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La Ley de Bases o Ley 600 – Constitución de Puerto Rico, Anotada y Comentada

Constitución de Puerto Rico, Anotada y Comentada, Tomo I

José Trías Monge

LEY DE BASES O LEY 600

La Ley de Bases o Ley 600 para Proveer para la Organización de un Gobierno Constitucional por el Pueblo de Puerto Rico, Ley de 3 de julio de 1940, cap. 446, 64Stat. 814.

“Por Cuanto, el Congreso de los Estados unidos por medio de una serie de acciones legislativas ha reconocido, progresivamente, el derecho que el pueblo de Puerto Rico tiene al gobierno propia; y

“Por Cuanto, bajo los términos de esta legislación congresional, Puerto Rico ha ido obteniendo una medida cada vez mayor de gobierno propio,

“Por Tanto, decrétase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congresor,

“Que, reconociendo ampliamente el principio del gobierno por consentimiento de los gobernados, se aprueba esta Ley, con el carácter de un convenino, de manera que el pueblo de Puerto Rico pueda organizar un gobierno basado en una constitución adoptada por él mismo.

“Art. 2. Esta Ley deberá someter separa su aceptación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico por medio de un referéndum en toda la isla que debera celebrarse de acuerdo con las leyes de Puerto Rico. Al aprobarse esta Ley por una mayoría de los electores que participen en dicho referéndum, la Asamblea Legislaqtiva de Puerto Rico queda autorizada para convocar una convención constituyente que redacte una constitución para la Isla de Puerto Rico. La constitución deberá crear un gobierno republicano en su forma e incluirá una carta de derechos.

“Art. 3. Al ser adoptada la constitución por el pueblo de Puerto. Rico, se autoriza al Presidente de los Estados Unidos a enviarla al Congreso de los Estados unidos en caso de que el concluya que la constitución está de acuerdo con las disposiciones aplicables de esta Ley y. de la Constitución de los Estados Unidos.

“Al ser aprobada por el Congreso, la constitución entrará en vigor de acuerdo con sus términos.

“Art. 4. Excepto en lo dispuesto en el art. 5 de esta Ley, el estatuto titulado ‘Ley para proveer un gobierno civil para Puerto RÍco y para otros fines’, aprobado el 2 de marzo de 1917, según ha sido enmendado [la Ley Jones o segunda Carta Orgánica), por la presente continuará en vigor y podrá citarse como ‘la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico’.

“Art. 5. Al momento que la Constitución de Puerto Rico entre en vigor se considerarán derogadas las siguientes disposiciones de la referida ley de 2 de marzo de1917, según enmendada:

“(1) El art, 2, excepto el párrafo añadido por la Ley Pública 362 del Octogésimo Congreso, Primera Sesión, aprobada el 5 de agosto de 1947.

“ (2) Los artículos 4, 12,12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 39, 40, 49, 49b, 50, 51, 52, 53,56 y 57.

“(3) El art. 38, excepto el segundo párrafo del mismo que comienza con las palabras ‘The Interstate Commerce Act’ y termina con la frase ‘shall not apply to Puerto Rico’.

“Art. 6. Toda ley o parte de ley que seo ponga a la presente queda derogada por ésta.”

Nota histórica

La Ley de Bases o Ley 600, Ley de 3 de julio de 1950, 81* Congreso, 2a sesión, cap. 446, 64 Stat. 314, provee el marco para la formulación y adopción de la Constitución de Puerto Rico y la continuación de determinados aspectos de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Los artículos derogados de la Ley Jones o segunda Carta Orgánica fueron primordialmente los que establecieron a partir de 1917 la estructura interna del gobierno de Puerto Rico. Se derogaban estos artículos a fin de proveer el espacio para el establecimiento por el pueblo de Puerto Rico de su propio sistema de gobierno, regido por una constitución de su propia hechura.

La Ley 600 no derogó todas las disposiciones de la Carta Orgánica referentes a los asuntos de gobierno interno. La decisión del liderato de la época fue pre-sentar a la consideración del Congreso el proyecto de ley más sencillo posible y menos controversial. Esto explica la continuación en la Ley de Relaciones Federales de disposiciones que no deben tener cabida en un estatuto de tal género, ya que el asunto que tratan es de índole externa, perteneciente más bien a la esfera de acción del Estado Libre Asociado. Según se indica más adelante, al comentar algunas cláusulas de la Constitución de Puerto Rico, la Convención constituyente incluyó muchas de estas cláusulas en la Constitución con el fin de sentar las bases para su eliminación posterior de la Ley de Relaciones Federales. Los esfuerzos para sustituir o enmendar la referida Ley realizados durante los años cincuenta, sesenta y setenta no tuvieron éxito.

