 (1968) y Pueblo v. Denis Rivera, 98 D.P.R. 704 (1970). Esta doctrina fue repudiada en Toppel v. Toppel, 114 DP.R. 775 (1983).

L.R.F. 5a.2 Tes. v. Tribl. Contribuciones y Solé, 69 D.P.R. 905 (1949)

La ciudadanía de Puerto Rico está predicada en domicilio en Puerto Rico, Al casarse una mujer puertorriqueña pierde, sin embargo, su domicilio de origen y adquiere, “por ministerio de la ley”, el de su esposo. Sobre esta última doctrina, lo que establece el artículo 11 (5) del Código Político es una simple presunción que luego se eleva, como en el derecho común, a categoría de norma. Véanse: Sureda v. Sureda, 22 D.P.R667 (1915); Carrero v. Del Castillo, 41 D.P.R. 417, 428 (1930).

L.R.F. 5b     Ciudadanía (cont.)

Texto

“Toda persona nacida en Puerto Rico en o después del ll de abril de 1899 (ya sea antes o después de la fecha en que entre en vigor esta Ley) y que no sean ciudadanos, súbditos o nacionales de alguna potencia extranjera, se declaran por la presente ciudadanos de los Estados Unidos; Disponiéndose, que esta Ley no se interpretará en el sentido de privar de su ciudadanía americana a ninguna persona, natural de Puerto Rico, que antes la hubiere. adquirido legalmente de otro modo; ni en el sentido de extender tal ciudadanía a aquellas personas que la hubieren renunciado o perdido bajo los tratados o leyes de los Estados Unidos, o que al presente residieran permanentemente en el extranjero y fueren ciudadanos o súbditos de un país extranjero; y Disponiéndose, además, que cualquier mujer, natural de Puerto Rico y que resida permanentemente en Puerto Rico que, antes del 2 de marzo de 1917 hubiere perdido su nacionalidad americana por razón de su matrimonio con un extranjero elegible para la ciudadanía americana, o a causa de la pérdida de la ciudadanía de Estados Unidos por su esposo, puede naturalizarse bajo las disposiciones de la sec. 4 de la Ley del Congreso de 22 de septiembre de1922, titulada: ‘Ley relativa a la naturalización y la ciudadanía de la mujer casada’, según enmendada.”

Referencias

Véanse las anotadas bajo L.R.F. 5.

Nota histórica

El segundo disponiéndose’ de este artículo fue derogado por la sección 504 de la Ley de la Nacionalidad de 1940, Ley de14 de octubre de 1940, c. 876, 54 Stat. 1137. El resto del artículo ha perdido vigencia, gobernando sus disposiciones inicialmente la sección 202 de la referida Ley de la Nacionalidad y en la actualidad la sección 302 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, 8 U.S.C.A sec. 1402 (se copia su texto en L.R.F. 5.2)

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 derogó también otro artículo de la Ley Jones, añadido por Ley de 25 de junio de1948, cap. 649, 62 Stat. 1015, y también designado como 5b, que simplemente aclaraba que la extinta Ley de la Nacionalidad de 1940no era aplicable a las personas que adquirieron su ciudadanía bajo las disposiciones de los artículos 5 y 5a de la Ley Jones. Sobre este particular véase hoy la mencionada ley de 1952, 8U.S.C.A. secs. 1484 y 1485.

Por ley de 16 de mayo de 1938, cap. 225, 52 Stat. 377,se añadió un artículo 5c a la Ley Jones para atender el caso de aquellas personas que por información equivocada no ejercieron el derecho a obtener la ciudadanía americana dentro del plazo prescrito por los artículos 5 y 5a. El artículo 5c fue derogado por la sección 504 de la Ley de la Nacionalidad de 1940, 54 Stat. 1137.

Jurisprudencia

Dada la importancia de la sección 302 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, 8 u.s.c. sec. 1402 (se copia su texto en L.R.F. 5.2, supra), la jurisprudencia que aquí se comenta, arbitrariamente designada como la serie L.R.F. 5b, tratará sobre los casos en que se cita tal sección, aunque no forma parte de la Ley de Relaciones Federales.

L.R.F. 5b.l Gay v. Brownell, 120 F. Supp. 319 (D.C.P.R.1954).

El demandante nació en Puerto Rico en 1907 de padres franceses. En 1928 obtuvo la ciudadanía americana por naturalización bajo los artículos 5 y 5a de la Ley Jones (hoy comprendidos en 8 U.S.C. sec. 1402, la sección comentada). Al enlistarse en el ejérctio francés perdió la ciudadanía americana, mas se naturalizó nuevamente en 1945. Regresó a Puerto Rico, donde residió unos años. Luego se trasladó a Francia a representar una compañía norteamericana. Allí se le dio a entender por funcionarios consulares norteamericanos que el estatuto de expatriación por tres años no le aplicaba, dada la razón de su estadía en Francia. Transcurrido ese término el gobierno de Estados Unidos intentó expatriarlo. El Tribunal decidió a favor del demandante, señalando que la expatriación se produce por actos voluntarios, mas no por aquellos inducidos por el propio gobierno.

L.R.F. 5b. 2 Conrad v. Dulles, 155 F. Supp. 542 (D.C.P.R.1957)

La demandante nació en Puerto Rico en 1906. Su padre, quien residía en Puerto Rico el 11 de abril de 1899 era un súbdito español al momento del nacimiento de la hija pues había resuelto conservar ese status bajo el Tratado de París. Debido a que la demandante creyó erróneamente que se convirtió en ciudadana americana bajo el artículo 5 de la Ley Jones, ella no actuó dentro del plazo que prescribe esa disposición para adquirir tal ciudadanía. Al aprobarse en 1938 la sección 5c, sin embargo, la demandante se naturalizó bajo sus términos. Al residir luego por unos cinco años en la República Dominicana, el gobierno de los Estados Unidos determinó que la demandante había perdido su ciudadanía. El Tribunal resolvió que no. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, 8 u.s.c. sec. 1485(10), relativa a la expatriación, no se aplica a nacionales como la demandante.

L.R.F. 5b.3 Puig Jiménez v. Glover, 255 F. 2d 54(1r Cir. 1958)

La apelante nació en Puerto Rico en 1922 de padres españoles. Bajo el artículo 5 de la Ley Jones ella no era en consecuencia ciudadana americana. Tampoco adquirió la ciudadanía dentro del término que fija el referido artículo. En 1936 la apelante acompañó a sus padres a Palma de Mallorca. Debido a la guerra no pudieron regresar hasta el 14 de julio de 1941. La cuestión a resolver era si bajo la sección 202 de la Ley de la Nacionalidad, equivalente a la actual 8 u.s.c. sec. 1402 (véase L.R.F.5.2, ante, para el lenguaje de ambas), la apelante estaba “residiendo” en Puerto Rico el 13 de enero de 1941. El Tribunal de Apelaciones, revocando a la Corte de Distrito, resolvió correctamente que el término no significa presencia física, sino “sitio general de habitación” o “residencia estatutaria”. La menor y sus padres no habían regresado antes a Puerto Rico por dificultades de la guerra. El hecho de que, por entender que era ciudadana americana la apelante no había reclamado esa ciudadanía al cumplir veintiún años, 54 Stat. 1148, influyó a todas luces la decisión del caso.

L.R.F. 5b.4 United States v. Valentine, 288 F. Supp.957 (D.C.P.R. 1968)

Los demandados plantearon que la Ley de Servicio Selectivo es inconstitucional de aplicarse a ciudadanos de Puerto Rico sin derecho a participación en los procesos políticos de Estados Unidos. La Corte señaló que el derecho al voto no es un derecho inherente a la condición de ciudadanos. Art. I, sec. 2; Enmienda Decimoséptima de la Constitución de Estados Unidos. “Since the franchise is not per se a right of citizenship, it follows that it is not a precondition to imposition of duties of citizen United States v. Vargas, 370 F. Supp. 908(D.C.P.R. 1974)

L.R.F. 5b.5 Arroyo v. Tucker, 372 F. Supp. 764 (E.D.Pa.1974)

Los demandantes incoaron esta sección para obligar a funcionarios de Pennsylvania a implementar un proceso electoral bilingüe pues se estaba discriminando contra puertorriqueños que no sabían inglés. El Tribunal expidió el interdicto por entender que el uso exclusivo del inglés en tales procesos estaba violando los derechos de los puertorriqueños bajo legislación federal. Los ciudadanos puertorriqueños residentes en Estados Unidos no tienen que demostrar fluidez en inglés para poder votar. Veánse:

Katzenbach v. Morgan, 384 U.S. 641 (1966); Puerto Rican Organization for Political Action (“PROPA”) v. Kusper, 490 F. 2d 575 (7° cir. 1973).

L.R.F. 5b.6 Soberal Pérez v. Heckler, 717 F. 2d 36 (2° Cir. 1983)

Un grupo de puertorriqueños y otros hispanos con conocimiento escaso de inglés alegaron que la Secretaria de Salud y Servicios Humanos violó sus derechos bajo las cláusulas de debido proceso de ley e igual protección de las leyes y la Ley de Derechos Civiles de 1964 al no proveerles información en español sobre sus solicitudes de beneficios por incapacidad e ingresos suplementarios. Al no entender la respuesta en inglés .lgs demandantes habían perdido su derecho a apelar. El Tribunal concluyó que no se estaba discriminando contra los hispanos como grupo.

L.R.F. 5b.7 Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980)

Puerto Rico recibe menos asistencia que los estados bajo el programa de Ayuda a las Familias con Hijos Dependientes. Los demandantes, ciudadanos de los Estados Unidos residentes en Puerto Rico, cuestionaron la validez del programa bajo la cláusula de igual protección de las leyes de la Quinta Enmienda. El Tribunal resolvió que el Congreso puede tratar a Puerto Rico de modo diferente bajo la cláusula territorial, siempre que exista una base racional para sus actos.

En opinión disidente, el Juez Marshall señaló que los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos y que aunque los Casos Insulares expresan que varias garantías de la Constitución no se extienden a Puerto Rico, la validez de esas decisiones es cuestionable.

L.R.F. 6   Los Gastos del Gobierno

Texto

“Todos los gastos en que incurriere el Gobierno de Puerto Rico por sueldos de funcionarios y atenciones de sus oficinas y departamentos, y todos los gastos y obligaciones contraídos para mejoras internas o fomento de la isla, no incluyéndose, sin embargo, las obras de defensa, cuarteles, puertos, faros, boyas y otras obras emprendidas por los Estados Unidos, serán satisfechos.. por el Tesorero de Puerto Rico con los fondos a su cargo, a no ser que otra cosa se provea específicamente por el Congreso.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, I, 227; II, 90

Nota histórica

Este artículo es calco del artículo 12 de la Ley Foraker.

Jurisprudencia

Ninguna.

L.R.F. 7     La Propiedad Federal

Texto

“Toda propiedad que hubiere sido adquirida en Puerto Rico por los Estados Unidos, en virtud de la cesión hecha por España en el tratado de paz celebrado el día10 de diciembre de 1898, en puentes públicos, casas camineras, fuerza motriz de agua, carreteras, corrientes no navegables y lechos de las mismas, aguas subterráneas, minas o minerales bajo la superficie de terrenos particulares; toda propiedad que al tiempo de la cesión pertenecía, en virtud de las leyes de España entonces en vigor, a las diferentes juntas de obras de puertos de Puerto Rico; todas las orillas de los puertos, muelles, embarcaderos, terrenos saneados y todos los terrenos y edificios públicos no reservados hasta ahora por los Estados Unidos para fines públicos, quedan por la presente bajo el dominio [“control”] del Gobierno de Puerto Rico; y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tendrá autoridad, con sujeción a las limitaciones impuestas a todas sus leyes, para legislar respecto a todos esos asuntos según lo estimare conveniente. Sin perjuicio de otras disposiciones legales, el término dominio ‘para esta sección incluye todo derecho, título, interés, jurisdicción y autoridad sobre los expresados bienes, y todos los derechos de propiedad, de administración, disposición, renta, uso y desarrollo de los mismos; Disponiéndose, que el Presidente podrá de tiempo entiempo, a su discreción, traspasar al Pueblo de Puerto Rico aquellos terrenos, edificios o intereses en terreno su otras propiedades pertenecientes en la actualidad a los Estados Unidos y dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, que a su juicio no se necesiten ya para propósitos de los Estados Unidos, Y él podrá de tiempo. en tiempo aceptar de Puerto Rico, mediante concesión legislativa, cualesquiera terrenos, edificios u otros intereses o propiedades que fueren necesarios a los Estados Unidos para fines públicos.”

Referencias

  1. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, I, 227; II, 9091; IV, 141143, 179.

Nota histórica

La parte de este artículo que precede al disponiéndose proviene del artículo 13 de la Ley Foraker. El disponiéndose, que sufriría modificaciones, se añadió en 1917 como parte de la Ley Jones. El artículo 9 de la Ley Orgánica de Filipinas de 1916afectaría su redacción. Ls primera modificación, no expresa, ocurrió por ley de 20 de febrero de 1931, 46 Stat. 1191, cap. 235, en que el Congreso, sin referirse a la Ley Jones, dispuso que“…here after no real estate of the War Department shall be sold or disposed of without authority of Congress…” En opinión de31 de enero de 1950, 41 Op. Atty. Gen. No. 9, el Procurador General de los Estados Unidos sostuvo que dicha ley modificaba la Ley Orgánica de Puerto Rico en lo que concernía el traspaso de propiedad del Ejército.

La sección 7 comentada ha sido afectada por otra legislación. Véanse, entre otras: Ley de 30 de junio de 1949, c. 288, Tit. II, sec. 203, 63 Stat 385, según enmendada, 40 U.S.C.A. sec. 484; Ley de 28 de septiembre de 1951. c. 434, Tít. VI, secs.601604, 65 Stat. 365, 366, 40 U.S.C.A. sec s. 551554. Esta última ley fue derogada por la de 10 de agosto de 1956, c. 1041, sec. 53, 70 A Stat. 641, la cual gobierna las transferencias concernidas por las disposiciones de 10 U.S.C. sec. 2662 y 50 App. U.S.C. sec. 2285, todas posteriores al establecimiento del Estado Libre Asociado.

La sección 7 de la Ley de Relaciones Federales ha sido una consecuencia alterada en buena medida por el Congreso en forma unilateral después de 1952.

Sobre la legislación local, consúltese la Ley núm.36 de 12 de mayo de 1980.

Jurisprudencia

L.R.F. 7.1 23 Op. Atty. Gen. 564 (1901)

Ya que Estados Unidos no hizo reserva alguna, expresa o implícita sobre el particular, es necesario que Puerto Rico efectúe la cesión de los terrenos correspondientes para que la Marina pueda establecer una estación naval en Culebra.

L.R.F. 7.2 Gromer v. Standard Dredging Co., 224 U.S. 362 (1912)

La reserva efectuada por Estados Unidos de las zonas portuarias y las aguas navegables en el artículo 13 de la Ley Foraker no constituye una limitación al ejercicio de funciones gubernamentales por Puerto Rico, el cual puede imponer contribuciones a propiedad (material de dragado) sita en dichas aguas.

L.R.F. 7.3 23 Op. Atty. Gen. 571 (1901)

El gobierno de Estados Unidos no tiene que pagarle canon alguno al gobierno de Puerto Rico por el edificio de correos en San Juan, que pertenecía al gobierno español y fue adquirido por Estados Unidos al cederse a Puerto Rico.

L.R.F. 7.4 25 Op. Atty. Gen. 166 (1904)

Los Estados Unidos pueden establecer ayudas para la navegación en aguas bajo el control de Puerto Rico sin necesidad de transferencias de control.

L.R.F. 7.5 Velázquez v. People of Puerto Rico, 77 F. 2d 431 (1r cir. 1935)

El Juez del Toro fue agredido en su oficina del Tribunal Supremo, entonces sito en las barracas de Santo Domingo. Esta propiedad había sido reservada por el gobierno de Estados Unidos. Se resolvió que las cortes federales tenían jurisdicción exclusiva sobre el incidente.

L.R.F. 7.6 Baldrich v. Barbour, 90 F. 2d 867 (1r cir. 1937)

El Tribunal denegó la reclamación del apelante al efecto que él era el dueño del bosque de Luquillo por descendencia de quien poseía los terrenos por acto de la Corona española. Se determinó que su título, si alguno, había prescrito.

L.R.F. 7.7. United States v. San Gerónimo Development Co., 154 F. 2d 78 (1r cir. 1946)

La Marina le arrendó en 1921 al señor Baker ciertos terrenos, reservándose su libre uso en caso de guerra. En 1929el Presidente de los Estados Unidos le transfirió estos terrenos al gobierno de Puerto Rico bajo la autoridad conferida por la sección 7 comentada. La cuestión a resolver era si el derecho de la Marina al libre uso de la propiedad había sobrevivido la transferencia efectuada por el Presidente. Se decidió que sí. El Tribunal señaló que la sección 7 autoriza al Presidente a transferir estas propiedades, pero no a afectar el derecho reservado por la Marina.

En San Geronimo Develop. Co. v. Treasurer of Puerto Rico, 233 F. 2d 126 (1r cir. 1956) el Tribunal resolvió que la transferencia a Baker no tuvo el efecto de inmunizarlo de contribuciones impuestas por el gobierno de Puerto Rico.

L.R.F. 7.8 Com. of Puerto Rico v. Alexander, 438 F. Supp. 90 (D.C.D. Colum. 1977)

El Tribunal determinó que la Federal Water Pollution Control Act Amendments de 1972 y sus reglamentos se aplican a las aguas no navegables de Puerto Rico. El Tribunal interpretó en modo restringido la sección 7 de la Ley de Relaciones Federales, subordinándola por entero a la sección 9 de tal ley. Para la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia todas las leyes federales se extienden a Puerto Rico a menos que no sean localmente inaplicables. La sección 7 le permite a Puerto Rico legislar sobre las propiedades que se le transfieren más, según reza su texto, “con sujeción a las limitaciones impuestas a todas sus leyes”. El control federal adecuado de la contaminación, razonó el Tribunal, requiere el reconocimiento de la autoridad del Congreso para reglamentar tanto las aguas navegables como no navegables. El Tribunal debió haber articulado con mayor precisión la norma limitativa de la sección 7 resolviendo, a lo sumo, que la facultad legislativa local en estos casos no afecta el poder legislativo del Congreso cuando el asunto requiera tratamiento general uniforme.

Sobre la forma análoga de aplicarles a los estados la legislación federal concernida, véase: United States v. St. Bernard Parish, 589 F. Supp. 617 (E.D. La. 1984)

L.R.F. 7.9 United States v. Parrilla Bonilla, 648 F. 2d1373 (1r. Cir. 1981)

El Tribunal discute, pero no resuelve, cuáles son las fronteras de la Marina en Vieques y el problema de la propiedad de las playas de Puerto Rico. El Tribunal citó con aprobación, sin embargo, a Colocotroni, infra.

L.R.F. 7.10 Com. . of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, 456 F. Supp. 1327, 1336 (D.C.P.R. 1978),

confirmado en su parte pertinente: 628 F. 2d 652, 670 (1980) El Tribunal de Distrito expresó, a la página citada:

“The United States has transferred to the Commonwealth all interest it had in the navigable waters of Puerto Rico and their resources, and in the submerged lands and their resources… The Commonwealth has title to all beaches and to the maritime terrestrial zone abutting the navigable waters…”

L.R.F. 8.       El Control de las Zonas Portuarias y de las Aguas Navegables

Texto

“La superficie de los puertos y los cursos y extensiones de aguas navegables y los terrenos sumergidos bajo ellos dentro y alrededor de la Isla de Puerto Rico y de las islas y aguas adyacentes que ahora pertenecen a los Estados Unidos y no han sido reservados por los Estados Unidos para fines públicos, quedan por la presente colocados bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico, para que sean administrados de la misma manera y con sujeción a las mismas limitaciones que las propiedades enumeradas en el artículo precedente; Disponiéndose, que todas las leyes de los Estados Unidos para la protección y mejoramiento de las aguas navegables de los Estados Unidos y para la conservación de los intereses de la navegación y del comercio, serán aplicables a dicha isla y aguas y a sus islas y aguas adyacentes, excepto en aquello en que las mismas sean localmente inaplicables; Disponiéndose, además, que nada en esta Ley se interpretará en el sentido de afectar o menoscabar de ningún modo los términos o condiciones de cualesquiera autorizaciones, permisos u otras facultades concedidas legalmente hasta ahora por el Secretario de la Guerra u otro funcionario. o agente autorizado de los Estados Unidos en o en relación con dichas aguas y terrenos sumergidos en y alrededor de dicha isla y de sus islas adyacentes, o hasta este momento ejercidos legalmente en o en relación con las mismas aguas y terrenos. Sin per juicio de otras disposiciones legales, y a los efectos de esta sección(1) ‘terrenos sumergidos bajo extensiones de aguas navegables’ incluye tierras permanente o periódicamente cubiertas por las mareas hasta, pero no más allá, de la línea de marea alta promedio, todas las tierras sumergidas bajo extensiones de aguas navegables dentro y alrededor de la isla de Puerto Rico e islas adyacentes, y todas las tierras artificialmente hechas, rellenadas o ganadas al mar que con anterioridad estuvieron sumergidas bajo extensiones de aguas navegables; (2) ‘aguas navegables y terrenos sumergidos bajo ellas dentro y alrededor de la Isla de Puerto Rico y de las islas y aguas adyacentes’ incluye todas aquellas que se extienden desde la línea costera de la isla de Puerto Rico y de las islas adyacentes tal y como ha sido o en el futuro fuere modificada o alterada por avulsión, erosión, o receso de las aguas hasta tres leguas marítimas en dirección mar afuera; (3) ‘dominio’ incluye todo derecho, título, interés, jurisdicción y autoridad sobre las tierras sumergidas bajo la superficie de los puertos y los cursos y extensiones de aguas navegables dentro y alrededor de la isla de Puerto Rico y de las islas y aguas adyacentes, y de todos los recursos naturales existentes bajo esos terrenos sumergidos y aguas, e incluye derechos al dominio y propiedad, administración, disposición, renta, uso y desarrollo de dichos recursos naturales y tierras sumergidas bajo las expresadas aguas; y Disponiéndose, además que la Ley del Congreso aprobada en 11 de junio de 1906, y titulada “Ley concediendo poder al Secretario de la Guerra, bajo ciertas restricciones, para que autorice la construcción, extensión y sostenimiento de muelles, embarcaderos y otras obras sobre terrenos bajo superficies de puertos en ríos y aguas navegables, dentro o alrededor de Puerto Rico y sus islas adyacentes’ y todas las demás leyes y partes de leyes que estén en contradicción con este artículo quedan por la presente derogadas.”

Referencias

Casellas, “Federal and Commonwealth Jurisdiction in the field of Maritime Law”, 26 Rev. C. Abo. P.R. 259 (1966).

Ydrach, “Court Decisions Regarding Maritime Law in Puerto Rico”, 26 Rev. c. Abo. P.R. 121 (1966).

Arroyo, “The Conflict between the Federal Relations Act and the General Law of Admiralty”, 26 Rev. c. Abo. P.R.189 (1966). Headrick, “El Sistema Normativo Vigente en las Aguas Territoriales de los Estados Unidos y de Puerto Rico”,38 Rev. Jur. U.P.R. 329 (1969).

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 91; IV, 143144

Nota histórica

Este artículo no tiene equivalente en la Ley Foraker, como tampoco en la legislación orgánica de Filipinas, Hawaii y Alaska, excepto en lo que toca a la aplicación en Puerto Rico de las leyes de Estados Unidos para la protección y mejoramiento de las aguas navegables de los Estados Unidos y para la conservación de los intereses de la navegación y del comercio. Adviértase que, por el contrario, el artículo 13 de la Ley Foraker excluía del control de Puerto Rico la superficie de los puertos o aguas navegables.

El artículo comentado no trata el asunto del cabotaje, del cual se sigue ocupando el artículo 9 de la Ley Foraker, dejado implícitamente en vigor por el artículo 58 de la Ley Jones.

Las definiciones que contiene el artículo comentado fueron añadidas por la Ley de 12 de marzo de 1980, Pub. L. 96205, Tit. VI, sec. 606(b), 94 Stat. 91, 48 U.S.C.A. 749.

Jurisprudencia

L.R.F. 8.1 Guerrido v. Alcoa Steamship Co., 234F. 2d 349 (1r cir. 1956)

La Corte de Distrito había resuelto en este caso, 134 F. Supp. 459, que el derecho estadounidense de almirantazgo no rige las aguas. navegables de Puerto Rico. Así se había decidido antes del establecimiento del Estado Libre Asociado en Lastra v. New York & Porto Rico s.s. co., 2 F. 2d 812 (1r cir.1924). El Tribunal de Apelaciones expresó una norma contraria:

“We conclude, therefore, that the rules of the admiralty and maritime law of the United States are presently in force in the navigable waters of the United States in and around the island of Puerto Rico to the extent that they are not locally inapplicable either because they were not designed to apply to Puerto Rican waters or because they have been rendered inapplicable to these waters by inconsistent Puerto Rican legislation. This is not to say, of course, that Puerto Rican legislation could thus supplant a rule of maritime lav which Congress in the exercise of its constitutional power has expressly made applicable to Puerto Rican waters.”(355)

El Tribunal concluyó, sin embargo, que la ley aplicable en estecase era la Lay de Compensación a Obreros por Accidentes del Trabajo de Puerto Rico:

“In the Lastra case, this court held that the Workmen’s Accident Compensation Act of Puerto that view. For we Still think, as we indicated in the Lastra case, that Congress intended bysection 8 of the Jones Act to give the Legislature of Puerto Rico full power to provide compensation for marine workers injured in Puerto Rican waters to the exclusion of the remedies against their employers provided by the American maritime law.”(355)

La Corte explicó que el Congreso carecía de poder constitucional para disponer lo mismo respecto a los estados, pero que la cláusula territorial proveía base adecuada para la sección 8 de la Ley Jones. Respecto a la situación bajo el Estado Libre Asociado expresó el Tribunal:

“There is nothing in the Congressional action which led to the establishment of the Commonwealth of Puerto Rico to suggest that Congress intended the Commonwealth to have less power of legislation in the field of maritime law than the territorial legislature had therefore enjoyed.” (356)

L.R.F. 8.2 Flores v. A.H. Bull Steamship Co., 167 F. Supp. 841 (D.C. P.R. 1958)

Los términos prescritos que fija la Ley de Compensaciones a Obreros por Accidentes del Trabajo de Puerto Rico rigen las acciones de daños a marineros. La Corte rechazó la regla del Segundo Circuito al efecto que la prescripción se rige por la ley del estado donde se presentó la acción, que en este caso fue Nueva York. “…it would be inequitable”, afirmó la Corte, “…mechanically to apply the statute of the state of filing of the libel in these cases, when all subsequent proceedings are to take place in the forum where the alleged accident ocurred, especially so where, as here, the cases were first filed as Jones Act actions and after being transferred to this forum, changed to admiralty suits upon plaintiffs’ motion.” (843)

L.R.F. 8.3 Fonseca v. Prann, 282 F. 2d 153 (ir cir. 1960), cert. den. 365 U.S. 860.

Los apelantes eran marineros que recobraron daños bajo la ley puertorriqueña por accidentes sufridos en aguas navegables de Puerto Rico. Luego incoaron acciones por resarcimiento bajo el derecho marítimo de Estados Unidos. Las acciones fueron desestimadas.

En Southern Pacific Co. v. Jensen, 244 U.S. 205(1917) el Tribunal Supremo de Estados Unidos había establecido que la Constitución de los Estados Unidos le confiere poder exclusivo al gobierno federal sobre cuestiones de almirantazgo yjurisdicción marítima. Véase también: Knicker bocker Ice Co. v. Stewart, 253 U.S. 149, 164 (1920). La Corte de Apelaciones comentó:

“These decisions impose constitutional restriction on the power of the State and on the power of Congress to delegate its legislative powers to the States. But, whatever the actual status of the Commonwealth of Puerto Rico may be in all its details, its present status is certainly not that of a State of the United States. Nor is it even that of a territory incorporated into the union’ preparatory to statehood… [I]n Lastra and Guerrido this court held and we agree that Congress… gave the Legislature of Puerto Rico power to enact legislation inconsistent with the Jones Act and the general maritime law, and that the Legislature of Puerto Rico had exercised its power in its Workmen’s Accident compensation Act. Of course if Congress sees fit it may supplant the local legislation as it applies to local navigable waters by making the Jones Act and the general maritime law of unseaworthinessspecifically applicable in Puerto Rican waters, but itis not our function to do so.