La llamada Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico no es otra cosa que la continuación de la legislación orgánica anterior. Tal no fue la intención original de sus redactores en Puerto Rico. Inicialmente se pensó en que la Ley 600 contuviese ‘también un nuevo pacto de asociación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Pronto fue evidente que el proceso tendría que dividirse en dos etapas. En la primera se intentaría obtener el reconocimiento del poder del pueblo de Puerto Rico de formular su propia Constitución y se alteraría además la base de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos para fundarlas sobre el principio del consentimiento mutuo, representado por un pacto o convenio. En la segunda se procedería a la revisión de las relaciones en sí. Esta segunda fase fue el objeto de las tentativas frustradas de las décadas siguientes a la creación del Estado Libre Asociado.

El historial de la Ley 600 es extremadamente extenso. Las raíces de las dos ideas principales que esta Ley encarna se remontan en un caso a la Ordenanza del Noroeste de 13 de julio de 1787 y la Carta Autonómica de1897 y, en el otro, a los debates sobre la Ley Foraker. Para una discusión detallada de ese historial, véanse las partes correspondientes de la Historia Constitucional de Puerto Rico, comenzando con el primer volumen.

Las dos ideas centrales de la Ley 600 son la adopción por el propio pueblo de Puerto Rico de su constitución de gobierno interno y el asentamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico sobre la base de un pacto irreformable excepto por consentimiento mutuo.

La primera propuesta oficial de que se autorizase al pueblo de Puerto Rico a formular su propia Constitución se hace por el senador de Colorado Henry Moore Teller en el curso de los debates sobre la Ley Foraker. 33 Cong.

Rec. 2472, Cong. 56°, 1 Ses., Parte III; Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, I, 217-8. Los partidos políticos puertorriqueños no recogieron la propuesta, aunque ésta estaba implícita en el apoyo a la independencia y a la estadidad. Aun en el proyecto Campbell de 1922 para la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los autonomistas seguían el formato de la Ley Orgánica y no se reconocía el derecho del pueblo de Puerto Rico a formar su propia constitución. Trías Monge, op. cit., II, 121 et seq. Ello fue así apesar que en 1916 Luis Muñoz Rivera, en el curso del debate sobre la Ley Jones había afirmado que “It is notour fault that we are compelled to come here and ask for the enactment of legislation, of a Constitution, which should be our undeniable right to make, according to American principles…”53 cong. Rec. 8471, Cong. 64°, 1 Ses. Horace Towner, miembro influyente del Comité de Asuntos Insulares de la Cámara y luego Gobernador de Puerto Rico, había endosado la idea en el mismo debate para más tarde.

Constitución no se sometería a la consideración del Congreso. Tras el Presidente determinar que la constitución formulada cumplía con las condiciones expuestas por el Congreso, el pueblo de Puerto Rico determinaría en referéndum si la aprobaba o no.

Otra diferencia fundamental entre esta parte del proyecto Tydings-Piñero y la Ley 600 es que aquélla contenía una revisión completa de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. La Ley Jones era reformulada en su totalidad. No se distinguiría entre las disposiciones de gobierno interno y las alusivas a las relaciones entre la colonia y la metropoli. No se mantenían éstas incolumes y se les rebautizaría con el nombre de Ley de Relaciones Federales. En este sentido la Ley 600 no es en realidad más que una versión recortada del título del proyecto Tydings-Piñero correspondiente a la descripción del Dominio o Estado Libre Asociado. Para una relación de los cambios que sufre la primera idea central de la Ley 600, la redacción porel pueblo de Puerto Rico de su propia constitución, véase: Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, III, 1-57.

La segunda idea central de la Ley 600, la colocación de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico sobre labase del consentimiento mutuo, tiene un historial aun más antiguo que la primera. El artículo 2° adicional de la Carta Autonómica de 1897 disponía:

“Una vez aprobada por las cortes del Reino la presente Constitución para las Islas de Cuba y Puerto Rico no podrá modificarse sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento Insular.”

La reconquista de este terreno perdido fue siempre parte, a por largos años secreta, del credo autonomista. La percepción prevaleciente por más de cuatro décadas a partir de 1898, no obtstante, era que, dado el cauteloso gradualismo que caracterizaba la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico, era fútil solicitar nada parecido al artículo citado de la Carta Autonómica como nervio de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ello fue así a pesar que la idea del gobierno por consentimiento ocupa honroso lugar en la historia de Estados Unidos: La Ordenanza del Noroeste, aprobada el 7 de agosto de 1789 por el Congreso de tiempos de la Confederación, 1 Stat. at L. 51, f (a), expresaba que ciertos artículos fundamentales –no eran de Índole política, sin embargo –serían considerados “as articles of compact between the original states, and the people and States in the said territory, and forever remain unalterable, unless by common consent…”

No fue hasta las discusiones generadas en el seno de la Comisión Presidencial de 1943 –para el historial de esta Comisión, véase: Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, II, 280-299– que se le planteó a la representación norteamericana en dicho cuerpo que debía enmendarse la Ley Jones para fundar las relaciones sobre el principio del mutuo acuerdo. Tras considerable debate la Comisión le recomendó al Congreso diversas enmiendas a la Ley Orgánica, entre ellas las siguientes:

“It is further declared to be the intention of Congress that no further changes in the Organic Act”