“We recognize that this holding creates an areaof lack of uniformity in the maritime law. But it isclearly recognized in the Jensen case… that absoluteuniformity in things maritime is not a constitutionalrequirement nor is it even essential to the properharmony of the maritime law in its interstate andinternational relations.” (155, 157).

L.R.F. 8.4 Waterman Steamship Corporation v. Rodríguez,290 F. 2d 175 (ir cir. 1961)

Distinto a Fonseca (L.R.F. 8.3). en que se demandó a un patrono, aquí se demandó a un tercero bajo otra disposición de la legislación marítima estadounidense. Se sostuvo la aplicabilidad de la legislación. Véase: L.B. 22, ante.

L.R.F. 8.5 Alcoa Steamship Company v. Pérez Rodríguez,376 F. 2d 35 (ir cir. 1967), cert. den. 389 U.S. 905.Reafirma a Guerrido, etc. Véase: L.B. 27, ante.

L.R.F. 8.6 Arroyo v. M/V Island Queen II, 259 F. Supp.15 (D.C. P.R. 1966)

Véase: L.B.28, ante. Es parte de la serie de Guerrido, Fonseca, etc.

L.R.F. 8.7 López Correa v. Marine Navigation Co., 289F. Supp. 993 (D.C. P.R. 1968)

Parte de la serie de Guerrido. Véase también sobre el particular a Musick v. Puerto Rico Telephone company, 357 F.2d 603 (1r cir. 1966), revocado en Colón Nuñez v. Horn-Linie, 423 F. 2d 952 (1r cir. 1970).

L.R.F. 8.8 Feliciano v. United States, 297 F. Supp. 1356(D.C. P.R. 1969)

El demandante impugnó la creación en Culebra de una“zona de defensa”. Argumentó que, en vista que la sección comentadase le entrega a Puerto Rico el control de sus aguas navegables nopodía establecerse en ella una zona de defensa sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico. El Tribunal rechazó el argumento. A su juicio, el Presidente tenía el poder necesario paraestablecer la zona bajo 18 U.S.c. sec. 967.

L.R.F. 8.9 Alcoa Steamship v. Pérez, 295 F. Supp. 187(D.C. P.R. 1968)

Discute la existencia de la facultad para requerirles a compañías navieras el pago de primas en Puerto Rico parael seguro de obreros bajo la Ley de Compensación de Obreros por Accidentes del Trabajo. Véase: Alcoa Steamship. Comgany v. Vélez, 376

  1. 2d 521 (1r Cir. 1967). Véase también: L.B. 35.

L.R.F. 8.10 Santiago v. Sea-Land Service, Inc., 366 F. Supp. 1309, 1321 (D.C. P.R. 1973)

Al aplicar a los hechos de este caso la Carriage of Goods by Sea Act, 46 U.S.C. sec. 1300 et seq. el Tribunal aclara que su decisión no debe intrepretarse que afecta la norma que Puerto Rico puede apartarse de la regla de uniformidad que gobierna el derecho marítimo de los Estados Unidos.

L.R.F. 8.il Molinos de Puerto Rico, Inc. v. Sheridan Towing Company, 62 F.R.D. 172 (D.C. P.R. 1973)

Puerto Rico goza de facultad para imponerle responsabilidad sin culpa al dueño de una embarcación por daños que le cause en sus aguas navegables a propiedad del gobierno.

L.R.F. 8.12 Caraballo v. Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, 388 F. Supp. 308 (D.C. P.R. 1974).

El Tribunal, fundándose en Guerrido (L.R.F. 1), resolvió que el derecho estadounidense de almirantazgo se aplica a daños sufridos por un pasajero en la bahía de San Juan.

L.R.F. 8.13 Manuel Cáceres v. San Juan Barge Company, 520 F. 2d 305 (1r cir. 1975)

Un marino puertorriqueño sufrió un accidente en aguas de Louisiana. El Tribunal distinguió este caso de aquéllos en que el accidente ocurre en aguas navegables bajo el control del gobierno de Puerto Rico. En esta última situación la ley puertorriqueña sobre compensación a obreros por accidentes del trabajo desplaza a la ley norteamericana comparable, la ley Jones.

Salas Mojica v. Puerto Rico Lighterage Company, Inc., 492 F. 2d. 904(1* cir. 1974); Alcoa Steamship Company v. Pérez Rodríguez, 376F. 2d 35 (ir cir. 1967); Fonseca v. Prann , 282 F. 2d 153 (1rCir. 1960); Guerrido   v.   Alcoa Steamship Co . , 234 F. 2d 349(1r cir. 1956). Estos casos, sin embargo, no pueden derrotar una reclamación basada en un accidente ocurrido en aguas navegables fuera de Puerto Rico

L.R.F. 8.14 Barcelo v. Brown, 478 F. Supp. 646 (D.C. P.R.1979)

El Secretario del Ejército tiene autoridad bajola Rivers and Harbor Acts de 1889, 33 U.S.C. sec. 1 et seq., para restringir el acceso a las aguas navegables de Puerto Rico cercanas a Vieques. “The Plaintiffs’ representations that the Federal Relations Act… negates Defendant Navy’s right to operate in this area are based on a misreading of that law and are contrary to sections 734 and 749 [los artículos 9 y 8] of the same.” (701)

Se advertirá que este caso amplía el ámbito del primer disponiéndose del artículo 82 la Ley de Relaciones Federales y que subordina cuestionablemente este artículo a lo provisto generalmente en el artículo 9 de la Ley de Relaciones Federales.

L.R.F. 8.15 Com. of Puerto Rico v. Muskie, 507F. Supp. 1035 (D.C. P.R. 1981)

El gobierno de Estados Unidos posee Fort Allen. Así lo ha reconocido el gobierno de Puerto Rico. El ejercicio de poder federal sobre esta propiedad no contraviene la sección comentada (el Tribunal se debió referir en vez a la sección 7 de la Ley de Relaciones Federales).

En este caso la Corte expidió un injunction para prohibir el traslado a Fort Allen por el gobierno de Estados Unidos de refugiados haitianos. El auto fue dejado sin efecto en Colón v. Carter, 633 F. 2d 964 (i* cir. 1980).

L.R.F. 8.16 Lusson v. Carter, 704 F. 2d 646 (17 cir. 1983)

El Tribunal rechazó sumariamente el argumento quela sección 8 de la Ley de Relaciones Federales es inconstitucional y reafirmó una vez más que la legislación puertorriqueña sobre compensación a obreros por accidentes del trabajo desplaza los remedios federales.

L.R.F. 8.17 Williams v. McAllister Bros. Inc., 534 F. 2d 19(2° Cir. 1976)

El Segundo Circuito comparte las expresiones en Guerrido (L.R.F. 1) y otros casos (ver la lista parcial en Cáceres, L.R.F. 13) sobre el desplazamiento de la ley federal por la puertorriqueña.

L.R.F. 8.18 Construction Aggregates Corp. v. Rivera de Vicenty, 573 F. 2d 86 (1r cir. 1978).

La Ley de Compensación a Obreros por Accidentes del Trabajo de Puerto Rico no puede aplicarse a marinos perjudicados en una embarcación poseída por una corporación no puertorriqueña cuando el contrato de empleo no se celebró en Puerto Rico. Almi smo efecto: Alcoa Steamship Co. v. Vélez, 376 F. 2d 521(1r cir. 1967).

L.R.F. 8.19 García v. Friesecke, 597 F. 2d 284 (ir cir. 1979)

El Tribunal rechaza un fuerte ataque a Guerrido (L.R.F. 8.1), Fonseca (L.R.F. 8.3) y su progenie y resuelve quela Longshore and Harbor Workers’ compensation Act, 33 U.S.C. sec. 90150 no se aplica a Puerto Rico.

L.R.F. 8.20 United States v. Ferrer, 613 F. 2d 1188(1r cir. 1980)

El apelante fue convicto de erigir una estructuraen aguas navegables de Puerto Rico (la Parguera), sin el permiso requerido por la legislación federal, 33 U.S.C. sec. 403. El apelante argumentó que por estar estas aguas bajo el control de Puerto Rico, el permiso exigido por la legislación puertorriqueña excluía la necesidad del permiso federal. El Tribunal rechazó el planteamiento, señalando que bajo el artículo comentado de la Ley de Relaciones Federales y la sec. 403 citada existe jurisdicción concurrente y pueden requerirse los dos permisos.

L.R.F., 8.21 Com. of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, 456 F. Supp. 1327 (1978), 628 F. 2d 652.Véase L.R.F. 7.10, ante.

L.R.F. 8.22 United States v. Parrilla Bonilla, 648 F. 2d1373 (1r Cir. 1981).Véase L.R.F. 9, ante.

L.R.F. 8.23 Inter Island Ship. Corp. v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 648 (1963).

“… la autoridad de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para establecer un sistema de compensación ‘a obceros por accidentes de trabajo en la zona marítima, deriva del Art. 8 de la Carta Orgánica de 1917, dejada en vigor por la Ley de Relaciones Federales de 1950.” (654)

El Tribunal discute extensamente la naturaleza del artículo comentado y la jurisprudencia federal sobre el mismo. Véase: United P.R. Sugar Co. (of P.R.) v. Corte, 44 D.P.R. 930 (1933).

L.R.F. 8.24 Archilla v. Smyth Worldwide Movers, 106 D.P.R. 538 (1977).

Discute los límites de la Carriage of Goods by Sea Act (“Cogsa”), así como aspectos del artículo 8 de la Ley de Relaciones Federales. El Tribunal expresa que “Lastra ha sufrido erosión en la jurisprudencia federal posterior, aunque debe recordarse que es hasta ahora la norma de Lastra la que rige en este foro. United Porto Rican Sugar. Co. v. Corte, 44 D.P.R. 930 (1933).” (546, n.6).

L.R.F. 8.25 Rubert Armstronav. E.L.A., 97 D.P.R. 588(1969)

Contiene un amplio análisis de la sección comentada, desde el punto de vista del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Véanse: Pagán v. Srio. Recursos Naturales, 106 D.P.R. 15 (1977); ortiz Carrasquillo v. Municipio de Naquabo, 108 D.P.R. 366 (1979).

L.R.F. 9   Aplicablidad de las Leyes Federales

Texto

“Las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, salvo lo que en contrario se dispusiere en la presente, tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos, excepción hecha de las leyes de rentas internas que no sean aquellas contenidas en la Ley sobre el Comercio de Filipinas de 1946 o la Ley de 1955 para Revisar el Convenio sobre el Comercio de Filipinas; Disponiéndose, sin embargo, que en lo sucesivo todos los impuestos que se recauden con arreglo a las leyes de rentas internas de los Estados Unidos sobre artículos producido. en Puerto Rico y transportados a los Estados Unidos, o consumidos en la Isla, ingresarán en el Tesoro de Puerto Rico.”

Referencias

Cabranes, “Status of Puerto Rico”, 16 Int. & Comp. L. Q. 531 (1967).

Kegan, “Does federal trademark law apply to Puerto Rico? Yes! No!”, 57 Trademark Rep. 1 (1967).Leibowitz, “Applicability of federal law to the Comnmonwealth of Puerto Rico”, 56 Geo. L. J. 219(1967).

Leibowitz, “Drift of the Commonwealth”, 34 Rev. C. Abo. 635 (1973).

Rodríguez Antongiorgi, “Review of federal decisions on the applicability of United States laws in Puerto Rico subsequent to the establishment of the Commonwealth of Puerto Rico”,26 Rev. Jur. U.P.R. 321 (1957).

Sidall, “Inclusion of Puerto Rico in definition of ‘state’“, 39 Rev. c. Abo. 687 (1978).

J. Trías Monge, Historia Constitutional de PuertoRico, III, 27, 29, 35, 265; IV, 634, 73, 76, 83,87, 91, 93, 105, 112, 116, 126, 141, 14849, 166,180, 185, 187, 201.

Nota histórica

El artículo comentado deriva del artículo 14 de la Ley Foraker. El artículo contrasta con el sistema utilizado en el caso filipino de aplicación de las leyes federales tan sólo por disposición expresa del Congreso. El Secretario de Guerra, Elihu Root, se opuso en el curso de aprobación de la Ley Foraker a esta redacción. El Negociado de Asuntos Insulares del Departamento de la Guerra, así como el propio representante Jones, combatieron el método de aplicación general de las leyes finalmente empleado también en la Ley Jones, mas sin éxito.

El artículo comentado difiere del artículo 14 de la Ley Foraker en que aquél corrige una importante omisión de éste. La Ley Foraker, en contraste con la práctica respecto a las Islas Filipinas, privaba a Puerto Rico del ingreso de los impuestos cobrados bajo las leyes de rentas internas de Estados Unidos sobre artículos producidos en Puerto Rico y transportados a los Estados Unidos. La Ley Jones cambió esta situación.

En lo que respecta a las referencias a las leyes de 1946(22 U.S.C.A. s. 1251 et seq.) y de 1955 (22 U.S.C.A. s. 1371et seq.) la situación es curiosa, ya que ambas leyes han expirado. Para la consideración detallada del extenso historial relativo al tema de la aplicación en Puerto Rico de las leyes federales, véase: J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, passim.

Jurisprudencia

L.R.F. 9.1 1953) Mora v. Torres, 113 F. Supp. 309 (D.C. P.R.1953)

La Ley de Relaciones Federales no puede ser enmendada unilateralmente por el Congreso (dictum). (pág. 313 –véase L.B. 1)

L.R.F. 9.2 Mora v. Mejías, 206 F. 2d 377 (1r cir. 1953)

28 U.S.C. s. 2281 impide la emisión de interdictos para detener la ejecución de una ley o acto de un estado por razón de alegada inconstitucionalidad. La Corte expresó:

“Puerto Rico has thus not become a State in the federal Union like the 48 States, but it would seem to have become a State within a common and accepted meaning of the word… It is a political entity created by the act and with the consent of the people of Puerto Rico and joined in union with the United States of America under the terms of the compact.

“A serious argument could therefore be made that the Commonwealth of Puerto Rico is a State within the intendment and policy of 28 U.S.C. sec. 2281… If the constitution of the Commonwealth of Puerto Rico is really a ‘constitution’ as the Congress says it is, 66 Stat.327 and not just another Organic Act approved and enacted by the Congress, then the question is whether the Commonwealth of Puerto Rico is to be deemed ‘sovereign over matters not ruled by the Constitution of the United States and thus a ‘State within the policy of 28 U.S.C. sec. 1281…” (387)

L.R.F. 9.3 Consentino v. International Longshoremen’s Assn., etc., 126 F. Supp. 420 (D.C. P.R. 1954)

La ley Taft Hartley se aplica a Puerto Rico en igual forma que a los estados de la Unión.

L.R.F. 9.4 Carrión v. González, 125 F. Supp. 819(D.C. P.R. 1954).

La Ley Smith, 18 U.S.C. s. 2385 se aplica a Puerto Rico en igual forma que a los estados. Véase el comentario en L.B. 4. Consentino y Carrión expresan que las leyes federales aplicables a Puerto Rico antes del establecimiento del Estado Libre Asociado continúan aplicándose, más únicamente en cuanto pudiesen aplicarse constitucionalmente a los estados. El Congreso no puede legislar municipalmente para Puerto Rico.

L.R.F. 9.5 Arbona v. Kenton, 126 F. Supp. 366(S.D. N.Y. 1954)

También trata de la Ley Smith. Se sigue a Carrión, supra.

L.R.F. 9.6 United States v. Mejías, 131 F. Supp. 957(D.C. P.R. 1955)

Reitera la continuada aplicación a Puerto Rico de la ley Taft Hartley.

L.R.F. 9.7 United States v. Long, 118 F. Supp. 857(D.C. P.R. 1954)

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico es una “corte de los Estados Unidos “dentro del significado de 28 U.S.C. sec. 119.

L.R.F. 9.8 Guerrido v. Alcoa Steamship Co., 234 F. 2d. 349(1r cir. 1956).

Las leyes de almirantazgo y derecho marítimo de Estados Unidos aplican a las aguas navegables de Estados Unidos bajo el control de Puerto Rico. Puerto Rico puede legislar, no obstante, en forma inconsistente con tal legislación y derecho, a menos que el Congreso, en forma expresa, haya hecho constar una intención contraria.

L.R.F. 9.9 Unites States v. Ríos, 140 F. Supp. 376(D.C. P.R. 1956)

La Ley Federal de Armas continúa aplicándose a Puerto Rico, pero no en lo que respecta al comercio interno. Véase: L.B. 6.

L.R.F. 9.10 Mitchell v. Rubio, 139 F. Supp. 379(D.C. P.R. 1956)

La Ley de Normas Razonables del Trabajo sigue aplicándose a Puerto Rico.

L.R.F. 9.10 Trigo Bros. Packing Corp. v. Davis, 159 F.Supp. 841 (D.C. P.R. 1958)

La Federal Alcohol Administration Act es inaplicable a transacciones interestatales para                  consumo en el propio Puerto Rico. Revocado por otras razones: 206 F. 2d 174 (1r cir. 1959).

L.R.F. 9.ll Darío Sánchez v. United States, 256 F. 2d73 (1r cir. 1958)

La Marihuana Tax Act se aplica a Puerto Rico, mas únicamente al extremo en que es aplicable a los estados que son miembros de la Unión Americana.

L.R.F. 9.12 Flores v. Prann, 175 F. Supp. 140(D.C. P.R. 1958)

Véase: L.B. 18

L.R.F. 9.13 United States v. Hermetic Seal Products Company, 198 F. Supp. 749 (D.C. P.R. 1961)

Le corresponde al Tribunal de Contribuciones y no a la Corte de Distrito determinar la aplicablidad de la Renegotiation Act de 1951. Se argumentó ante la Corte, mas no pudo considerarse por ésta, que a partir de la Ley de Bases las leyes federales no se aplican a Puerto Rico a menos que el Congreso así lo disponga expresamente. Véase: United States v. Rockland Steamship Corporation, 218 F. Supp. 509 (S.D. N.Y. 1963)

L.R.F. 9.14 Americana of Puerto Rico, Inc. v. Kaplus, 368 F. 2d 431 (3r cir. 1966)

La cláusula de entera fe y crédito de la Constitución de Estados Unidos se aplica a las sentencias en rebeldía de las cortes de Puerto Rico.

L.R.F. 9.15 Securities and Exchange Commission v. Quing M. Wong, 252 F. Supp. 608 (D.C. P.R. 1966)

La Ley sobre la Reglamentación de Valores sigue aplicándose a Puerto Rico después de la Ley de Bases. Véase: L.B. 31.

L.R.F. 9.16 Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico v. San Juan, 289 F. Supp. 983 (D.C. P.R. 1968)

La Ley Sherman se aplica a Puerto Rico hasta el grado en que es aplicable en los estados. Respecto a la inaplicabilidad del artículo 3 de la Ley Sherman por razón de que tal disposición no podría constitucionalmente aplicarse a los estados, véase: Córdova & Simonpietri Ins. v. Chase Manhattan Bank, 649 F.2d 36 (1r cir. 1981). Sobre la aplicabilidad de la Ley Clayton, véase: David Cabrera, Inc. v. Unión de Choferes y Dueños, 256 F. Supp.839 (D.C. P.R. 1966). Cooperativa de Seguros Múltiples también resuelve que la ley McCarran Ferguson es aplicable a Puerto Rico.

L.R.F. 9.17 Feliciano v. United States, 297 F. Supp.1356 (D.C. P.R. 1969)

La ley federal, 18 U.S.C. sec. 96, que autoriza al Presidente a establecer zonas marítimas de defensa sigue aplicándose a Puerto Rico en virtud del artículo 9 de la Ley de Relaciones Federales. Feliciano discute también la doctrina de Guerrido (L.R.F. 8.1) y casos subsiguientes respecto al significado de la frase “localmente inaplicable” en determinadas circunstancias.

L.R.F. 9.18 Liquilux Gas Services of Ponce, Inc. v. Tropical Gas Company, 303 F. Supp. 414 (D.C. P.R. 1969)

Las disposiciones de las leyes Clayton y Robinson Patman relativas al comercio interno de Puerto Rico no se aplican después del establecimiento del Estado Libre Asociado.

L.R.F. 9.19 Nestlé Products, Inc. v. Unites States, 310 F. Supp. 792 Customs ct. 1970)

La Ley de Bases no ha alterado la jurisdicción de las cortes federales en Puerto Rico.

L.R.F. 9.20 Caribtow Corp. v. Occupational Safety &Health R. Com’n. 493 F. 2d 1064 (ir Cir. 1974)

La Occupational Safety and Health Act se aplica a Puerto Rico. El caso discute aspectos importantes del significado del artículo comentado. Véase: L.B. 43 y L.R.F. 38.5.

L.R.F. 9.21 N.L.R.B. v. Security National. Life Insurance Co., 494 F. 2d 336 (1r Cir. 1974).

La Ley de Relaciones del Trabajo se aplica a Puerto Rico. No es necesario que el Congreso altere específicamente los estatutos vigentes en Puerto Rico en 1952 para asegurar su continuada vigencia en el país.

L.R.F. 9.22 Hodgson v. Unión de Empleados de los Supermercados Pueb., 371 F. Supp. 56 (D.C. P.R. 1974)

Véase el comentario en L.B. 46.

L.R.F. 9.23 Com. of Puerto Rico v. Alexander, 438 F. Supp. 90 (D.C. P.R. 1977)

La Corte rechazó el argumento que la Federal Water Pollution Act es inaplicable a las aguas no navegables de Puerto Rico por razón de los artículos 7 y 9 de la Ley de Relaciones Federales.

L.R.F. 9.24 United States v. Pérez, 465 F. Supp. 1284(D.C. P.R. 1979).

Bajo la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, la sección 10 del artículo II de la Constitución de Puerto Rico, en cuanto prohibía la interceptación de las comunicaciones telefónicas, cede ante las disposiciones de la Ómnibus Crime Control Act.

L.R.F. 9.25 Moreno Ríos v. United States, 256 F. 2d68 (1r cir. 1958)

La Narcotic Drugs Import and Export Act sigue aplicándose a Puerto Rico. La palabra “territorio” no debe interpretarse en términos de status en contextos como este, ya que significa más bien “sitio” o “área”. Véase: L.B. 5

L.R.F. 9.26 Commissioner of Internal Revenue v. Rivera’s Estate, 214 F. 2d 60 (2° Cir. 1954).

El Congreso tiene poder para extender a los ciudadanos de Puerto Rico la legislación sobre tributación de herencias, mas no lo ha hecho.

L.R.F. 9.27 First Fed. S. & L., etc. v. Ruiz de Jesús, 644 F. 2d 910 (1r cir. 1981) Este caso deroga a Conjugal Soc. v. Chicago Title Ins . Co., 497 F. Supp. 41 (D.C. P.R. 1979) y a Piovanetti Pujals v. First Nat. City Bank, 440 F. Supp. 731(D.C. P.R. 1977), que habían declarado inaplicables a Puerto Rico la disposición que le confiere jurisdicción a la corte federal de distrito que envuelvan entidades bancarias organizadas en Estados Unidos y sus transacciones bancarias en Puerto Rico. Para comentarios ulteriores, véase: L.B. 55.

L.R.F. 9.28 Waterman Steamship Corporation v. Rodríguez, 290F. 2d 175 (1r cir. 1961)

Véase: L.B. 22 United States v. De Jesús, 289 F.2d 37 (2° Cir. 1961)

El estatuto federal que prohíbe la transportación de material de lotería en el comercio interestatal se aplica a Puerto Rico.

L.R.F. 9.29 García v. Friesecke, 597 F. 2d 284 (1r cir. 1979)

Reitera los principios establecidos en Guerrido y su progenie sobre las leyes de almirantazgo y las circunstancias de su aplicación a Puerto Rico.

L.R.F. 9.30 United States v. Villarín Gerena, 553 F.2d 723 (1r cir. 1977)

Continúa aplicándose a Puerto Rico 18 U.S.C. s. 242, que castiga la privación de los derechos, privilegios e inmunidades protegidas por la Constitución.

L.R.F. 9.31 Examining Board v. Flores de Otero, 426 U.S.572 (1976)

Véase: L.B. 49. Las garantías representadas por la Cuarta Enmienda aplican en Puerto Rico, bien directamente o a través de la Enmienda Decimocuarta. Sobre este extremo, véase también a Villarín Gerena, supra, ya Montalvo v. Colón,377 F. Supp. 1332 (D.C. P.R. 1974),

L.R.F. 9.31 Córdova & Simonpietri, Ins. v. Chase Manhattan Bank, 649 F. 2d 36 (1r cir. 1981)

El artículo 3 de la Ley Sherman no se aplica a Puerto Rico. Córdova es uno de los casos recientes más importantes sobre el alcance de la Ley de Bases y el significado del artículo 9 de la Ley de Relaciones Federales.

L.R.F. 9.32 United States v. Túrsi, 655 F. 2d 26(1r cir. 1981)

La Youth Correction Act se aplica a Puerto Rico. L.R.F. 9.33 Santana v. Collazo, 714 F. 2d 1172 (1r cir. 1983)

La Octava Enmienda a la Constitución de Estados Unidos se aplica a Puerto Rico, bien directamente o a través de la Enmienda Decimocuarta.

L.R.F. 9.34 United States v. Quiñones, 758 F. 2d 40(1r cir. 1985)

La Omnibus Crime Control Act aplica en Puerto Rico. La disposición del artículo II, sección 10 de la Constitución de Puerto Rico, que prohíbe la interceptación de la comunicación telefónica, no afecta la aplicación de la referida ley bajo el artículo 9 de la Ley de Relaciones Federales. “It is well settled that in federal prosecutions evidence admissible under federal law cannot be excluded because it would be inadmissibleunder state law.” (43) Para otros aspectos de Quiñones, véase: L.B. 68.

L.R.F. 9.35 Ezratty v. com, of Puerto Rico, 648 F. 2d 770, 776, n.7 (1r Cir. 1981)

“The principles of the Eleventh Amendment, which protect a state from suit without its consent, are fully applicable to the Commonwealth of PuertoRico.”

Veánse:

Carreras Roena v. Cámara de Comerciantes, etc., 440 F. Supp. 217219 (D.C. P.R. 1976), aff. mem. 559 F. 2d 1201, (1r cir. 1977); Ursulich v. Puerto Rico National Guard, 384 F. Supp. 736, 737(D.C. P.R. 1974), Litton Industries, Inc. v. Colón, 587 F 2d 70, 74(1r Cir. 1978).

L.R.F. 9.36 Molina Estrada V. Puerto Rico Highway Authority, 690 F. 2d 841 (1r cir. 1982)

Se menciona, mas no se resuelve expresamente, la cuestión señalada en Ezratty, supra.

L.R.F. 9.37 Ramírez v Puerto Rico Fire Service, 715F. 2d 694 (1r cir. 1983)

Ratifica la doctrina de Ezratty sobre la aplicación a Puerto Rico de la Undecima Enmienda, pero resuelve quela inmunidad que ésta concede fue abrogada por el Congreso al aprobar la Age Discrimination in Employment Act de 1967. Bajo las disposiciones de la Decimocuarta Enmienda el Congreso tiene el poder de destruir esa inmunidad, tanto en el caso de los estados como de Puerto Rico.

Respecto a la Undécima Enmienda expresó el Tribunal:

“Puerto Rico, despite the lack of formal statehood, enjoys the shelter of the Eleventh Amendment in all respects.” (697)

L.R.F. 9.38 Alvarez Ricardo v. Medina, 623 F. Supp. 1002(D.C.P.R. 1983)

Reafirma lo resuelto en Ezratty y Ramirez, supra, s obre la aplicabilidad de la Undécima Enmienda. Al mismo efecto, Ochoa Realty Corp. v. Faría, 618 F. Supp. 434 (D.C.P.R. 1985).

L.R.F. 10    Las diligencias judiciales; el juramento de fidelidad; el requisito de ciudadanía para desempeñar cargos públicos.

Texto

“Todas las diligencias judiciales, se harán a nombre de ‘Estados Unidos de América, SS el Presidente de los Estados Unidos’, y todas las acciones criminales o penales en los tribunales locales se instruirán a nombre y por autoridad de ‘El Pueblo de Puerto Rico’; y todos los funcionarios deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos, y, antes de entrar en el desempeño de sus respectivas funciones prestarán juramento de sostener la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes de Puerto Rico’.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 9192.

Nota histórica

Las porciones de este artículo alusivas a las diligencias judiciales y al juramento de cargos públicos son copia del artículo16 de la Ley Foraker… El requisito de que los funcionarios deberían ser ciudadanos de los Estados Unidos iba encaminado a colocar a los dirigentes unionistas en una situación difícil: o abrazaban la ciudadanía estadounidense, que ellos combatían tenazmente, o renunciaban la oportunidad de ocupar cargos públicos y, conforme el artículo 35 de la · Ley Jones, aun el derecho al voto.

El artículo 10 de la Ley de Relaciones Federales obviamente no debe figurar en un documento de esa naturaleza, ya que trata de asuntos de orden local cuya determinación le corresponde propiamente a Puerto Rico. Sobre las circunstancias que dictaron su permanencia en la Ley de Relaciones Federales, véase: J. Trías Monge, op. cit., III, 24 y ss.

Jurisprudencia

L.R.F. 10.1 People of Porto Rico v. Zayas, 56 F. 2d336 (1r cir. 1932).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico había resuelto que los casos por violación a la National Prohibition Act debían incoarse a nombre de los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones revocó expresando que el lenguaje del artículo comentado es claro y que las acciones penales interpuestas en las cortes insulares por violación a leyes de Estados Unidos deben presentarse a nombre de El Pueblo de Puerto Rico.

L.R.F. 10.2 Ortiz v. Corte de Paz, 53 D.P.R. 38 (1938)

El mandamiento expedido por el secretario, bajo el sello de la corte y notificado por el márshal, es la diligencia judicial mediante la cual se adquiere jurisdicción sobre el demandado. La validez del auto en sí no puede ser atacada por no haberse expedido a nombre de Estados Unidos de América, el Presidente de los Estados Unidos, SS.

L.R.F. 10.3 Fernández’ Heirs v. Fernández, 184 F. 2d1015 (1r cir. 1950)

Se intentó invalidar una sentencia por haber sido firmada por un juez que no había prestado el juramento a que se refiere el artículo comentado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico rehusó invalidarla y la Corte de Apelaciones sostuvo su determinación por entender que el Tribunal Supremo estaba libre para formular su propia teoría sobre jueces de facto.

L.R.F. 10.4 Op. Sec. Just. de 10 de mayo de 1956.

El término “funcionario” que utiliza la sección 10comentada no cubre a los empleados y a aquellas personas que rinden servicios a base de contrato. Esta opinión alivió en gran medida el problema creado por la sección 10 para el empleo en Puerto Rico de extranjeros distinguidos.

L.R.F. 10.5 Pueblo v. Vélez López, 83 D.P.R. 486 (1961)

Las disposiciones del artículo 10 al efecto quelas acciones penales se instruyan a nombre de El Pueblo de Puerto Rico tiene un alcance más reducido que la cláusula relativa a las diligencias judiciales. Las primeras no se aplican a las órdenes de allanamiento, aunque sí las contenidas en la otra cláusula.

La omisión de las siglas “SS” (que significan scilicet o “a saber”), “aunque indeseable, es de tal naturaleza trivial y cabalística que no debe por sí sola ser suficiente para anular la orden.” (49192)

La referencia en el artículo comentado a “El Pueblo de Puerto Rico” es errónea. Tras lo dispuesto en el artículo IX, sección 4 de la Constitución de Puerto Rico, debe emplearse la denominación “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. (491)

L.R.F. 11    Informes anuales del Gobernador y de los jefes de departamento

Texto

“Todos los informes que, de acuerdo con la ley, tengan que dar el Gobernador o los jefes de departamentos a cualquier funcionario de los Estados Unidos, serán dados en lo sucesivo a un departamento ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos, que será designado por el Presidente, y éste queda autorizado por esta Ley para poner todos los asuntos que correspondan al Gobierno de Puerto Rico bajo la jurisdicción de dicho departamento.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 24, 92, 206; III, 2438.

Nota histórica

El artículo 11 deriva del artículo 2 de la Ley Olmsted, Ley de 15 de julio de 1909, cap. 4, sec. 2, 36 Stat. ll. La Ley Olmsted fue la utilizada por el Congreso para resolver el impasse surgido en 1909 entre la Cámara de Delegados de Puerto Rico. Yel Gobernador sobre la aprobación del presupuesto. Los informesse requirieron como una medida de control adicional. En virtud de esa disposición se colocaron forma lmente los asuntos de Puerto Rico bajo la jurisdicción del Departamento de la Guerra y su Negociado de Asuntos Insulares. El 29 de mayo de 1934 se trasladron estas funciones al Departamento del Interior y su División de Territorios y Posesiones Insulares.

Este artículo no ha cumplido función alguna apartir de la elección por Puerto Rico de su Gobernador, no habiéndose remitido informe anual alguno al gobierno de los Estados Unidos desde entonces.

L.R.F. 11.1 Parrilla v. Martín, comisionado, 68 D.P.R.90 (1948)

Se trataba en este caso de determinar si los noventa días que se le concedían antes al Presidente para votar una ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se contaban a partir de su sumisión a la División de Territorios y Posesiones Insulares o de su recibo por el Presidente. La Corte rechazó el argumento que el artículo ll comentado tenía que ver con el problema. El Tribunal expresó que el único propósito del art. 11 “en lo que a la trasmisión de dichos informes concierne, es indicar el canal oficial por el cual éstos deberán ser enviados.” (989). El Juez Todd disintió por estimar que el artículo 11 era aplicable y que el término comenzaba a correr tras la sumisión al Departamento del Interior.

L.R.F. 36.     El Comisionado Residente

Texto

“Los electores capacitados de Puerto Rico elegirán en los próximas elecciones generales un Comisionado Residente en los Estados Unidos, por un término que comenzará en la fecha en que se leexpida su certificado de elección, y continuará hasta el cuatro de marzo de 1921. En cada elección subsiguiente, a contar desde el año 1920, los electores capacitados de Puerto Rico elegirán un Comisionado Residente en los Estados Unidos por el término de cuatro años, que se contarán desde el día tres de enero siguiente a dichas elecciones generales, y quien tendrá derecho a reconocimiento oficial como tal Comisionado por todos los departamentos del Gobierno de los Estados Unidos, previa presentación, por conducto del Departamento de Estado, de un certificado de elección extendido por el Gobernador de Puerto Rico. El Comisionado Residente percibirá un sueldo, pagadero mensualmente por los Estados Unidos, de $12,500 anuales. A dicho Comisionado se le concederá para gastos de escritorio y pago del personal de oficina necesario, la misma suma que en la actualidad se concede a los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos; se le abonará la cantidad de $500 como indemnización, por camino recorrido, por cada legislatura de la Cámara de Representantes, y tendrá el privilegio de franqueo concedido a los miembros del Congreso. Ninguna persona será elegible para el cargo de Comisionado Residente si no es un ciudadano de buena fe de los Estados Unidos y mayor de veinticinco años de edad, y si no sabe leer y escribir el idioma inglés. Encaso de quedar vacante el cargo de Comsiionado Residente por muerte, renuncia o por otra circunstancia, el Gobernador, con el concurso y consentimiento del Senado, nombrará un Comisionado Residente para cubrirla vacante, quien desempeñará el cargo hasta las próximas elecciones generales y hasta que su sucesor sea elegido y tome posesión.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, I, 207, 217, 298299; II, 56, 51, 101, 168169.Rodríguez Capó, “Colonial Representation in the American Empire, 15 Am. J. of Int. L. 530 (1921).Tansill, “Resident Commissioner to the United States fromPuerto Rico: an historical perspective”, 47 Rev. Jur. UPR68 (1978).

Nota histórica

En el proceso de formación de la Ley Foraker se intentó inicialmente dotar a Puerto Rico de un Delegado, derecho del que disfrutaba Alaska y que pronto se le reconocería a Hawaii. El Delegado tenía derecho a voz, pero no voto en el Congreso. Sea probó en vez el cargo de “Comisionado Residente”, con el único derecho “a reconocimiento oficial como tal comisionado por todos los departamentos del Gobierno de los Estados Unidos”. El acceso del Comisionado al hemiciclo de la Cámara nunca tuvo base en la Ley Foraker o en la Jones, ni actualmente en la Ley de Relaciones Federales. El acceso al hemiciclo, aunque sin derecho a formar parte de comités, se obtuvo en 1903 por enmienda a las Reglas de la Cámara. 36 Cong. Rec. Part 3, pág. 2927, 27° Cong., 2aSes. Al año siguiente se le facultó a participar en las deliberaciones de la Cámara con voz, pero sin voto y se enmendó la Regla XII del cuerpo para permitirle servir en el Comité de Asuntos Insulares. 38 Cong. Rec. 1523, 28° Cong., 2a Ses. Enmiendas posteriores a las Reglas le añadirían derechos al Comisionado Residente, mas excluyendo siempre el derecho al voto en el hemiciclo.

El artículo 36 de la Ley de Relaciones Federales deriva del artículo 39 de la Ley Foraker. Buena parte del artículo 36está hoy derogado. Su compensación se fija por 2 U.S.C. sec. 31y otros de sus privilegios se determinan por otras leyes del Congreso y por reglas de la Cámara.

Al estudiar la representación de Puerto Rico en Washington conviene estar consciente también de la presencia de la Administración de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico, agencia con sede en Washington creada por la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1979, 3 L.P.R.A. sec. 1701 y ss.

Jurisprudencia

L.R.F. 36.1

Ocurren tan sólo referencias casuales a este artículo en algunos casos de importancia para otros fines. Véanse: Muratti v. Foote, 25 D.P.R. 568 (1917) (la naturalización colectiva de los puertorriqueños como ciudadanos norteamericanos significa que Puerto Rico se ha convertido en un territorio incorporado de Estados Unidos, revocado en Balzac v. Porto Rico,258 U.S. 198 (1922)); Martínez Nadal v. Saldaña, 33 D.P.R. 721(1924) (el requisito de 10% de las firmas para nombrar candidatos por petición es inconstitucional); Morales y Benet v. Junta de Inscripciones, 33 D.P.R. 79 (1924) (la mujer no tiene derecho al voto en Puerto Rico; la enmienda 19 a la Constitución Americana no se extiende a Puerto Rico); Martínez Nadal v. Saldaña, 38D.P.R. 446 (1928) (el requisito de 20% de los votos para que un partido tenga derecho a nombrar candidatos mediante convención es anticonstitucional); Rodríguez v. Popular Democratic Party, 457U.S. 1 (1982) (validez del método para llenar vacantes legislativas.)

L.R.F. 37   Naturaleza de la Autoridad Legislativa

Texto

 “La autoridad legislativa estatuida por la presente, se aplicará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente inaplicables, incluyendo la facultad de crear, consolidar y reorganizar los municipios según fuere necesario, y proveer y derogar leyes y ordenanzas para los mismos; y también la facultad de alterar, reformar, modificar o derogar cualquiera o todas las leyes y ordenanzas de cualquier clase, actualmente vigentes en Puerto Rico o en cualquier municipio o distrito del mismo, hasta donde dicha alteración, reforma, modificación o derogación fuere compatible con las disposiciones de esta ley.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 101.

Nota histórica

Este artículo es prácticamente idéntico al artículo 32 de la Ley Foraker y análogo al art. 55 de la Ley Orgánica de Hawaiide 1900.

El artículo 37 de la Ley Jones contenía un último párrafo del tenor siguiente:

“No se creará por la Asamblea Legislativa ningún departamento ejecutivo provisto por esta Ley; pero la Asamblea Legislativa podrá consolidar departamentos, o suprimir cualquier departamento, con el consentimiento del Presidente de los Estados Unidos.”

Este párrafo fue derogado por la Ley de Bases.

Jurisprudencia

L.R.F. 37.1 Sucs. C. y J. Fantauzzi v. Asamblea Mun. Arroyo, 30 D.P.R. 423 (1922).

Trata de la amplitud del poder de Puerto Rico de imponer contribuciones. Refiriéndose al artículo 37, entre otros, el Tribunal expresó:

“Creemos que bajo estas secciones y otras el Congreso de los Estados Unidos ha investido a la Legislatura de Puerto Rico de todos los poderes legislativos compatibles con una forma republicana de gobierno que cualquier Estado o Territorio posee y que las únicas limitaciones al poder de la Legislatura son las corrientes y aquellas que estén expresamente contenidas en la Ley Orgánica.” (432)

Adviértase que, por regla general, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no concebía entonces que Puerto Rico pudiese disfrutar de mayores poderes que los estados, a pesar que varias disposiciones de la legislación orgánica entonces en vigor así lo hacían claro. Véase, para un ejemplo, la jurisprudencia citada bajo L.R.F. 8.

L.R.F. 37.2 Fantauzzi v. Bonner, Tesorero, 34 D.P.R. 487 (1925)

Puerto Rico goza de poder para aprobar una ley de contribución sobre ingresos, aun independientemente de la sección37.L.R.F. 37.3 J.B. Nieva & Co. v. Domenech, Tesorero, 46 D.P.R. 159, | (1934)

La Asamblea Legislativa tiene facultad para exigirle a un patrono que incluya en las nóminas remitidas a la Comisión Industrial las cantidades pagadas a contratistas independientes o subcontratistas y las cantidades pagadas por ellos a obreros que no han contratado con dicho patrono.

L.R.F. 37.4 Municipio de Manatí v. Garrido, Comisionado, 50 D.P.R. 827 (1937)

For razón del artículo 37 de la Ley Jones, aunque un estatuto federal prohíbe que las asambleas legislativas de los territorios reglamenten los asuntos de un condado o pueblo, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico puede legislar ampliamente respecto a los municipios. El Tribunal Supremo añadió gratuitamente:

“En términos generales, la relación que existe en esta Isla entre sus municipios y el territorio, es la misma que existe en los diversos Estados de la Unión, entre sus municipios y el estado.” (832)

L.R.F. 37.5 Pueblo v. Rubert Hermanos, Inc., 53 D.P.R.779 (1938), confirmado: 309 U.S. 543.

La legislación limitativa de la tenencia de tierras en Puerto Rico es constitucional. “…la monopolización de tierras agrícolas dentro de las fronteras de Puerto Rico es… una materia claramente local…” (797)

L.R.F. 37.6 Sucn. Rodríguez v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 825 (1938)

Se rechazó el argumento que la Comisión Industrial, no podía conocer de asuntos de naturaleza judicial y que había sido establecida en contravención al artículo 37.

L.R.F. 37.7 P.R. Ry., Lt. & P. Co. v. Ortiz, Juez, 59 D.P.R. 921 (1942)

Puerto Rico tiene, como la mayoría de los estados, “la facultad de expropiar sin necesidad del previo pago de la compensación para poder adquirir la propiedad expropiada, cumpliendo, desde luego, con el requisito de proveer o asegurar la existencia de fondos para pagar la compensación cuando sea finalmente determinada v. (942)

L.R.F. 37.8 Rivera v. Corte, 62 D.P.R. 513 (1943)

Reitera el amplio poder de la Asamblea Legislativa para imponer contribuciones. Consúltese: Domenech v. National City Bank, 294 U.S. 199 (1935), en que se resolvió que Puerto Rico, por carecer de soberanía, carecía de poder para imponer contribuciones, dependiendo su facultad al efecto de la autoridad derivada del Congreso.

Adviértase que antes de. 1952 la sección 3 de la Ley Jones .era a la vez fuente y frontera del poder contributivo del gobierno de Puerto Rico. Por razón de aquellos casos, discutidos aquí bajo la Ley de Bases, referentes a que Puerto Rico es hoy soberano en materias no gobernadas por la Constitución de Estados Unidos, el papel de la sección 3 de la Ley de Relaciones Federales ha cambiado radicalmente.

L.R.F. 37.9 Ramos v. Buscaglia, Tes., 63 D.P.R. 184 (1944)

Se cuestionó la constitucionalidad de una ley que imponía una contribución a ciertos solares municipales cedidos en usufructo. La base del argumento, rechazado por el Tribunal, era, entre otros planteamientos, que la Asamblea Legislativa carecía de poder bajo la sección 37 para aprobar leyes especiales. A pesar de Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S. 253 (1937), fueron muchos los planteamientos manifiestamente frívolos que se hicieron ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la base de la sección 37.

L.R.F. 37.10 Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434 (1944)

La Asamblea Legislativa puede disponer el traspaso de un acueducto municipal al Estado sin que medie compensación.

L.R.F. 37.1l Inter Island Shipping Corp. v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 648 (1963)

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico puede establecer un sistema de compensación a obreros por accidentes del trabajo en la zona marítima en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 37 de la Ley de Relaciones Federales. Véanse los casos comentados bajo L.R.F. 8, ante.

L.R.F. 37.12 Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S. 253 (1937)

Al sostener el poder de Puerto Rico para aprobar legislación contra los monopolios el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresó, en la afirmación más amplia y conocida hasta entonces sobre e l alcance de la sección 37 y los poderes del gobierno de Puerto Rico:

“The aim of the Foraker Act and the Organic Act was to give Puerto Rico full power of local self-determination, with an autonomy similar to that of the states and incorporated territories. Gromer v. Standard Dredging Co., 224 U.S. 362, 370… Rosaly y Castillo… (227 U.S. 270). The effect was to confer upon the territory many of the attributes of quasisovereignty possessed by the states as, for example, immunity from suit without their consent.

Porto Rico v. Rosaly, supra. By those acts, the typical American governmental structure, consisting of the three · independent departments legislative, executive and judicial was erected. ‘A body politic’ a commonwealth was created… 31 Stat: at L. 79, sec. 7, chap. 191, 48 U.S.C. sec. 733.The power of taxation, the power to enact and enforce laws, and other characteristically governmental powers were vested. And so far as local matters are concerned, as we have already shown in respect of the continental territories, legislative powers were conferred nearly, if not quite, as extensive as those exercised by the state legislatures.” (26162)

L.R.F. 37.13 Puerto Rico v. Rubert Co., 309 U.S. 543 (1940)

Reafirma a Shell, supra, así como el amplio poder del gobierno de Puerto Rico para establecer su política agraria.

L.R.F. 37.14 Granville-Smith v. Granville-Smith, 349 U.S. 1(1955)

Aunque el caso trata de la legalidad de una ley de St. Thomas, la cual fue declarada inconstitucional, el Tribunal discute ampliamente el historial y alcance de cláusulas como la contenida en el artículo 37. Tres jueces disintieron.

L.R.F. 37.15 Fajardo Sugar Co. v. Holcomb, 16 F. 2d 92. (1r cir. 1926)

Sostiene el poder de Puerto Rico de imponer contribuciones y rechazar el argumento del Auditor de Puerto Rico que, bajo el artículo 20 de la Ley Orgánica, él tenía poder para imponer contribuciones y pasar juicio sobre ellas.

A lo largo de la primera mitad de este siglo el Auditor de Puerto Rico estuvo en lucha continua con otros funcionarios públicos, especialmente el Gobernador y la propia Rama Legislativa para acrecentar sus poderes. Fajardo Sugar es ejemplo de hasta donde se quiso llegar. Uno de los cambios principales que se quiso efectuar por la Convención Constituyente fue resolver esta tensión. Para la historia de la expansión del cargo de Auditor y la acción tomada al respecto, véase: C. T. Goodsell, Administración de una Revolución, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1967, passim; R.G. Tugwell, The Stricken Land, New York, Doubleday & Co., Inc., 1947, passim; J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, vols. II y III, passim.

L.R.F. 37.16 Gallardo v. Porto Rico Ry., Light & Power Co., 18 F. 2d 918 (1r cir. 1927)

La Corte de Apelaciones revocó una decisión de la Corte de Distrito que había declarado inconstitucional la legislación sobre fuentes fluviales de Puerto Rico. Esa sentencia de la Corte de Distrito fue una de muchas ceñidas a una interpretación muy estrecha de la Ley Orgánica. Ese clima llevó a la liberación parcial representada por Shell, ante, así como a la aprobación de medidas tales como la Ley Butler de 1927.

L.R.F. 37.17 Sancho v. Bacardi Corporation of America, 109F. 2d 57 (17 cir. 1940)

La cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos no se aplica a Puerto Rico por no ser éste un estado. El Congreso posee, no obstante, el poder de regular el comercio de Puerto Rico bajo la cláusula territorial.

Puerto Rico puede legislar, bajo el artículo 37,para controlar la manufactura y el tráfico en bebidas alcohólicas siempre que no invada un campo prohíbido por la Constitución o el Congreso. Véase: L.R.F. 37, 19, infra.

L.R.F. 37.18 Rivera v. Buscaglia, 146 F. 2d 461 (1r cir.1944).

Puerto Rico tiene poder para imponer contribuciones a los salarios de los empleados federales.

L.R.F. 37.19 National Labor Relations Board v. González Padín co., 161 F. 2d 353 (17 cir. 1947)

Aunque el poder legislativo de Puerto Rico bajo el artículo 37 es amplio está sujeto al poder del Congreso de reglamentar el comercio interno de Puerto Rico.

Después del establecimiento del Estado Libre Asociado hay muchas decisiones, discutidas en L.R.F. 9, que admiten el poder del Congreso a legislar respecto a Puerto Rico tan sólo en aquellas situaciones en que podría hacerlo constitucionalmente respecto a los estados.

L.R.F. 37.20 Buscaglia v. Ballester, 162 F. 2d 805(1r cir. 1947), cert, den. 332 U.S. 816.

La cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos no se aplica a Puerto Rico, mas nada añadiría al poder abarcador del Congreso bajo la cláusula territorial. Véase: Sancho, L.R.F. 37.16, supra, y Caribtow, infra, L.R.F. 38.5.

L.R.F. 37.21 De J. Cordero v. Prensa Insular de P.R…169 F. 2d 229 (1r cir. 1948).

El hecho que la Ley Orgánica fijase los poderes del Auditor no impide que la Asamblea Legislativa legisle en forma no conflictiva sobre el cargo. Al Auditor no puede negarse reclamando inmunidad, a permitir la inspección por un periódico de ciertos documentos referentes a una investigación sobre corrupción que el periódico estaba realizando.

L.R.F. 37.22 Guerrido v. Alcoa Steampship Co., 234 F. 2d349 (ir Cir. 1956).

Los artículos 7, 8 y 37 de la Ley de Relaciones Federales lo dieron a Puerto Rico poder legislativo general sobre sus aguas navegables. Añadió el Tribunal:

“However, the provisions of section 7, 8 and37 of the Jones Act must be read in the light of the fact that, as we have seen, the general maritime law of the United States was already in force in Puerto Rican waters at the time when they were enacted… We conclude, therefore, that the rules of the admiralty and maritime law of the Unites States are presently in force in the navigable waters of the United States in and around the island of Puerto Rico to the extent that they are not locally inapplicable either because they were not designed to apply to Puerto Rican waters or because they have been rendered inapplicable to these waters by inconsistent Puerto Rican legislation. This is not to say, of course, that Puerto Rican legislation could thus supplant a rule of maritime law which Congress in the excercise of its constitutional power has expressly made applicable to Puerto Rican waters.” (355)

Véanse los casos bajo L.R.F. 8.

L.R.F. 37.23 Hodgson v. Unión de Empleados de los Supermercados Pueb. , 371 F. Supp. 56 (D.C. P.R. 1974)

“Whatever authority was to be exercised over Puerto Rico by the Federal government (after the establishment of the Commonwealth]. would emanate thereon, not from Article IV of the Constitution, but from the Compact itself… a compact which cannot be unilaterally revoked either by Congress or by the people of Puerto Rico…” (59)

El Congreso no puede reglamentar el comercio interno de Puerto Rico en modo que no pueda hacerlo en el caso de un estado.

L.R.F. 37.24 Construction Aggregates Corp. v. Rivera de Vicenty, 573 F. 2d 86 (1r Cir. 1978)

Las secciones 7, 8 y 37 de la Ley de Relaciones Federales le confieren autoridad al Estado Libre Asociado “to apply its workmen’s compensation laws within its territorial waters to the exclusion of other federally mandated compensation programs, including the Jones Act and the maritime law on unseaworthiness.” (93, n.5) Véanse: Fonseca v. Prann, 282 F. 2d. 153(1r cir. 1960); García v. Friesecke, 597 F. 2d 284 (1r cir. 1979) y otros casos sobre el particular citados en L.R.F. 8.

L.R.F. 37.25 Córdova & Simonpietri Ins. v. Chase Manhattan Bank, 649 F. 2d 36 (1r cir. 1981)

Véanse nuestros comentarios bajo L.B. 60 y L.R.F. 9.31.

L.R.F. 38.    Inaplicabilidad de la Ley de Comercio Interestatal y otras

Texto

“No serán aplicables a Puerto Rico la Ley sobre Comercio Interestatal y las varias enmiendas hechas o que se hagan a ella; las leyes sobre aparatos de seguridad y las diferentes enmiendas hechas o que se hagan a las mismas; ni la Ley del Congresc “Ley para enmendar una ley titulada ‘Ley para regular el comercio’, aprobada el 4 de febrero de 1887, y todas las leyes que la enmiendan en el sentido de proveer para una valuación de las diferentes clases de bienes de los porteadores sujetos a dicha Ley, y para obtener informes concernientes a sus acciones, bonos y otros valores”, aprobada el 1 de marzo de 1913.

“El subtítulo IV del Título 49, las leyes sobre aparatos de seguridad y las diferentes enmiendas hechas o que se hagan a las mismas, y la sección 19adel Título 49 no serán aplicables a Puerto Rico.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 101102.

Nota histórica

Este artículo se componía inicialmente de disposiciones referentes a la Comisión de Servicio Público, al otorgamiento de franquicias y a la reglamentación de las tarifas de los porteadores públicos. La Ley de Bases eliminó estas disposiciones en1950, subsistiendo el primer párrafo del texto transcrito, referente a la inaplicabilidad de la Ley sobre Comercio Interestatal y otra sana logas. El último párrafo del artículo 38 se añadió, a manera de codificación, por la Ley Pública 95473 de 17 de octubre de 1978, sec. 3(b), 92 Stat. 1466, 48 U.S.C.A. sec. 751. El subtítulo IV del Título 49 sustituye de hecho a la Ley de Comercio Interestatal y se halla en 49 U.S.C. sec. 1010 y ss.

La Ley Foraker no contenía una disposición análoga a las que constituyen hoy el texto del artículo 38 de la Ley de Relaciones Federales. Su inclusión en la Ley Jones se debió principalmente al cabildeo de los intereses ferroviarios que operaban en Puerto Rico, los cuales deseaban evitar los efectos del caso de American R. Co. v. ‘Didricksen, infra.

El artículo comentado se cita a veces equivocadamente como fuente de la inaplicabilidad de la cláusula de comercio interestatal a Puerto Rico.

Jurisprudencia

L.R.F. 38.1 Am. R.R. of Porto Rico v. Didricksen, 227 U.S. 145 (1913)

La ley sobre aparatos de seguridad de 1903 y leyes relacionadas se aplican a los ferrocarriles de Puerto Rico aunque se trate de comercio interno.

Este es el caso que provoca la aprobación de la parte citada del artículo 38.

L.R.F. 38.2 People of Porto Rico: v. American R. Co. of Porto Rico, 254 F. 369 (1r cir. 1918)

La ley puertorriqueña de 12 de marzo de 1908sobre compañías de servicio público, la que prohibía el alza en las tarifas de los ferrocarriles sin el consentimiento de los ferrocarriles es válida. Didricksen no significa que la jurisdicción de la Comisión de Comercio Interestatal sobre Puerto Rico es exclusiva.

L.R.F. 38.3 Benedicto v. West India & Panama Telegraph Co., 256 F. 417 (1919)

“It is true that the Act of March 2, 1917… sec.38… declares that the Interstate Commerce Act and its amendments shall not apply to Porto Rico; but this, we think, means the local and intraisland affairs and rates of Porto Rico, and not to cable lines, in respect to the rates of which parties in foreign countries and in the United States are interested.” (420)

L.R.F. 38.4 Camuñas v. Porto Rico Ry., Light & Power Co., 272 F. 924 (1921)

La ley puertorriqueña sobre compensación por accidentes del trabajo se aplica a los ferrocarriles. Es cierto que la Employers’ Liability Act se extiende a Puerto Rico pero por el hecho que los ferrocarriles de Puerto Rico no operan en el comercio interestatal, no existe la necesidad de tratamiento uniforme que se da en Estados Unidos.

L.R.F. 38.5 Caribtow Corp. v. Occupational Safety &Health R. Com’n., 493 F. 2d 1064 (1r Cir. 1974)

La Corte de Apelaciones rechazó el argumento de Caribtow que el artículo 8 de la Ley de Relaciones Federales, 48 U.S.C. sec. 751, significa que todas las leyes referentes al comercio interestatal son inaplicables a Puerto Rico. Afirmó el Tribunal: “…sec. 751 does not in terms or by any reasonable implication mean any more than what it clearly says: that two particular laws shall not operate in Puerto Rico.” (1068)

En el escolio ll de la opinión la Corte hizo las siguientes expresiones de gran interés:

“Although this court said in Buscaglia v. Ballester, 162 F. 2d 805 (1r Cir.) cert. den. 332 U.S. 816(1947)… that the Interstate Commerce Clause does not apply to Puerto Rico, we have no occasion here to reconsider that opinion in the light of intervening events. Under either that clause, or the Territorial Clause, Art. IV, S. 3, cl. 2, see Puerto Rico v. The Shell Co., 302 U.S. 253… (1937), it is clear that Congress has the power to apply the Occupational Safety and Health Act to Puerto Rico.

“It has also been suggested that the ‘compact ‘itself is a source of power for the application to Puerto Rico of federal legislation which is consistent with the compact. See Hodgson v. Unión de Empleados de los Supermercados Pueblo (371 F. Supp. 56 (D.P.R. 1974)]”

L.R.F. 38.6 Trailer Marine Transport Corp. v. Federal Maritime, 602 F. 2d 379 (D.C.D.C. 1979)

“…the Interstate Commerce Act. (IC). and Intercoastal Shipping Acts, read together, confer plenary and exclusive jurisdiction on the ICC to regulate both the rail and water segments of joint through trade between Puerto Rico and inland points of states in theUnited States.” (381)

La Ley sobre Comercio Interestatal, debe advertirse, fue re codificada por la Ley Pública 95473 de 17 de octubre de 1978, 92 Stat. 1337, pero la Corte estimó que no había conflicto entre el artículo 38 comentado y la ley codificada. La Corte señaló que el artículo 38 se refiere tan sólo, según Benedicto, supra, L.R.F. 38.3, a “local and intra-island affairs and rates”, mientras que el caso ante ella trataba de “joint through routes terminating at ports of Puerto Rico”. (385, n.26)

L.R.F. 38.7 Hodgson v. Unión de Empleados de los Supermercados Pueblo, 371 F. Supp. 56 (D.C. P.R. 1974)

“… the power to control such an interstate commerce relationship which once fell under Article IV, sec. 3, cl. 2, now derives from the compact as provided in Public Law 600, Federal Relations Act, and Public Law 447. It is the source of power which changed, not the relationship itself.” (61, n. 13).

L.R.F. 38.8 R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R.416 (1964)

“Por supuesto, en el pasado ha habido, como la hay en el presente, relación de comercio interestatal entre Puerto Rico y los Estados Unidos, pero esa relación rigió por disposiciones expresas del Congreso en uso de su autoridad bajo el inciso 2 de la sec. 3 del.Art. IV de la Constitución Federal, y al presente a tenor de la Ley 600.Esta relación de comercio interestatal constitucionalmente ha tenido y aún tiene perfiles distintos de la que por virtud de la Constitución rige entre los Estados de la Unión. De ahí que aun bajo los regímenes anteriores, Puerto Rico, pudo ejercer la facultad de tributación y el Estado Libre Asociado pueda ejercer hoy ese poder en cuanto al comercio interestatal se refiere, en forma que tal vez a un Estado cubierto por las disposiciones de la Constitución Federal, no le sería permisible.” (432)

Véase, al mismo efecto: South P.R. Sugar Corp. v. Com. Servicio Pub., 93 D.P.R. 12 (1966).

L.R.F. 41     La Corte Federal

Texto

“La Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico tendrá jurisdicción para la naturalización de extranjeros y puertorriqueños y para este fin, la residencia en Puerto Rico se contará del mismo modo que si se tratara de residencia en cualquier otra parte de los Estados Unidos. Dicha Corte de Distrito tendrá jurisdicción en todas las causasen que todas las partes litigantes de cualquiera de los lados de la controversia sean ciudadanos o súbditos de un Estado o Estados extranjeros, o ciudadanos de un Estado, Territorio o Distrito de los Estados Unidos no domiciliados en Puerto Rico, y en que la cosa en litigio, con exclusión de intereses y costas exceda de la suma o valor de $3,000.0F y en todas las controversias en las cuales exista una cuestión susceptible de separación que envuelva dicha suma jurisidiccional y en que todos los litigantes de cualquier lado de dicha controversia separable sean ciudadanos o súbditos del carácter que se determina anteriormente. Los sueldos del juez y de los funcionarios de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, junto con los gastos de la Corte, serán pagados de las rentas de los Estados Unidos del mismo modo que en las demás Cortes de Distrito de los Estados Unidos. En caso de vacante del cargo, o de la muerte, ausencia u otra incapacidad legal del Juez de dicha Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos queda autorizado para designar uno de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico para desempeñar los deberes de Juez de dicha Corte hasta que cese dicha ausencia o incapacidad, y en consecuencia el Juez así designado para dicho servicio estará autorizado y facultado plenamente para desempeñar las funciones del mencionado cargo durante la referida ausencia o incapacidad de dicho Juez regular, y para firmar todos los documentos, y expedientes necesarios COMO Juez interino de dicha Corte, sin compensación extraordinaria.”

Referencias

Breyer, “The Relationship between the Federal Courts and the Puerto Rico Legal System”, 53 Rev. Jur. U.P.R.307 (1984).

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, passim.

J. Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, passim.

Nota histórica

Este artículo fue derogado y, aunque se le retuvo inicialmente por orden de la Ley de Bases hoy no forma parte de la Ley de Relaciones Federales. Las disposiciones referentes a los asuntos contenidos en estos artículos son hoy parte del título 28del Código de Estados Unidos.

Jurisprudencia

L.R.F. 41.1 Examining Board v. Flores de Otero, 426 U.S.572 (1976)

“This review of the Foraker Act and its legislative history leads to several conclusions: Congress was uncertain of its own powers respecting Puerto Rico and of the extent to which the Constitution applied there. At the same time, it recognized, at least implicitly, that the ultimate resolution of these questions was the responsibility of this Court… Thus Congress appears to have left the question of the personal rights to be accorded to the inhabitants of Puerto Rico to orderly development by this Court and to whatever further provision Congress itself might make for them…

“Subsequent legislation respecting Puerto Rico tends to support the conclusion that uncertainty over application of the Constitution did not lead Congress to deprive the inhabitants of Puerto Rico of a federal forum for vindication of whatever rights did exist. In the Organic Act of 1917… Congress made more explicit the jurisdiction of the Federal District Court by according it ‘jurisdiction of all cases cognizable in the district courts of the United States’, sec. 41, 39 Stat. 965.” (590-91)

L.R.F. 41.2 Alcoa Steamship. co. v. Pérez, 295 F. Supp. 187(D.C. P.R. 1968)

“The special jurisdiction granted to the district court does not in any manner specify that it is applicable to the sovereign Puerto Rico…” (195)

Puerto Rico posee la inmunidad soberana de un estado. Véase: Krisel v. Durán, 258 F. Supp. 845 (S.D.N.Y.1966), 386 F. 2d 179 (2° Cir.), cert. den. 390 U.S. 1042:

L.R.F. 41.3

Otros casos de interés sobre la jurisdicción de la corte federal son: Nestlé Products, Inc. v. United States, 310F. Supp. 792 (U.S. Custom Ct. 1970); Rogelio v. Eastern Sugar Associates, 290 F. Supp. 40 (D.C. P.R. 1968); Firpi v. Pan American World Airways, Inc., 175 F. Supp. 188 (D.C. P.R 1959).

L.R.F. 42     Procedimientos de la Corte Federal

Texto

“Las leyes de los Estados Unidos referentes a apelaciones, recursos por causa de error o por violación de ley y de revisión (certiorari), traslación de causas, y a otras cuestiones o procedimientos que rigen para las Cortes de los Estados Unidos respecto a las Cortes de los distintos Estados, regirán también para tales cuestiones y procedimientos entre la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico v las cortes de Puerto Rico. “Todas las alegaciones y procedimientos endicha Corte se harán en el idioma inglés.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 103.

Nota histórica

El artículo 86 de la Ley Orgánica de Hawaii de 1900 fue el modelo para el primer párrafo de esta sección. El segundo párrafo de la sección proviene del artículo 34 de la Ley Foraker.

Para el tratamiento de la sustancia de los temas a que alude el primer párrafo del artículo comentado deben consultarse los títulos 18 y 28 del Código de los Estados Unidos.

Jurisprudencia

L.R.F. 42.1 Dávila v. Hilton Hotels International, 97F. Supp. 32 (D.C. P.R. 1951).

Las disposiciones referentes al traslado de causas y aplicable a las cortes federales de distrito de los estados aplican a la de Puerto Rico. Véase L.R.F. 42.5.

L.R.F. 42.2 Lynn v. Delgado, 145 F. Supp. 906 (D.C.P.R. 1956)

La corte federal de distrito se negó a considerar una petición de habeas corpus en que se cuestionaba la revocación de un permiso condicional sancionado por las cortes del Estado Libre Asociado por no haber agotado el peticionario su derecho de alzada a la Corte de Apelaciones y al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

L.R.F. 42.3 San Gerónimo Develop. Co. v. Treasurer ofPuerto Rico, 233 F. 2d 126 (1r cir. 1956)

La doctrina del error inescapable se aplica a toda decisión sobre derecho local, aunque se trate de un estatuto copiado de una ley norteamericana.

La teoría del error inescapable es hoy obsoleta. Al igual que los tribunales de última instancia de los estados, el Tribunal Supremo de Puerto Rico es actualmente el intérprete máximo del derecho local.

L.R.F. 42.4 Miranda v. United States, 255 F. 2d 9(1r cir. 1958)

Al aprobar en 1948 los títulos 18 y 28 del Código de los Estados Unidos “it is apparent that Congress was intent on raising the status of the district courts in Hawaii and Puerto Rico from that of territorial courts established under the respective organic acts to that of district courts of the United States… on a parity with the other federal district courts and deriving their authority from the same statutory source…” (14-15)

L.R.F. 42.5. Kane v. República de Cuba, 211 F. Supp. 855(D.C. P.R. 1962)

Puerto Rico es un “estado” para fines del traslado de causas bajo 28 U.S.C. secs. 14411450. Véase: Díaz v. Montaner y Lizama, 248 F. Supp. 153 (D.C. P.R. 1965); Luce & Company v. Alimentos Borinqueños, S.A., 276 F. Supp. 94 (D.C.P.R.1967); Firpi v. Pan American World Airways, Inc., 175 F. Supp. 188(D.C. P.R. 1959); Ritchie v. Heftler Construction Co. of Puerto Rico, Inc., 367 F. 2d 358 (1r cir. 1966).

L.R.F. 42.6 Productos Libby’s International, Inc. v. Luce & company, s. en C., 286 F. Supp. 301, (D.C. P.R. 1968)

Para fines de las disposiciones jurisdiccionales de la Ley de Relaciones Federales el domicilio de una corporación radica en el estado de incorporación.

L.R.F. 42.7 United States v. Valentine, 288 F. Supp. 957(D.C. P.R. 1968)

El requisito de que los procedimientos en la corte federal se conduzcan en inglés es constitucional.

L.R.F. 42.8 Rogelio v. Eastern Sugar Associates, 290 F. Supp. 40 (D.C. P.R. 1968)

El criterio sobre causas separadas e independientes que gobierna el traslado de acciones con reclamaciones múltiples se aplica a la corte federal de Puerto Rico.

L.R.F. 42.9 Bordas & Company v. Pizarro Serrano, 314F. 2d 291 (D.C. P.R. 1963)

“Since all proceedings must be conducted in English, 48 U.S.C.A.S. 864, it should be obvious that it is what the interpreter states on the record, not what the court may, conceivably, have understood the witness to say, that must control both the trial and the appeal.” (292)

L.R.F. 42.10 Natal v. People of Puerto Rico, 424 F. Supp.1082 (D.C. P.R. 1975)

Las peticiones pro se recibirán la interpretación más amplia y favorable posible, por lo que normalmente no sedes estimará la acción por violaciones al artículo comentado.

L.R.F. 42.ll United States v. De Jesús Boria, 518 F. 2d368 (1r cir. 1975)

La corte de distrito no cometió error al rehusar ordenar que se registrase en español el testimonio vertido endicho idioma.

L.R.F. 42.12 United States v. Marcano, 508 F. Supp. 462(D.C. P.R. 1980)

El examen de los jurados en inglés es acorde con el requerimiento de que conozcan el idioma suficientemente para que los procedimientos se conduzcan en inglés, conforme ordena el artículo comentado.

L.R.F. 43     Revisión de las Sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Texto

“Los recursos por causa de error y las apelaciones contra las sentencias y decretos definitivos del Tribunal Supremo de Puerto Rico podrán se interpretados y seguidos ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito yante. la Corte Suprema de los Estados Unidos, de la manera como ahora está dispuesto por ley.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 103; III, capítulo XXIX (4); IV, 17577.

Nota histórica

El artículo 43 de la Ley Jones fue mantenido en vigor por la Ley de Relaciones Federales, pero hoy debe eliminarse de ésta por haber sido derogado en todas sus partes. Desde 25 de junio de 1948 el artículo había sido derogado de todos modos, pero pasó a ser parte del Código Judicial de los Estados Unidos.

Las apelaciones al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito fueron eliminidas mediante enmiendas al referido Código aprobadas el 30 de agosto de 1961. El Tribunal Supremo de Puerto Rico fue equiparado en este respecto a los tribunales de primera instancia de los estados.

Respecto a la revisión por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico es al código Judicial de Estados Unidos al que debe acudir separa las disposiciones pertinentes.

A la luz de lo anterior no había razón alguna en 1950 para mantener el artículo 53 de la Ley Jones como parte de la Ley de Relaciones Federales.

L.R.F. 44     Condiciones para los jurados

Texto

“Las condiciones de los jurados, según se establecen en las leyes locales de Puerto Rico, no serán aplicables a jurados elegidos para actuar en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico; sino que las condiciones requeridas a los jurados en dicha Corte serán, que cada uno de ellos sea mayor de veintiún años y no mayor de sesenta y cinco, residente en Puerto Rico por no menos de un año y que tenga suficiente conocimiento del idioma inglés para poder servir de jurado debidamente; deberá ser también ciudadano de los Estados Unidos. Los jurados para dicha Corte serán elegidos, nombrados y sujetos a exención de acuerdo con las leyes del Congreso que reglamentan los mismo en las cortes de los Estados Unidos, hasta donde dichas leyes sean localmente aplicables.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, III, capítulo XXIX (4).

Nota histórica

Esta disposición, que data de 1906, c. 3542,34 Stat. 466, fue derogada por la Ley Pública 90274, s. 103(q) ,82 Stat. 63 y hoy no forma parte de la Ley de Relaciones Federales. Véase: 28 U.S.C. sec. 1861

Jurisprudencia

Ninguna.

L.R.F. 45, 46 y 47

Estas disposiciones trataban de los cobros de honorarios, multas, costas y comisos, la remuneración de funcionarios y empleados de la corte federal y los honorarios y millaje a satisfacerse a los jurados y testigos. Para su historial, véase: J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico. Aunque algunas de estas disposiciones están técnicamente en vigor su impacto sobre las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico es ínfimo, si alguno, y en términos reales no son parte verdaderamente de la Ley de Relaciones Federales. Compárense estas disposiciones con las pertinentes del Código Judicial de Estados Unidos.

Jurisprudencia

Ninguna.

L.R.F. 48.    Concesión de Autos de Hábeas Corpus y Mandamus; Pleitos para Restringir el cobro de Contribuciones

Texto

“El Tribunal Supremo y las Cortes de Distrito de Puerto Rico y sus respectivos jueces podrán conceder autos de hábeas corpus en todos los casos en que dichos autos puedan concederse por los jueces de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, y las Cortes de Distrito podrán conceder autos de mandamus en todos los casos oportunos.

“No podrá sostenerse en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico pleito alguno con el fin de restringir la tasación o cobro de contribución alguna impuesta por las leyes de Puerto Rico.”

Referencias

Amadeo, “El Habeas Corpus en Puerto Rico”, ll Rev. C. Abo. P.R. 3ll (1948).

Amadeo, “Habeas Corpus en Puerto Rico”, 17 Rev. Jur. U.P.R. 1 (1947)

Rivera Viñas, “El Auto de Habeas Corpus”, 3 Rev. C. Abo. P.R. 158 (1937)

Fiol Matta y Rivera Méndez, “El Habeas Corpus y la Detención en Virtud de Sentencia: Comentario a la Ley Núm.18 de ll de abril de 1968”, 38 Rev. Jur. U.P.R. 713 (1969)

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 104,16061.

Nota histórica

El primer párrafo de este artículo proviene del artículo 35 de la Ley Foraker. En la legislación orgánica de Filipinas, Hawaii y Alaska no se había considerado necesario insertar disposiciones de esta índole.

El segundo párrafo proviene de la Ley Butler, Ley de 4 de marzo de 1927, cap. 503, sec. 7, 44 Stat. 1421. La razón de ser de esta enmienda a la Ley Jones fue la necesidad de detener el intervencionismo de los jueces federales de distrito, que a menudo habían dictado autos de injunction para paralizar el funcionamiento de partes de la política tributaria del país.

Jurisprudencia

L.R.F. 48.1 Sancho v. National City Bank of New York, 112 F. 2d 998 (1r Cir. 1940)

“Obviously the prohibition against injunctions is not limited to cases where in the court’s view the taxis properly owing and where there would be no occasion for an injunction anyway. Congress has said in effect, that even assuming the tax is not lawfully due, the taxpayer must pay first and litigate afterwards.” (999)

En esta opinión del Juez Magruder se discute la razón de ser, según se deduce del debate en el Congreso, de esta parte de la Ley Butler.

L.R.F. 48.2 Paul Smith Const. Co. v. Buscaglia, 140 F.2nd 900 (1r Cir. 1944)

La Corte señaló la posibilidad de excepciones a la Ley Butler al afirmar:

“We have never been called upon to decide whether the Butler Act, despite its unqualified language, is to be read as subject to implied exceptions ‘in special and extraordinary circumstances’, following decisions of the Supreme Court. under the similar provisions of R.S. sec. 3224, Int. Rev. Code, sec. 3653(a) [citations omitted]. If such exceptions are to be admitted they would only be in cases ‘when the taxpayer is put to the direst necessity, and can make out a ‘case of gross and indisputable oppression, without adequate remedy at law’.” (901)

L.R.F. 48.3 Boyce v. Buscaglia, 77 F. Supp. 753 (D.C. P.R.1948).

La Corte reitera el principio de Paul Smith, supra, sobre la posibilidad de excepciones a la Ley Butler y retiene jurisdicción en el caso hasta determinar si los peticionarios pueden obtener del Tribunal de Contribuciones una decisión sobre el problema tributario planteado sin tener que pagar de ante manola contribución. El Tribunal añadió, con delicadeza característica de los tiempos anteriores a 1927.

“If the Insular courts should hold that this procedure is not available to the Trustees, the Court might be inclined to hold that no real remedy is provided by the Insular Legislature and that regardless of whether or not the Butler Act should be strictly construed, it was not intended to cover a case where the Trustees as withholding agents do not have a fair opportunity to test the validity of the tax in the Insular courts.” (757)

L.R.F. 48.4 Everlasting Development Corp. v, Sol Luis Descartes, 95 F. Supp. 954 (D.C. P.R. 1951); confirm ado: 192 F. 2d1 (lo cir. 1951), cert. den. 342 U.S. 954.

La prohibición contenida en el segundo párrafo del artículo 48 alcanza pleitos de sentencia declaratoria en que no se solicita un injunction, pero sí una declaración de que el peticionario no adeuda contribuciones. El caso fue apelado a Boston, 192 F. 2d 1 (1951) y fue confirmado, mas sin entrar a discutir la Ley Butler, ya que el Tribunal determinó que no se había planteado una cuestión federal sustancial.

L.R.F. 48.5 Rivera Escuté v. Delgado, 439 F. 2d 891(1r Cir. 1971)

La Corte de Apelaciones rechazó el argumento que, por razón del artículo comentado y para fines de hábeas corpus, el Tribunal Supremo de Puerto Rico era una corte federal bajo el artículo III de la Constitución de Estados Unidos.

La opinión reconoce también al Tribunal Supremo de Puerto Rico como el intérprete autorizado de la Constitución de Puerto Rico.

L.R.F. 48.6 United States Brewers Ass’n. Inc. v. Pérez, 592 F. 2d 1212 (17 Cir. 1979)

La Corte de Distrito en este caso, 455 F. Supp.1159 O. C. P.R. 1978) había resuelto que la Ley Butler está limitada por el artículo 3 de la Ley de Relaciones Federales, en cuanto éste prohibe la discriminación en las contribuciones. La Corte de Distrito expresó:

“In consonance with the decisions outlined above, we hold that the Butler Act cannot preclude the enjoyment of a Commonwealth’s tax where a clear violation of 48 U.S.C. S. 741a [la referida sección3 de la Ley de Relaciones Federales] is established, and where there exists no plain, speedy and efficient remedy in the local forums.” (1162)

A la luz de lo anterior y, por no poder precisar si existía tal remedio, el Tribunal se reservó jurisdicción en el caso.

La Corte de Apelaciones ordenó la desestimación del pleito tras la consideración del asunto en sus méritos. La importancia de U.S. Brewers radica en que, junto a Ever lasting, representa una interpretación más amplia de la Ley Butler y condenatoria de interferencias con el proceso tributario de Puerto Rico que la encarnada por Boyce, supra.

L.R.F. 48.7 Seatec Intern., Ltd. v. Secretary of the Treas., 525 F. Supp. 980 (D.C. P.R. 1981)

Seatec interpuso una acción para prohibirle al Tesorero de Puerto Rico cobrarle arbitrios sobre cierto equipo. El Estado solicitó la desestimación del caso bajo la Ley Butler. La Corte se negó a desestimar por entender que el procedimiento de reintegro provisto por la ley local era insuficiente y, aun más curioso, que la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964) (véase L.R.F. 38.8), que la Corte de Distrito interpretó como una exención de Puerto Rico de las normas relativas al comercio interestatal, le cerraba al demandante todo acceso a las cortes locales. Véase: Carrier Corp., infra, L.R.F. 48.9.

L.R.F. 48.8 Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 546 F. Supp. 1251 (D.C. P.R. 1982)

Los sellos notariales y forenses y las cuotas pagaderas al Colegio de Abogados no constituyen contribuciones para fines de la Ley Butler. Véanse: Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, 572 F. Supp. 957 (D.C. P’.R. 1983) e In re Justices of the Supreme Court of Puerto Rico, et al., 645 F. 2d 17(1r Cir. 1982); y Schneider v. Colegio de Abogados de Puerto Rico, opinión de 26 de junio de 1986, 86 JTS 60.

L.R.F. 48.9 Carrier Corp. v. Pérez, 677 F. 2d 162 (1rCir. 1982)

La Ley Butler se asemeja a la Tax Injunction Act, 28 u.s.c. sec. 1341, en cuanto exige para su aplicación que exista un remedio estatal claro, rápido y eficiente. El procedimiento de reintegro es tal remedio. La Corte también rechazó el argumento de que el caso de R.C.A. (L.R.F. 38.8) le impedía al peticionario argumentar en las cortes insulares el impacto de la contribución sobre el comercio interestatal. Carrier Corp. constituye una revocación sub silentio de Seatec. (L.R.F. 48.7).

L.R.F. 54    Autenticación de Documentos

Texto

“Las escrituras públicas y otros documentos que afecten a bienes inmuebles radicados en el Distrito de Columbia o en cualquier otro territorio o posesión de los Estados Unidos, podrán ser autenticados en Puerto Rico ante cualquier notario público nombrado en la Isla por autoridad competente, O ante cualquier funcionario que en la Isla tenga ex oficio las facultades de un notario público; Disponiéndose, que el certificado extendido por dicho notario será acompañado del certificado del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico haciendo constar que el notario que hizo dicha autenticación es realmente tal funcionario notarial.”

Referencias

J. Trias Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II; 105; III, 37.

Nota histórica

Este artículo deriva de la ley de 22 de marzo de 1902, c.273, 32 Stat. 88. Su inclusión en legislación de rango orgánico es sumamente curiosa.

Jurisprudencia

Ninguna.

L.R.F. 58     Continuación de otras leyes

Texto

“Todas las leyes o partes de leyes aplicables a Puerto Rico que no estén en contradicción con cualquiera de las disposiciones de esta Ley. incluyendo las leyes relativas a tarifas, aduanas y derechos de importación en Puerto Rico prescritas por la Ley del Congreso titulada ‘Ley para proveer temporalmente de rentas y un gobierno civil a Puerto Rico, y para otros fines’, aprobada el 12 de abril de 1900, continúan por la presente en vigor, y todas las leyes y partes de leyes incompatibles con las disposiciones de esta Ley, quedan por la presente derogadas.”

Referencias

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 106.

Nota histórica

Al igual que en la sección 8 de la Ley Foraker el caso de la segunda Carta Orgánica de Filipinas, la segunda de Puerto Rico, la Ley Jones de 1917, dejó en vigor parte de la anterior. En consecuencia siguieron .vigentes aquellos artículos o partes de artículos de la Ley Foraker que tratan de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. La Ley Jones no los enumera, como tampoco la Ley de Bases. A juicio del autor, continúan en vigor los artículos siguientes o porciones de ellos (las no referentes a asuntos de puro gobierno interno): el artículo 2, referente a tarifas y derechos de aduana; el tercero, relativo al mercado libre entre Puerto Rico y Estados Unidos; el cuarto, concerniente al cobro y destino de los arbitrios cobrados en Estados Unidos sobre mercancías por cedentes de Puerto Rico; el octavo, relativo a las leyes y ordenanzas dejadas en vigor; el noveno, referente a la regulación del cabotaje; y el undécimo, que trata sobrela moneda.

Jurisprudencia

L.R.F. 58.1 Benítez Sugar Co. v. Tesorero, 34 D.P.R.36 (1925)

El artículo 3 de la Ley Foraker, en cuanto prohíbela imposición de una contribución a las contribuciones, continuaen vigor por razón del artículo 58 de la Ley Jones. Al mismo efecto: Santiago Panzardi, Inc. v. Gallardo, 35 D.P.R. 947 (1926).

L.R.F. 58.2 Ballester Hnos. v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 560, 575 (1946)

Las secciones 2 y 3 de la Ley Foraker están en vigor. Véase: Gallardo v. Santi ni Fertilizer Co., 11 F. 2d 587,588 (17 cir. 1926), revocado por otros motivos: 16 F. 2d 368,274 U.S. 62; Texas Co. P.R.) Inc. v. Tribl. de Contribuciones, 82 D.P.R. 134, 155 (1961).

L.R.F. 58.3 R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R.416, 438 (1964)

La Ley Federal de Comunicaciones de 1934 no es incompatible con el artículo comentado.

L.R.F. 58.4 Cortés v. Commonwealth of Puerto Rico, 442 F. 2d 1038 (17 Cir. 1970), cert. den. 400 U.S. 837 (1970)

La ley de expropiación forzosa está en vigor.

L.R.F. 58.5 Córdova & Simonpietri Ins. v. Chase Manhattan Bank, 649 F. 2d 36, 43 (1981).

La sección 3 de la Sherman Act es inconsistente con la Ley de Bases y el artículo comentado.